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Agencia TSS – Desde la creación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en 1988, por la Ley de Coparticipación, teóricamente la Nación los recauda y gira a las provincias para solucionar emergencias o algún desequilibrio fiscal temporal, pero lo cierto es que se han usado mayormente como un arma de negociación política del Ejecutivo nacional con las provincias. El Gobierno nacional actual ha continuado la recaudación de los impuestos que generan los ATN pero casi no ha girado fondos a las provincias, por lo que se están presentando diferentes proyectos legislativos para que este aporte sea transferido, al menos en alguna medida, con el objetivo de realizar obras de infraestructura.

El economista Ariel Slipak, coordinador del área de investigación de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales (FARN), le dijo a TSS: “Después de las inundaciones que sucedieron en Bahía Blanca estuvimos hablando entre muchas organizaciones y se nos ocurrió que es necesario encarar obras públicas frente a las consecuencias del cambio climático causado por el hombre, y que desde el Gobierno nacional no se están haciendo. Ahí es cuando vimos que estaba la herramienta de los ATN disponible y que las provincias pueden usarla. Desde FARN hacemos monitoreo de la ejecución del presupuesto, vemos el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, si se usa, el Sistema de Prevención Sísmica y otros similares. Vemos que gran parte de las pérdidas materiales y humanas se puede evitar con infraestructura de adaptación al cambio climático”.

Históricamente, siempre se ejecutaron los fondos ATN, generalmente de forma discrecional, obedeciendo a fines políticos del Ministerio del Interior. Pero este Gobierno tiene la particularidad de no ejecutarlos, cuando el espíritu de la ley es que lleguen a las provincias. “Desde FARN trabajamos pensando en la prevención, lo hacemos cuando pensamos en el manejo del fuego, pero también con las inundaciones y otros problemas que impone el cambio climático. Hoy no se ejecutan las partidas para apagar el fuego pero tampoco las de medidas preventivas. En 2024, se recauduaron 680 mil millones de pesos de ATN y se ejecutaron menos de 50 mil millones. Había fondos para ayudar a las personas de Bahía Blanca que se quedaron sin casa y padecen las consecuencias de la inundación, y además, los había para prevenirla. Todo lo que pasó habría tenido un impacto mucho menor si se tenían en cuenta los saberes científicos y los conocimientos de la gente que vive en el lugar para hacer una planificación de obras”, dijo Slipak.

Proyecto de ley de ATN ambiental

El proyecto presentado en la Cámara de Diputados plantea una autoridad de aplicación para controlar que los ATN se apliquen a obras de mitigación de los efectos del cambio climático. El proyecto planea que se usen estos fondo, que representan el 1% del total de la recaudación cooparticipable, para aplicar un 40% a obras de infraestructura preventiva, auditable, y el resto para la creación de un fondo fiduciario que sea administrado por el BICE para su uso durante emergencias, en evacuaciones, planes de remediación y demás urgencias. De no usarse durante tres meses, esos fondos pasarían a disponibilidad de las provincias. Y en caso de necesitarse más fondos de los que tiene el fondo fiduciario, durante una emergencia, éste podría girar en descubierto devolviendo los fondos con recaudaciones futuras. Las ONGs lo están presentando a diputados para su firma y posterior tratamiento.

TSS consultó a Slipak sobre si este proyecto de ley es una respuesta a la inacción del Gobierno nacional o si va más allá de la coyuntura actual. “Hubo gobiernos anteriores que aceptaban la noción de cambio climático pero tampoco tuvieron políticas efectivas de prevención de sus efectos. Esta ley le va a venir bien a cualquier gobierno para evitar catástrofes”. Se espera que estos fondos puedan financiar obras para evitar inundaciones producidas por el aumento de precipitaciones que se da con el cambio climático pero también las ocasionadas por la desaparición de humedales. El aumento de los incendios forestales que se salen de control también podrían ser evitados con obras y planes de mitigación.

Paralelamente al proyecto presentado por estas ONGs, un grupo de gobernadores presentaron un proyecto de ley para que los ATN se repartan entre las provincias, aunque lo haría según los artículos 3 y 4 de la Ley de Coparticipación, por lo que la Nación se quedaría con el 52% de estos.

“Es importante demostrar que desde el ambientalismo, como se nos dice despectivamente algunas veces, tenemos propuestas para mostrar que mejoran la calidad de vida de la población. Esto está pensado por una coalición amplia de organizaciones, tanto de Buenos Aires como de una multisectorial que está en el Golfo de San Matías defendiendo el mar, la confederación Mapuche de Neuquén, una organización especializada en cambio climático como Argentina 1.5, académicos y otros que nos juntamos a mirar cómo construir desde lo colectivo una propuesta de cómo debe ser la política, fuera de un interés partidario, desde la sociedad civil y buscando soluciones en la comunidad local y el saber científico”, expresó Slipak.