Los incendios masivos de este verano en la Patagonia Andina, los más graves de las últimas décadas, dejan al desnudo el incumplimiento de políticas de prevención por parte del Estado nacional, las provincias y los municipios. Las autoridades reaccionan frente a la emergencia pero no avanzan en los compromisos asumidos para la prevención y manejo del fuego.
Agencia TSS – Este verano (2024-2025), se estima que en la Patagonia Andina se quemaron 55.962 hectáreas de bosques, pastizales y plantaciones, además del impacto en viviendas e instalaciones. Fueron los incendios forestales más graves de las últimas tres décadas, de acuerdo a las estimaciones de Greenpeace.
Entre los que le pusieron el cuerpo a los fuegos está Juan Tieri, referente de la Brigada Mallín Ahogado, un grupo de voluntarios que en 2021 formaron una organización civil de brigadistas para colaborar con contención, presupresión y extinción de incendios forestales. Ser brigadistas les exige una preparación y vocación extra, porque cada uno tiene su trabajo. Juan, por ejemplo, es enfermero y cuenta que también “hay maestros, cocineros y costureros, todos juntos reunidos por las ganas de asistir al bosque y a la comunidad”.
Y los fuegos de este verano les exigieron aún más: “Fueron dos incendios muy violentos, de comportamiento extremo. Llegamos a estar 12 días trabajando unas 20 horas al día, con un desgaste físico y mental descomunal. El fuego exige tener la cabeza muy fría, hay que evaluar hasta dónde se puede arriesgar para defender una casa y cuándo no queda otra que irse y proteger la vida. Es complicado evacuar a vecinos que quieren quedarse hasta el último segundo para ver si pueden salvar sus cosas”.
Juan y sus compañeros trabajaron como brigadistas en los incendios que ocurrieron en dos localidades de la Comarca Andina: en Epuyén, que afectó 70 viviendas, y El Bolsón, que destruyó a 144 casas, produjo daños parciales en otro tanto y causó el fallecimiento de un hombre mayor.
El bosque andino-patagónico de Argentina se ubica al pie de la Cordillera de los Andes y es conocido mundialmente por sus cautivantes paisajes de lagos cristalinos y picos nevados. Se trata de un área que va desde la provincia de Neuquén, extendiéndose por más de 2.000 kilómetros hasta Tierra del Fuego.
La Comarca Andina es una micro-región que se despliega en las provincias de Río Negro y de Chubut. Se trata de una de las zonas más “calientes” del país en materia de incendios forestales. Sin tener en cuenta los gravísimos incendios de esta temporada ni tampoco los de 2024, Iván Barberá, especialista en la dinámica del fuego en los bosques del norte de la Patagonia Andina, calculó que, en los últimos veinte años, se prendió fuego casi el 18% de la superficie “quemable” –sin lagos ni picos de montañas– de la Comarca Andina.
Hay al menos tres situaciones que incrementan el riesgo de incendios y de su propagación en la Comarca Andina. Primero, esta región carece de un adecuado mantenimiento en los tendidos eléctricos, que ha sido la causa de innumerables focos de incendios en los últimos años. Segundo, han crecido las zonas de interfase, donde las viviendas se adentran en el bosque e incrementan el riesgo de incendios. Si bien hay un esfuerzo por generar conciencia entre los nuevos pobladores sobre cómo vivir en el bosque y ciertas acciones preventivas, la región experimenta una expansión turística/inmobiliaria que desborda al avance de la infraestructura y de las regulaciones estatales. De hecho, tanto Río Negro como Chubut, dos provincias en las que se extiende la Comarca Andina, debían haber presentado hace diez años su actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativo.
Tercero, las autoridades, expertos y miembros de la comunidad alertan sobre el descontrol de las plantaciones de pinos, una especie invasora altamente inflamable, mientras las políticas concretas de control no están a la altura del problema.
Thomas Kitzberger, investigador del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (Inibioma) de la Universidad del Comahue, explica que “para mediados del siglo las probabilidades de incendio en la región se multiplicarán por 2 y 3, dependerán de la cantidad de emisiones de gases efecto invernadero. Mientras que para finales de este siglo dichas probabilidades se incrementarán de 3 a 8 veces”.
