Investigadoras de la Universidad Nacional de General Sarmiento relevaron iniciativas de género en los 24 municipios del Gran Buenos Aires y comprobaron que todos tienen espacios que impulsan políticas de este tipo. El foco está en la asistencia y la prevención de las violencias, pero hay pocas acciones relacionadas con la segregación en el mundo laboral y las tareas de cuidado.
Agencia TSS – En el año 2017, el 73,5% de los femicidios registrados en Buenos Aires (3 de cada 4) se perpetraron en municipios del Conurbano. En tanto, en 2018 se iniciaron más de 100.000 causas por violencia de género en la Justicia de la provincia, de los cuales el mayor número corresponde a dos partidos del Conurbano: Lomas de Zamora (19.736 causas) y San Martín (17.912). Los datos provienen del Registro Penal de Violencia Familiar y de Género (ReViFaG) del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires y alertan sobre la necesidad de políticas públicas que atiendan la problemática de manera inmediata, integral y desde una perspectiva de género.
Ante este panorama, investigadoras del Observatorio del Conurbano Bonaerense de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) realizaron un relevamiento para conocer si se aplican políticas públicas de género en la región y en qué consisten. Así, comprobaron que los 24 municipios del Conurbano tienen organismos que desarrollan políticas de género y que el foco principal de estos espacios es la asistencia y prevención de la violencia. Sin embargo, todavía hay pocas acciones en otras áreas que conforman la problemática que afecta a mujeres, lesbianas, travestis y trans.
“Nos parece muy importante destacar que en todos los municipios hay algún organismo que se ocupa de impulsar políticas de género. Para nosotras, este resultado fue significativo porque, si bien se conocen iniciativas a nivel nacional, como la línea 144, no estaba tan claro que todos los municipios del Gran Buenos Aires (GBA) tuvieran algún espacio con cierto nivel de institucionalidad. Sin dudas, los movimientos de mujeres han sido una palanca importantísima para que esto sea así”, dice a TSS Adriana Rofman, coordinadora del Observatorio, quien trabajó en el informe junto con la investigadora Liliana Puntano.
El Observatorio forma parte del Instituto del Conurbano (ICO) de la UNGS y se dedica a producir, relevar y difundir información sobre las condiciones socioeconómicas, políticas, urbanas y ambientales que caracterizan a la población del GBA. El relevamiento sobre políticas públicas de género fue realizado en los últimos meses de 2018 y, según Rofman, algunos organismos que llevan adelante este tipo de políticas datan de hace muchos años, como en Vicente López, pero otros son más recientes, como el de Malvinas Argentinas.
Todos los espacios coinciden en que el eje principal de atención está puesto en el tema de la violencia: “Es el emergente más crítico pero no agota de ninguna manera el problema de la subordinación de género. Es necesario también intervenir en otras cuestiones porque los femicidios son el resultado de un proceso de relaciones de opresión que se juega en todos los campos de la vida cotidiana”, señala la investigadora.
Para Rofman, hay otros tres grandes campos en los que las políticas públicas deberían poner énfasis. Uno es el área de los derechos sexuales y reproductivos, cuya demanda tomó gran visibilidad en 2018 a partir de las masivas movilizaciones que reclaman la sanción de una ley de aborto legal, seguro y gratuito, así como también el cumplimiento del artículo 86 del Código Penal, que establece el aborto no punible en casos de violación y de peligro para la vida o salud de la mujer.
El segundo campo importante de acción es el del trabajo. En el Conurbano, las mujeres ocupan solo el 25,6% del total de puestos asalariados de jefatura (ver gráfico), mientras que la presencia femenina en el total de asalariados es del 42%. Esto significa que la proporción de mujeres asalariadas que llegan a ser jefas es mucho menor que la proporción de hombres asalariados que llegan a esa posición. “Las mujeres todavía trabajamos en empleos peor remunerados y tenemos menor participación en la vida laboral. Por lo tanto, tenemos menos autonomía económica para hacer frente a las situaciones de violencia”, indica Rofman.
El campo del trabajo está en estrecha relación con el tercero que nombra la investigadora: el de las tareas de cuidado. La acción del Estado sobre esta problemática es una demanda histórica del movimiento de mujeres. “Si bien desde los gobiernos nacional y provincial se han puesto recursos en sostener centros de cuidado comunitarios, hay déficit en el apoyo que el Estado le está brindando a estas instituciones. Los municipios han trabajado bastante poco este campo, a veces por la falta de recursos para financiar esas actividades”, señala la especialista.
En la tabla elaborada por las investigadoras se puede encontrar un listado de las principales políticas de género impulsadas por cada municipio. El que más áreas dedica a la temática es Almirante Brown, con un Consejo Municipal de las Mujeres, un Centro Autogestivo Integral para Mujeres en Situación de Violencia, una Unidad de Fortalecimiento Familiar y un Observatorio Social Legislativo de Género y Diversidad. Le sigue el municipio de Moreno, que posee una Dirección de Políticas de Género, un Programa Municipal de Prevención de Violencia Familiar y una Dirección de Diversidad Sexual.
En total, se contaron 32 organismos dedicados a políticas de género distribuidos entre los 24 partidos del Conurbano. Algunas de las acciones realizadas son: protección y asistencia a mujeres en situación de alto riesgo, capacitación con perspectiva de género a agentes municipales, talleres en escuelas, campañas en plazas, jornadas de sensibilización de noviazgos libres de violencias, contención psicológica, asesoramiento legal y capacitaciones de inserción laboral para mujeres. Además, varios de esos espacios están dedicados a políticas de diversidad sexual. En el año 2016, las investigadoras habían contabilizado cinco y, en 2018, nueve. Esto demuestra un interés reciente y creciente por atender las problemáticas del colectivo LGBTI.
Otro aspecto analizado en el informe fue la articulación de esos organismos con otras instituciones afines, como las Comisarías de la Mujer, Juzgados de Paz, fiscalías, escuelas, centros de salud y organizaciones sociales. “En general, todos los municipios tienen un sistema de trabajo articulado. Es cierto que cuando se analiza en profundidad esa articulación hay diferentes experiencias y suelen surgir conflictos a partir de diversas cuestiones políticas, institucionales y personales, pero hemos observado que la construcción de esta vinculación también ha promovido la creación de mesas intersectoriales de género en muchos municipios”, dice Rofman.
19 mar 2019
Temas: Ciencias Sociales, Conurbano, Discriminación, Género, INGS, Instituro del Conurbano, Techo de cristal
