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Agencia TSS – Las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEA) anunciaron un programa de retiros voluntarios para sus trabajadores de planta permanente. Una de sus particularidades es que quienes lo acepten no podrán volver a trabajar en el Estado por cinco años. Esto llega luego de casi tres años de una reducción muy severa de los salarios y de la suspensión de proyectos de infraestructura muy avanzados como el reactor CAREM y los proyectos de construcción de las centrales nucleares de potencia. En los últimos tres años, la CNEA tuvo una caída del presupuesto real del 44% según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

En el plan también se especifica que cuando un trabajador se acoja a este plan, su cargo no podrá ser cubierto por otro nuevo. Esto conlleva a que tareas muy complejas que se hacen en la CNEA no puedan ser transferidas y aprendidas por una nueva generación de técnicos nucleares y, muy probablemente, deban ser contratadas a privados y al exterior, lo que presupone una forma deliberada de destrucción del conocimiento técnico nacional.

El subgerente de Coordinación de Proyectos Tecnológicos y Productivos para la Industria Nuclear de CNEA y secretario general de APCNEAN, Martín Iofrida, le dijo a TSS: “Hace varios meses está pasando que usan un mecanismo que se llama dos por uno, en el que le dicen a los gerentes que si despiden a dos personas del área técnica pueden contratar a un amigo para el área administrativa. Dan de baja a personal altamente capacitado en temas nucleares y no hay altas en los centros atómicos, pero sí hay altas en la sede central, que es administrativa, donde contratan amigos del Gobierno. Están entregando roles que no existen en la estructura orgánica, creados especialmente para esta gente sin formación específica. Son militantes libertarios y directivos de la Derecha Diario, que ni se presentan a trabajar mientras que a los trabajadores nos están exigiendo cumplir el horario al minuto”.

El miércoles 19 de agosto se reunió en el Congreso la Comisión de Economía de Diputados adonde se llamó a diversos representantes del sector nuclear para discutir este plan y la situación general del sector. A los pocos minutos de empezada la reunión ya no quedaban diputados representantes del oficialismo. La reunión fue convocada por la diputada de Unión por la Patria Julia Strada, presidenta de la Comisión de Economía de esa cámara. Strada le dijo a TSS: “Impulsé la reunión desde la Comisión de Economía porque es una de las pocas que funcionan en el Congreso. Las que están presididas por el Pro o por la Libertad Avanza están cerradas. Ayer le reclamé a Martín Yeza, que preside la Comisión de Ciencia y Tecnología sobre por qué no se hace hace eco de las demandas de los científicos, del CONICET, del Balseiro y la CNEA, pero no tuve respuesta. Por eso, desde esta comisión nos estamos haciendo cargo de debates que tienen un costado económico importante pero las comisiones madre adonde se debería tratar este tema son otras”.

Estas reuniones de la Comisión de Economía también sirven para elaborar la Ley de Presupuesto, que debe presentarse dentro de tres semanas y votarse en octubre. Durante la reunión, los diputados presentes preguntaron sobre la situación financiera de NASA, la empresa que opera las centrales nucleares, y sobre la relación de las provincias con las empresas e instituciones nucleares, tanto las que tienen centrales de potencia como las que tienen reactores de investigación y centros de medicina nuclear. En la reunión hablaron representantes de CNEA, ARN, NASA, PIAP, INVAP, Balseiro, Dioxitek y trabajadores de Atucha y Embalse, y una ingeniera nuclear que hoy trabaja en París. “No hubo representantes del Gobierno y esperábamos que vinieran a explicar su plan nuclear, el que lanzó Damián Reidel mientras se gastaba toda la plata de la tarjeta corporativa. Después lo abandonaron y dijeron que iban a hacer otro vinculado al super RIGI, y eso no pasó”, dijo Strada.

En la reunión, además de representantes del peronismo estuvieron diputados de otros sectores políticos como Oscar Herrera Ahuad, del peronismo misionero del gobernador Hugo Passalacqua; Pablo Farias, de Provincias Unidas; Nicolás Massot, de Encuentro Republicano Federal; y Martín Lousteau, de la UCR.

