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Agencia TSS – Hace ya varios años que el 8 de marzo (8M) dejó de ser simplemente el Día Internacional de la Mujer. Gracias a los movimientos de mujeres y LGBTI+, en muchos países se realizan huelgas y jornadas de lucha en el marco de un Paro Internacional de Mujeres que busca visibilizar las violencias de género que existen en todos los ámbitos de la vida, así como reclamar políticas públicas que ayuden a reducir la desigualdad. Porque como indica un lema que se repite mucho en estas movilizaciones: “Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras”.

Uno de los principales reclamos tiene que ver con la desigual distribución de las tareas de cuidado. En la Argentina, según datos del INDEC, las mujeres pasan 5,7 horas por día haciendo trabajo de cuidado no remunerado mientras que los varones dedican en promedio sólo 2 horas diarias. Esto incide en su participación en el mundo del trabajo, el ámbito académico y la política. Además, deriva en otras problemáticas como la feminización de la pobreza y la violencia de género, ya que al tener menos posibilidades de acceder a un trabajo remunerado muchas mujeres terminan dependiendo económicamente de sus agresores.

Con la pandemia, estas desigualdades se evidenciaron y profundizaron más. De acuerdo con el Estudio sobre el impacto de la COVID-19 en los hogares del Gran Buenos Aires realizado por INDEC, la carga de cuidado aumentó y fue absorbida por las mujeres en el 65% de los casos. Ante estos datos, el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad (MMGyD) impulsó dos “Proyectos de ley para Cuidar en Igualdad”: el de Licencias Igualitarias y el de creación de un Sistema Nacional Integral de Políticas de Cuidado”. La semana pasada, durante la apertura de sesiones ordinarias, el presidente Alberto Fernández se comprometió a enviarlos al Congreso.

“Estos proyectos están muy conectados con el 8M, Día de la Mujer Trabajadora, porque para poder ir hacia la igualdad en el mundo del trabajo, necesitamos que primero haya igualdad en el mundo de los cuidados. La licencia por maternidad, si bien otorga un derecho en relación a cuidar, genera una discriminación hacia nosotras en el mercado del trabajo. Si miramos la Ley de Contrato de Trabajo de Argentina, los varones aparecen como colaboradores en la crianza de un niño o niña, con solo dos días de licencia. Tampoco se contemplan los casos de adopción ni a las familias diversas”, le dijo a TSS la economista Lucía Cirmi Obón, directora Nacional de Políticas de Cuidado del MMGyD.

Impacto económico del sistema de cuidados

Las tareas de cuidado son todas las actividades que hacemos a diario que están relacionadas con la reproducción, el bienestar y el sostenimiento de la vida. Entre ellas, cocinar, limpiar, hacer las compras y estar al cuidado de niñas y niños, personas mayores o personas con discapacidad.

Para elaborar las propuestas, se constituyó una Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado, que impulsó un proceso participativo para conocer las necesidades de diversos sectores de la sociedad. Así, hubo instancias consultivas con sindicatos, cámaras de empresas, organizaciones feministas y de la diversidad, de la discapacidad, de la niñez, de las personas mayores y de la economía popular y social. “Estos proyectos forman parte de la campaña Cuidar en Igualdad. Son dos caras de la misma moneda que tiene que ver con lograr la igualdad en la distribución social del cuidado y mejorar la remuneración y jerarquización de quienes trabajan cuidando”, dijo Cirmi.

Licencias igualitarias

La Argentina es uno de los países más atrasados del mundo con respecto a la igualdad en licencias por maternidad y paternidad. De los países de la región que cuentan con licencias por paternidad, solo Guatemala tiene 2 días, como la Argentina. Le siguen Bolivia, Panamá y El Salvador (3), Chile, Brasil y México (5), Ecuador (10), Uruguay (13), y Colombia y Venezuela (14). En Europa, Francia tiene una licencia por paternidad de 28 días y España igualó ambas licencias el año pasado, con 16 semanas para ambos progenitores. Hay también países con esquemas más extensos, como Corea del Sur, con licencia por paternidad de 360 días, o Suecia, que otorga 480 días para repartirse entre ambos progenitores.

“Todos los países están yendo hacia licencias igualitarias. Acá seguimos con dos días, por lo que es probable que el padre tenga que volver a trabajar incluso antes de que el bebé haya dejado el hospital. Mi pregunta siempre es: ¿cuál es la productividad de un varón que vuelve al trabajo en esa circunstancia? Por eso, nuestro planteo es que estos derechos del cuidado no van en contra de la economía porque, si hay más tiempo para cuidar, también habrá mejor productividad en el trabajo remunerado”, sostuvo la economista.

El proyecto de licencias igualitarias, trabajado en conjunto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, propone igualar, de manera progresiva y en el plazo de 8 años, las licencias parentales para todos los géneros, tipos de familia (incluyendo aquellas que adopten) y trabajadores. “El primer escalón será otorgarle 15 días a las personas no gestantes. También se agregarán 8 días a las licencias de personas gestantes para cumplir con el piso de 98 días que reclama la Organización Internacional del Trabajo”, explicó Cirmi.

Un punto importante es que esta propuesta no implica incremento de costos para los empleadores, dado que establece que las nuevas licencias sean financiadas por la seguridad social, como sucede con las actuales licencias por maternidad (los dos días por paternidad, en cambio, corren por cuenta del empleador).