Área Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido: sin una estrategia de prevención
En enero, Marcela Campodónico trabajó en uno de los refugios del Área Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido (Anprale), que registró a comienzos de año los primeros incendios de, al menos, los últimos ochenta años, calculan expertos.
Cuando empezaron los fuegos había en la montaña unas mil personas y Campodónico era una de ellas: “El jueves 30 de enero, descendimos desde el Lago Natación hacia el camino troncal para ir al Cajón del Azul con un grupo de turistas. En el camino, nos alertan que había un incendio en la montaña. Ahí empezó una película de terror que duró hasta bien entrado el día siguiente”.
Campodónico contó las horas de angustia e incertidumbre que vivió, “porque lo que parece estar controlado, puede volverse incontenible si cambian los vientos”. Relató que, horas después de que empezó el fuego, los refugieros del Cajón del Azul les comunicaron que podían subir al refugio para pasar la noche. “Allí nos encontrábamos aproximadamente 270 personas. Muchos estábamos de paso, sin abrigo, ni bolsas, ni carpa de dormir. Entre la gente del refugio y los turistas nos prestamos mantas, compartimos la carpa y la comida. La poca información que íbamos recibiendo venía de parte de los refugieros del Cajón del Azul, que a su vez recibían instrucciones de la gente del Anprale y del SPLIF (Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales)”.
Al mediodía del viernes, comenzó la evacuación. En el Refugio La Playita, el personal de patrulla de montaña dio las órdenes de que los mayores y los niños fueran adelante; los jóvenes atrás y el personal especializado, en el medio. “El momento más crítico fue cuando empezamos a atravesar la zona quemada, en donde había árboles ardiendo. Había mucho humo y nos pidieron que nos tapemos la boca con algún pañuelo o remera. Finalmente, nos recibieron en camionetas para el tramo final de la evacuación, desde la Confluencia hasta Wharton, que gracias a la organización y la voluntad de toda la gente, salió bien”.
En 2018, la Subsecretaría de Ambiente de la provincia de Río Negro ordenó la confección de un plan de gestión del Anprale, una de cuyas recomendaciones fue la creación de un plan de manejo del fuego que reforzara la política de prevención de incendios. La Dra. Valeria Ojeda estuvo a cargo de la coordinación técnica y la redacción del plan de gestión.
“A pesar del trabajo realizado y las consultas posteriores a expertos, el plan nunca fue aprobado. Por lo tanto, tampoco se avanzó en una de sus metas, que era la creación de un plan de manejo del fuego”, explica Ojeda. Y agrega que “hay una ausencia del Estado, porque se ponen a seis chicos de guardias ambientales, que tienen la mejor voluntad, pero no tienen ni autoridad ni formación. Se trata de la red de senderos y refugios más densa de la Patagonia, es una meca del trekking. Dentro del área hay 3 o 4 mil personas y no hay suficientes vías de evacuación y escasos helipuntos”.
Ante la consulta realizada para esta investigación, Judith Jiménez, secretaria de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Río Negro, enfatizó que se trabaja en el manejo de contingencias y protocolos de evacuación. “En tres días se evacuaron con éxito alrededor de mil personas -entre las que estuvo Campodónico- de un incendio en un ámbito de montaña”.
En la respuesta entregada por escrito, vía email, Jiménez no responde sobre la carencia de un plan de manejo de fuego en el área natural protegida que, según la secretaria, cuadruplicó el turismo tras la pandemia. Un plan de manejo del fuego establece diagnósticos y metas a cumplir en materia de prevención y manejo del fuego y proyecta los recursos necesarios para alcanzar los objetivos.
De acuerdo a Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, la falta de un plan de gestión y de manejo del fuego del Anprale se explica porque el municipio de El Bolsón y la provincia de Río Negro “piensan al bosque como una zona de posibilidades de desarrollo económico, lo cual está bien si está combinado con la preservación del espacio. Pero creo que está desbalanceada esa relación entre el desarrollo turístico respecto del cuidado natural. Hay que tener en cuenta la calidad de lo que se perdió en los incendios: hablamos de algo invaluable, son bosques que estaban igual que hace 200 años y tal vez nunca se recuperen”.
