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A finales de 2006, el Congreso Nacional aprobó la Ley 26.190 de “Régimen de Fomento Nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica”. Allí se postulaba la necesidad de diversificar la matriz energética a partir del uso de energías alternativas y  se establecía un plazo de diez años, desde la puesta en vigencia de la norma, para alcanzar el ocho por ciento de participación de este tipo de energías al total consumido en el país.

Sin embargo, el próximo año vence el plazo y el aporte de fuentes renovables no supera el uno por ciento. A los argumentos que motivaron esa ley se suma la situación deficitaria en la balanza comercial, relacionada íntimamente con la importación de combustible para la creciente necesidad de generación de energía.

Por eso el Congreso vuelve a ser el centro de atención, pasados diez años de la sanción de aquella legislación. En estos días, la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados debate el dictamen para el proyecto del senador Marcelo Guinle -del Frente para la Victoria-, que busca modificar la Ley 26.190 para acelerar el aporte de las energías renovables, a partir de facilidades económicas para el desarrollo de proyectos.

La iniciativa, que cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, sustituye los artículos referidos a los objetivos y definición de fuentes renovables: la nueva norma se propone alcanzar el ocho por ciento del consumo de energía eléctrica al 31 de diciembre de 2017 y aspira a llegar al 20 para 2025. También aclara que las fuentes renovables de energía son aquellas “no fósiles idóneas para ser aprovechadas de forma sustentable en el corto, mediano y largo plazo”. El listado es actualizado con las fuentes solar térmica, solar fotovoltaica y undimotriz.

Por otro lado, se aplica un nuevo régimen de inversiones para la construcción de obras nuevas destinadas a la producción de energía eléctrica generada a partir de fuentes renovables de energía y se detallan nuevos beneficios promocionales para la realización de este tipo de emprendimientos.

Entre ellos sobresalen la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y de devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado, la extensión a 10 años de la compensación de quebrantos por ganancias, la desafección del impuesto a la ganancia mínima presunta, la deducción de la carga financiera del pasivo financiero y la exención del impuesto sobre la distribución de dividendos, utilidades y derechos a la importación.

Cómo favorecer a la industria

Un proyecto que pretenda volver más autónomo el sistema energético nacional está obligado también a favorecer la participación de la industria local. La recuperación de YPF por parte del Estado se impone como ejemplo para el desarrollo soberano de un país que decide administrar sus propios recursos.

Consultado por TSS sobre el proyecto en danza, Sebastián Kind, ingeniero y director de la Maestría en Energías Renovables de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), destaca la norma en tratamiento y subraya “la importancia de que el Estado destine fondos para incentivar la realización de estos proyectos“. Del proyecto de ley modificatorio se desprenden los instrumentos de certificado fiscal y fondo fiduciario como las herramientas que apuntan a beneficiar al sector productivo local.

Según el articulado, el certificado fiscal “podrá ser utilizado por los sujetos beneficiarios o los cesionarios para el pago de la totalidad de los montos a abonar en concepto de Impuesto a las Ganancias, Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, Impuesto al Valor Agregado e Impuestos Internos, en carácter de saldo de declaración jurada y anticipos, cuya recaudación se encuentra a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos”.

El fondo fiduciario servirá para el otorgamiento de préstamos, la realización de aportes de capital y adquisición de cualquier otro instrumento financiero destinado a la ejecución y financiación de proyectos. Por último, el capítulo destinado a las importaciones destaca la exención de todo tipo de impuestos siempre que se acredite que no existe producción nacional de los bienes a importar.

La opción por el viento

El crecimiento económico y la dispar expansión industrial de la década han impactado de manera diversa sobre diferentes tipos de sectores productivos y tecnologías. Si hablamos de industrias del sector energético alternativo, la eólica ha dado en estos años pasos importantes en su consolidación.

Un ejemplo de esto es la conformación del Clúster Eólico Argentino (CEA). Formado en 2011, el clúster reúne 65 empresas de 11 provincias dedicadas a la calderería pesada, fabricación de torres, anillos de fundación y estructuras metálicas, fabricantes de transformadores, celdas, cables y electrónica, entre otras ramas que se incorporan a la cadena productiva de la energía eólica.

Desde el Instituto de Energía Scalabrini Ortiz destacan el propósito de arribar a metas considerables de participación de energía eólica, pero bajo un costo elevado para el trabajo y la producción nacionales, “pues ello sólo es posible con una importación indiscriminada de equipos”, explica uno de sus integrantes, Marcos Rebasa.

“El proyecto del senador Guinle tiene un conjunto de desgravaciones impositivas y facilidades de todo tipo para beneficiar las inversiones en equipos aerogeneradores, especialmente, que permiten la importación indiscriminada de los mismos sin tener en cuenta que existe una industria nacional en el tema. Existen indicios de proyectos existentes en ese sentido, lo cual descalifica el proyecto en su transparencia”, afirma Rebasa, quien además cree que la discusión no debe ponerse en términos de disponibilidad de la industria local versus la meta propuesta por el proyecto: “De esa manera no existiría ninguna industria argentina capaz de un desarrollo versus inversiones extranjeras para suplir carencias. Con ese argumento es válida toda importación, cualquiera sea su efecto económico y social”.

El debate por la madurez tecnológica

El ingeniero Kind explica que con anterioridad a la redacción del proyecto se realizaron análisis de diagnóstico, cuyos resultados fueron que la industria nacional de energía eólica no estaba en condiciones, por ahora, de abastecer con el ritmo pretendido en la ley al sistema energético.

Sin embargo, desde la industria el panorama es otro. Rubén Fabrizio, director ejecutivo de la Cámara de Industriales de Proyectos e Ingeniería de Bienes de Capital de la República Argentina (CIPIBIC), auspiciante del CEA, reconoce los beneficios destinados a la industria como el crédito fiscal y el fondo fiduciario, pero a la vez afirma que “no hay objeciones a los parques con nula integración nacional: el Artículo 13 habilita a los desarrolladores la importación sin gravámenes ni derechos de bienes de capital, insumos, repuestos y accesorios. Sin ningún límite ni condicionamiento, exista o no fabricación nacional”.

Según Fabrizio, actualmente la industria nacional está con capacidad ociosa dado que muchas empresas han hecho las inversiones esperando que se concrete la demanda. La Argentina es el único país de Sudamérica con tecnología eólica propia y hay dos empresas con aerogeneradores homologados y certificados entregando energía a la red.

Rebasa coincide en este punto: “La industria local ha desarrollado prácticamente toda la tecnología gruesa y fina de aerogeneradores. Existen pequeños detalles en el generador que se importan por no ser conveniente desarrollarlos aquí. Pero aún en esos insumos hay incipientes desarrollos”. Desde el Instituto Scalabrini Ortiz también consideran que una política debería basarse en una empresa estatal que impulse al sector en los primeros años. “Por supuesto que con subsidios, pero para beneficio nacional y no de la industria extranjera”, afirman.