“Estamos intentando concientizar, primero, a los propios trabajadores del sector nuclear, porque seguramente algunos de ellos votaron al Gobierno, y creo que lo estamos logrando. Hoy la gente está sufriendo y viendo a sus compañeros de trabajo sufrir cosas que nunca hubiera imaginado. Para recuperar el poder adquisitivo de 2023 necesitaríamos un aumento del 70%. Después, estamos intentando explicarle a la sociedad la importancia de la CNEA y sus trabajadores para su vida, para la salud, la seguridad y la generación de energía. Y, por último, trabajando con la política, con los legisladores, que nos están escuchando. Y estamos trabajando en un plan nuclear, para que un próximo gobierno pueda empezar cuanto antes a reactivar la actividad nuclear en la Argentina, no podemos demorarnos”, dijo Iofrida.

Este tipo de políticas públicas llevó a la pérdida de muchas capacidades en los años ‘90 y de toda una generación de técnicos. Cuando el presidente Néstor Kirchner quiso reactivar el plan nuclear en 2006, se encontró con que había jefes de más de 60 años y becarios de 20 años, pero toda la camada que debía tener unos 40 años y ocupar los cargos medios, y formar a las nuevas generaciones, no estaba trabajando en la institución por los despidos y la pérdida de proyectos. Esto hizo que la reactivación fuera mucho más difícil y lenta de lo que se hubiera querido. “La comprensión de la tecnología del agua pesada comenzó prácticamente con el inicio de la CNEA, en los años ‘50. Desde que se comenzó a estudiar hasta que se consolidó la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) de Arroyito pasaron 44 años. Logramos tener la fábrica más grande y que produce la mejor calidad del mundo. Esa planta estuvo funcionando hasta el gobierno de Macri, en el que la frenaron con una amenaza de bomba anónima y no se pudo volver a poner en marcha. En la época de Macri se perdieron 300 operarios de la planta y quedó con un plantel mínimo, solo para mantenimiento. Hoy solo quedan tres o cuatro ingenieros que conocen el funcionamiento de la planta. Pasamos a perder una capacidad que nos llevó medio siglo desarrollar”, explicó Iofrida.

Hoy, los centros atómicos están endeudados con los servicios básicos y también se están retrasando los servicios de mantenimiento de equipamiento técnico. Hay equipos que tenían un operador específico y fue despedido, o que renunció porque no le alcanzaba el sueldo. “La actividad está siendo paralizada y el juego siempre es el mismo: generan las condiciones para que nada funcione y después dicen que la institución es demasiado grande y no sirve, y después es culpa de los trabajadores. La Argentina está en el límite de poder salvar a un sector que funciona, que ha demostrado que puede afectar muy positivamente la vida de la gente, generando energía con tarifas bajas, dando soluciones de salud a la población. Hoy está en un grave riesgo, con especialistas que se están yendo, capacidades que se están perdiendo e infraestructura que se deteriora”, explicó Iofrida.

Si bien en la década del ‘90 y en la gestión de Mauricio Macri hubo planes de retiros voluntarios, nunca había habido una política tan agresiva en contra del sector nuclear, al punto que hoy se está planteando reducir un 60% la estructura de la CNEA. Diversas organizaciones de profesionales han alertado sobre la grave crisis que generó la política del Gobierno, como ha sido el caso de una carta elaborada por profesores permanentes del Instituto Balseiro.

“No es que estén abandonando el sistema nuclear o lo estén dejando morir, lo están entregando a manos extranjeras. Muchas áreas del Estado las dejan morir y echan a la gente. En este caso, lo que quieren es la privatización del 44% de NASA, les hubiera gustado la privatización de Dioxitek pero no se lo permitimos. Vendieron IMPSA, la primera privatización de la era Milei, y ahora viene este acuerdo con Meitner Energy, muy oscuro, con el que ya se llevaron a muchos recursos humanos de la CNEA, posiblemente para entrar el Super RIGI. Como es un sector que trabaja tan bien, Estados Unidos lo quiere a su servicio. Quieren convertir a Dioxitek de Formosa para que produzca pastillas de uranio enriquecido, ya no para nuestras centrales, sino para las de Estados Unidos. Si pasamos a depender del uranio enriquecido pasamos a ser dependientes, a romper algo que funciona”, explicó Strada.

La diputada y presidenta de la Comisión de Economía agregó: “Esto implica destruir conocimiento en el Estado porque se va a un privado, y ya sabemos quién lo va a aprovechar. La única forma de frenar esto es ganando las elecciones el año que viene. Como es un modelo de saqueo, si llegan a tener la certeza de que se van, van a ir más rápido para entregarle el sector nuclear a Estados Unidos antes de irse”.