Tendidos eléctricos: debilidad de la infraestructura por falta de inversión
Una problemática asociada a los incendios forestales que en reiteradas oportunidades mencionan autoridades, expertos y bomberos de la zona de la Comarca Andina es la debilidad en la infraestructura eléctrica.
Hernán Ñanco, brigadista del Servicio Nacional del Manejo del Fuego asignado a la zona de la Comarca Andina, sostiene que la situación de la infraestructura eléctrica y la poda en la zona del tendido es de un “abandono total de parte de las empresas prestatarias del servicio. Hay un problema de incentivos, porque los municipios no encuentran que el tema sea políticamente rendidor como para tenerlo como prioridad a lo hora de reclamar a las empresas, mientras que del otro lado no hay voluntad de inversión. Por ahí muchas veces se prefiere invertir el dinero en la compra de un camión hidrante, eso sí rinde políticamente”, analiza.
Precisamente, una falla eléctrica fue la razón del inicio de los trágicos incendios de 2021. En aquel año, en la Comarca Andina se produjo el incendio de interfase “más complejo de la historia de la Patagonia”. Este siniestro consumió una superficie de 12.823 hectáreas, cobró la vida de tres personas y afectó a unas 600 viviendas.
Carlos Díaz Mayer, fiscal que investiga en la causa judicial asociadas a esos fuegos, explicó que “hay varios elementos que indican que habrían sido chispas provenientes de transformadores y cables, que al caer sobre el pasto seco, se prendieron fuego inmediatamente. El viento luego desencadenó el fuego masivo”. Mayer confirma que el accidente también tiene responsables: “La provincia tendría que haber mandado plata, pero no lo hacía porque no tenía. Ahí entonces hay un tema que será responsabilidad en lo civil de provincia o de los municipios de por qué se hizo y por qué no se hizo”.
El servicio de distribución de energía eléctrica en los pueblos chubutenses de la Comarca Andina está a cargo de la Delegación Noroeste de la Dirección General de Servicios Públicos de la provincia de Chubut, cuyo exjefe, Mauro Palma, fue denunciado y apartado del cargo por supuestas negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas el pasado 6 de febrero.
Hace tres años, en enero de 2022, se hizo público un audio de Palma diciendo: “El incendio del año pasado va a ser un poroto con lo que se viene con los calores de enero… Se va a prender fuego todo por la falta de poda de la línea eléctrica”.
Consultado en diciembre de 2024 al respecto, antes de ser apartado del cargo, Palma afirmaba que “nada ha cambiado, lamentablemente. Es más, me atrevo a decir que ha empeorado (…) Los incendios a causa del tema eléctrico no van a dejar de suceder”. La intendencia de Lago Puelo no respondió a las consultas realizadas para esta investigación.
De acuerdo a Jorge Chemes, becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en Ciencias Sociales y Humanidades con orientación en Ciudadanías y conflictos socioambientales en UNRN, y habitante del pueblo de El Hoyo, Chubut, gran parte de los incendios en la Comarca Andina surgen a raíz de desperfectos en el sistema de distribución eléctrica. “Todos los años hay fuegos que comienzan por fallos en el sistema eléctrico. Hay una falta completa de atención en la infraestructura eléctrica por parte de las autoridades provinciales, de quien depende la empresa distribuidora”.
A pesar de la relevancia del problema de la infraestructura eléctrica a la hora de explicar los incendios forestales en la Comarca Andina, el tema prácticamente no está presente en la agenda provincial ni municipal. Por ejemplo, el Plan de Manejo del Fuego de Río Negro de 2022, actualizado en 2024, apenas menciona este tema. Tampoco hay alusiones a la situación de la infraestructura eléctrica en los planes de manejo del fuego, que tienen más de diez años de antigüedad, de las poblaciones chubutenses de Lago Puelo y El Hoyo.
