El encierro enferma

Un estudio del Ministerio de Salud detectó que la prevalencia de enfermedades infecciosas como sífilis y tuberculosis en espacios de encierro es dos o tres veces superior a la de la población en general. El estudio, que también rastrea casos de VIH y hepatitis, es el primero que se hace en cárceles federales de la Argentina.

Por Vanina Lombardi  
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Agencia TSS — La prevalencia de sífilis en espacios de encierro es tres veces más alta que en la población en general, según se desprende del “Primer estudio de prevalencia de VIH, sífilis, hepatitis virales y tuberculosis en contextos de encierro en unidades del Servicio Penitenciario Federal”. El 6,8% de la población que fue analizada (de un total de 2.180 personas) obtuvo resultados de sífilis positivos, entre los cuales la prevalencia en las mujeres casi duplica el valor de los varones (11,2% y 6,4%, respectivamente, mientras que se detectó en 3 de las 13 personas trans testeadas). “Ese resultado es muy alto: más del 6%, cuando la media del país es del 2%”, se lamenta el antropólogo Juan Adrián Sotelo, del equipo técnico del área de prevención de la Dirección de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual del Ministerio de Salud de la Nación.

“Es necesario equiparar la prevención, la atención, el diagnóstico y los tratamientos al que se brinda en el medio libre, porque las personas privadas de su libertad no están privadas del resto de sus derechos”, dice Sotelo, que participó desde el principio en el desarrollo de esta investigación. La idea surgió ante la carencia de datos precisos que permitiesen mejorar los servicios de salud en contextos de encierro, en los que ya estaban desarrollando actividades preventivas. “Necesitábamos contar con una línea de base que caracterizara a esta población y se lo propusimos a los equipos del Ministerio de Justicia y del Servicio Penitenciario Federal. Nos llevó un año de acuerdos, convenios y confirmaciones”, recuerda el especialista, quien también participa en la Comisión de VIH del Mercosur y advierte que ese período de negociaciones, entre 2014 y 2016, fue uno de los aspectos más complejos para poder llevar adelante el estudio. “Fundamentamos que este trabajo no solo consistía en detectar la cantidad de personas infectadas, sino que se trata de una investigación para la gestión, para fortalecer los equipos de trabajo de las unidades penitenciarias, porque al menos desde la Dirección de SIDA entendemos que el contexto de encierro no solo implica al detenido, sino también a todos los que trabajan allí, como los docentes, el equipo de salud y el personal de seguridad”, destaca.

Así, entre marzo de 2016 y marzo de 2017, recolectaron 2.183 muestras de sangre y comenzaron las encuestas (2.034 a varones, 223 a mujeres y 13 a personas trans), en busca de determinar la prevalencia de VIH, sífilis y hepatitis B y C, y la frecuencia de síntomas respiratorios de tuberculosis en personas privadas de su libertad alojadas en seis cárceles del Servicio Penitenciario Federal (en Ezeiza, Marcos Paz, Devoto, Salta, Chubut y Santa Rosa, en La Pampa). “Se les ofreció participar con un asesoramiento previo y una devolución posterior, y la aceptación fue por encima de un 90%”, explica Sotelo y aclara que muchos no aceptaron hacerse los análisis porque estaban por dejar el penal o porque ya tenían algún diagnóstico de VIH.

“Es necesario equiparar la prevención, la atención, el diagnóstico y los tratamientos al que se brinda en el medio libre, porque las personas privadas de su libertad no están privadas del resto de sus derechos”, dice Sotelo.

De acuerdo con los resultados preliminares se espera que el informe final esté disponible recién a fines de este año, la prevalencia estimada de tuberculosis fue superior a la estimada para la población general del país, que es de 20 cada 100.000 personas. En este caso, resultó de 29,6 cada 100.000. En cuanto a la prevalencia de VIH, se estima que es de 2,7%, apenas superior en las mujeres que en los varones (de 3,9% y 2,5%, respectivamente, y dieron resultados reactivos 4 de las 13 personas trans a las que se les realizaron extracciones de sangre). La proporción se incrementa con la edad, ya que resulta de 1,3% entre los más jóvenes y de 4,3% en personas de 40 años o más. También hay mayor prevalencia entre quienes suelen compartir elementos de afeitar en comparación con aquellos que no lo hacen (3,8% y 2,4% respectivamente), y lo mismo sucede con aquellos que alguna vez recibieron una transfusión de sangre o que se les practicó una intervención quirúrgica, en comparación con los que no estuvieron expuestos a alguna de las dos situaciones.

Con respecto a las hepatitis, se detectó que la prevalencia de hepatitis B crónica en la población carcelaria es de 0,51% (no se hallaron casos en mujeres ni en la población trans) y de 6,1% en el caso de la hepatitis B, mientras que la prevalencia estimada de hepatitis C es de 3,3% (en este último caso, el porcentaje en los varones es ligeramente superior que el de las mujeres, de 3,4% y 2,5%, respectivamente, y en la población trans se halló solo un resultado reactivo en las 13 pruebas realizadas).

La prevalencia estimada de tuberculosis fue superior a la estimada para la población general del país, que es de 20 cada 100.000 personas. En el caso de la población relevada en cárceles, resultó de 29,6 cada 100.000.

Tanto en los casos de VIH como en la hepatitis C, resulta notable la diferencia entre quienes en el pasado realizaron prácticas de consumo de drogas inyectables y los que no lo hicieron. En detalle, entre los primeros, el 20,2% se halla infectado con VIH y el 28,4% con hepatitis C, mientras que, entre los segundos, solo el 1,9% tiene VIH y el 2,2% tiene hepatitis C. Esta diferencia es más notoria aun si se considera a quienes compartieron jeringas y otros elementos para la práctica endovenosa. En esos casos, las cifras alcanzan el 44,6% de prevalencia de VIH y 51,4% de hepatitis C.

“El trabajo continuo que hemos llevado adelante nos permite cambiar ciertas lógicas de atención y prevención en los servicios penitenciarios con el personal médico y democratizar el acceso a la salud”, dice Sotelo. Y concluye: “Este estudio epidemiológico fue una foto y ahora deberíamos pasar a una segunda instancia en la que podamos evaluar la incidencia, es decir, las infecciones más recientes, porque así como las personas privadas de la libertad trabajan, estudian y realizan actividades dentro de las unidades penales, también tienen relaciones sexuales. Así que apuntamos a prevenir esas infecciones con la dispensa de preservativos, para que circulen dentro de las unidades”.

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