Mientras que la normativa actual está escrita de forma binaria, este proyecto habla de licencias para personas gestantes y no gestantes, además de incluir a las personas que adoptan. También incluye un sistema similar para monotributistas y autónomos, quienes en caso de tomarse licencias se quedan sin ingresos. En este caso, se propone la provisión de un salario mínimo, vital y móvil durante el tiempo que estén de licencia.

“Las licencias igualitarias tienen muchos beneficios. Por un lado, permiten extender el derecho a cuidar. No existe una persona que no tenga alguna dimensión de cuidado en su vida. Por otro lado, está estudiado que lo que pasa en la división del cuidado el primer año de crianza de un niño o niña impacta en la organización de los siguientes años. Es importante que los varones se involucren desde el principio porque sino tenemos varones que después no toman responsabilidades de cuidado y que, si se separan del hogar, desconocen los gastos y tiempos del cuidado”, dijo Cirmi.

La economista también hizo hincapié en uno de los principales objetivos del proyecto: reducir la discriminación laboral por género. “Si todos y todas tenemos la misma chance de tomar una licencia, los empleadores van a dejar de hacer una distinción. Hoy se discrimina no solo en la contratación, sino también en los ascensos, porque elijen a varones para los puestos jerárquicos asumiendo que las mujeres van a pasar más tiempo cuidando”, comentó.

Un sistema diverso e integral

Desde el MMGyD, relevaron algunos números para entender la importancia (y abundancia) de las tareas de cuidado. El 10% de las personas mayores de 60 años, tienen dependencia básica, es decir, que no pueden realizar por sí solas actividades como alimentarse, bañarse o vestirse. En tanto, el 10% de la población con Certificado Único de Discapacidad necesita un alto grado de asistencia para la vida diaria. Además, la mitad de las mujeres con niñxs menores de tres años están fuera del mercado laboral y, por lo tanto, no cuentan con ingresos propios.

“La importancia de las tareas de cuidado cobró mayor visibilidad con pandemia porque es la única parte de la economía que no se paró. Nosotras ya sabíamos por las estadísticas que las mujeres dedican el triple del tiempo que los varones a cuidar y que la mitad de los varones en la Argentina no dedican ni un minuto por día a estas tareas. En la pandemia hubo una reorganización de los cuidados y vimos que en 7 de cada 10 hogares la responsabilidad la tomaron las mujeres”, detalló Cirmi.

Por eso, el segundo proyecto de ley propone la creación de un Sistema Integral de Cuidados, lo que implica un conjunto de políticas y servicios que aseguran la provisión, la socialización, el reconocimiento y la redistribución de las tareas de cuidado entre todas las partes de la sociedad y entre todas las identidades de género. Estas políticas incluyen la provisión o subsidio para acceder a cuidadorxs domiciliarixs, ampliación y gestión de espacios públicos de cuidado, registro y formalización de trabajadorxs del cuidado y reconocimiento previsional de los años dedicados al cuidado, entre otras.

“Es un proyecto de largo plazo pero, en la medida en que eso exista, cada familia podrá elegir cómo quiere cuidar. Hoy ocurre que pobreza y cuidados son asuntos conectados, ya que la calidad de cuidado que una persona recibe depende de los ingresos que tiene la familia. También es un factor de desigualdad entre las propias mujeres. Si sos rica, podes delegar esa responsabilidad, contratar a alguien y seguir trabajando. Si sos una mujer pobre, no tenés esa chance. Al tener un sistema de cuidados, lo que hacemos es socializar esa responsabilidad”, explica la funcionaria.

En la región, hay varios antecedentes de políticas similares. Costa Rica creó un Sistema de Cuidados enfocado en las infancias en 2014, Uruguay creó por ley su sistema integral de cuidados en 2015 y Colombia lanzó una Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado. Según la OIT, los países que más invierten en políticas de cuidado alcanzan tasas de empleo femeninas mayores al 70%, generando un efecto multiplicador en la economía. “Al jerarquizar y profesionalizar a las personas que cuidan, que en general están en los deciles más bajos del ingreso, esa plata además de generar empleos mueve la economía del barrio donde viven y aporta a la recaudación tributaria. Es una inversión”, señala Cirmi.

La propuesta del Ministerio de Mujeres crea una institucionalidad dinámica para coordinar las políticas existentes y crear nuevos servicios, instancias de formación y programas. Tiene como misión ampliar las políticas y servicios de cuidados, a través de los cuales propone crear 200.000 puestos de trabajo registrados en la economía del cuidado, lo que cubriría a un millón de personas que requieren asistencia. El proyecto también apunta a ampliar la infraestructura de cuidados y los servicios de educación temprana.

El tratamiento de ambos proyectos comenzará cuando el Ejecutivo Nacional concrete su presentación en el Congreso. “En el marco del 8M, es bueno señalar que cerrar la brecha en los cuidados va a permitir cerrar la brecha salarial. También va a tener un impacto en la reducción de la violencia de género porque hay muchas mujeres que dependen económicamente de sus agresores. Es cierto que las transformaciones culturales llevan mucho tiempo pero nuestro objetivo es hacer algunas cosas para que sea un poco más rápida”, concluyó Cirmi.