A nivel nacional, el Plan de Cambio Climático de 2019 directamente no lo menciona, mientras que el de 2022 establece en su línea de prevención de incendios forestales en Bosques Nativos que “se llevarán adelante acciones tales como la disminución de carga de material combustible en los bosques, apertura de calles cortafuegos, limpieza de tendidos eléctricos, entre otros».
Expansión inmobiliaria y turística: la necesidad de un ordenamiento
Entre 1980 y 2016, en la Patagonia Andina se redujo del 61 al 42% la cantidad de viviendas en los centros urbanos, mientras que se incrementaron en la zona de interfase urbano-rural del 33 al 47%, dice un informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) – Centro Regional Patagonia Norte, organismo que depende del Estado Nacional. En estas áreas de interfase se localizan el 77% de los puntos de ignición, es decir, que reúnen las condiciones físicas necesarias para que empiece un incendio.
Tanto los grandes proyectos inmobiliarios y turísticos como el lento pero constante avance de las urbanizaciones implican un aumento de las zonas de interfase. Esto incrementa notablemente el riesgo de incendios.
Una herramienta que permitiría ordenar el avance de las zonas de interfase y en consiguiente reducir el riesgo de fuegos para proteger al bosque nativo es el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). Sin embargo, las provincias no lo han actualizado, pese a que así lo obliga una norma de carácter nacional desde 2009 y está establecido como parte de los compromisos climáticos de 2019 y 2022. La ley dicta que estos OTBN se deben actualizar cada 5 años, sin embargo ni Chubut ni Río Negro han actualizado sus planes, que formularon en 2010.
“Hoy la Provincia está en deuda con ese tema. Yo ya lo puse en la agenda de trabajo porque tenemos una necesidad real de blanquear ciertas situaciones”, admitió Tagid Evans, secretario de Bosques de la provincia Chubut designado en septiembre de 2024, en relación al incumplimiento.
En el caso de Río Negro, «la ley (de OTBN) sale en 2010 con un artículo que decía que había que actualizarla a los dos años, porque no había tenido el procesos participativo correspondiente. En 2011 arranca un proceso bastante participativo que se extiende hasta 2014, pero quedó todo en el borrador. Se arguye que los motivos fueron sobre todo políticos, de presiones muy fuertes por parte de Laderas, que es la empresa que tiene la concesión del Cerro Perito Moreno y que buscaba llevar adelante su proyecto inmobiliario», explica María Constanza Casalderrey Zapata, investigadora del Conicet y autora de El mapa, entre el consenso y el desacuerdo. Una reflexión a partir del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos para la región andina de Río Negro, 2007- 2015.
El megaemprendimiento turístico que se pretendía construir en el cerro Perito Moreno, que también linda con el Anprale, fue frenado por la Justicia en parte a raíz de la pericia realizada por una serie de expertos de la Universidad del Comahue, que cuestionó lo que en su momento había autorizado la municipalidad de El Bolsón. La empresa Laderas no respondió ante la consulta periodística.
El des-ordenamiento territorial está mencionado en el propio plan de Cambio Climático de la provincia de Río Negro (2022-2030), que apunta a identificar la presencia de asentamientos urbanos en zonas propensas a verse afectadas por potenciales eventos climáticos extremos y promete una legislación que prohíba la ocupación estas zonas.
Consultada sobre los avances logrados hasta el momento, Judith Jiménez, secretaria de Ambiente y Cambio Climático, indicó que “el área de Protección Civil está desarrollando mapas de riesgo para toda la provincia, teniendo en cuenta las amenazas de cada región (inundaciones, vientos, erosión, incendios, etc). Estos mapas son la base para un trabajo entre el Área de Planificación Provincial en conjunto con los Municipios a fin de prevenir nuevas instalaciones de barrios en zonas potencialmente susceptibles a estas amenazas”.
Nicolás De Agostini, Jefe del Área Técnica del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) – El Bolsón, sostiene que “el municipio fomenta y permite que aumente el área de interfase, pero no acompaña ese avance con los servicios correspondientes. Hay una falta de planificación». Por otro lado, desde el SPLIF vienen solicitando al municipio que “fortalezca la estructura de defensa civil, que apenas cuenta con una persona a cargo y escasa o nula estructura”.
Plantaciones de pinos: intervenir para evitar una invasión masiva
“El fomento a las plantaciones de pinos en los ’70 terminó en una especie de abandono que contribuyó a la continuidad horizontal y vertical de los bosques de pinos, aumentando dramáticamente el riesgo de incendios. El pino es una especie pirogénica, porque es muy inflamable, pero también pirofílica, porque el fuego la favorece y le permite sacar ventaja sobre otras especies”, explica Pedro Laterra, investigador del Conicet y de la Fundación Bariloche e integrante de la Red Pinos, una iniciativa que agrupa a varias instituciones con el objetivo de reducir el impacto ecológico y ambiental de las invasiones de pinos. Estas se definen por la expansión a mucha velocidad de dicha especie, que entonces se hace dominante en regiones donde no forman parte de la flora nativa.
“Las invasiones ocurren en gran medida en las interfases natural-urbanas y las fuentes de esas invasiones no son sólo las plantaciones comerciales, sino también los individuos y cortinas plantados con fines ornamentales o paisajísticos”, agrega Laterra.
Científicos del Conicet y del Inibioma han estudiado el impacto de las invasiones de pinos en la Patagonia Andina y advierten que este proceso “está en una etapa incipiente pero muestra una fuerte tendencia a la rápida expansión y densificación” y que esto origina “un significativo aumento del material combustible disponible, afectando al comportamiento del fuego”. Calculan que la intensidad del fuego en áreas cubiertas con pinos respecto de las especies nativas se multiplica por 30.
Contrarrestar la tendencia invasora del pino requiere de un abanico de políticas públicas. Por ejemplo, sembrar especies no invasoras a los bordes de las plantaciones de pinos para limitar la dispersión de estas semillas, junto a otras técnicas que también permiten evitar nuevas invasiones de pinos y otras plantas similares.
De acuerdo con Laterra, hay una inacción en materia de política pública que se explica “por una falta de organización y una desidia, además de que remover los pinos es costoso”. José Bava, del área de Planificación, Manejo y Uso Múltiple del Bosque del Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico de Chubut sostiene que “tanto las plantaciones como el bosque nativo deberían ser manejadas con un criterio de protección del área contra incendios. Este manejo debe orientarse a disminuir el combustible mediante acciones de manejo como raleos y podas, creando zonas más defendibles en caso de incendios, pero también podría incluir la eliminación de especies exóticas como los pinos. Lamentablemente, ninguna de las dos cosas sucede en la medida en que sería necesario”.
Lo descrito anteriormente contrasta con los compromisos del plan de cambio climático nacional de 2022, que establece que se debe fortalecer el control de plantas invasoras para disminuir el riesgo de incendios forestales.
Al respecto, Judith Jiménez, secretaria de Ambiente de Río Negro, sostiene que “claramente tenemos un problema con las invasiones de pinos. Nuestra mirada se basa en la necesidad de controlar y manejar esas invasiones. No es una tarea fácil, demanda muchos recursos y requiere una articulación constante con otras entidades. La provincia ha asegurado una inversión de 1,3 millones de dólares para la conservación de sus bosques, lo que permitirá fortalecer estrategias de restauración y realizar acciones concretas para el control de las especies”.
No hay dudas acerca de las causas que incrementan los riesgos de que la Comarca Andina arda cada verano. Lo que hay que hacer para abordar esta situación está plasmado en compromisos y leyes de los distintos niveles de gobierno. La mayoría de estos cumplen cinco años en papel y otros superan la década, mientras la ciencia y los fuegos de este verano recuerdan que los incendios forestales cada vez serán peores.
Este artículo forma parte de una investigación de Nadia Luna y Javier Lewkowicz para La Nación y CONNECTAS con el apoyo de Open Climate Report Initiative/Centre for Investigative Journalism (OCRI/CIJ).
Foto de portada: Alejandro Otero
16 abr 2025
Temas: Comarca Andina, compromisos climáticos, Connectas, El Bolsón, Incendios, Incendios forestales, Patagonia andina
