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Agencia TSS – El 23 de marzo de 2003, el pueblo chubutense de Esquel realizó el primer plebiscito de la Argentina para decidir si quería la explotación de un yacimiento de oro y plata en las afueras de la ciudad. El resultado fue contundente: el 81% de los votantes rechazó la megaminería. Unos meses después, se sancionó la Ley XVII-Nº 68 (ex Ley 5001), que prohíbe la minería a cielo abierto en toda la provincia. Sin embargo, después de 15 años, los intentos por reactivar esta actividad no han cesado. En los últimos meses, los rumores del inminente tratamiento de proyectos de ley para permitir la actividad pusieron a la población en alerta. Además, funcionarios provinciales se reunieron la semana pasada con el presidente Mauricio Macri para, según trascendió, avanzar con un proyecto de zonificación minera en la meseta central de Chubut.

En respuesta a estas iniciativas, directores de siete institutos pertenecientes al Centro Nacional Patagónico (CENPAT–CONICET), situado en Puerto Madryn, firmaron una declaración en rechazo al “proyecto de zonificación minera que habilitaría dicha actividad en más del 60% del territorio chubutense”. En el comunicado, que se hizo público este miércoles 31 de octubre, responsables de la dirección de los institutos IPEEC, IBIOMAR, IPCSH, IPGP, INBIOP, IDEAus y CESIMAR manifestaron su “rechazo a un modelo de desarrollo minero que no establezca un rol claro para el Estado, las organizaciones civiles, el sector científico y tecnológico, y que arriesgue los recursos naturales de nuestra provincia y comprometa la sustentabilidad de sus ambientes y sus habitantes, considerando que los costos a largo plazo para la comunidad serán mucho más importantes que los posibles beneficios”.

En diálogo con TSS, Rolando González-José, director del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (IPCSH) y uno de los firmantes, explicó: “En principio, hay dos iniciativas. Una, que entró formalmente a la Legislatura y consiste en un proyecto de zonificación que permitiría las actividades mineras en un cuadrado delimitado en la meseta central de Chubut. El otro proyecto, en el que está trabajando el Ejecutivo provincial, hace un mapa un poco más refinado y una categorización de las actividades que se podrían realizar”.

El comunicado de los directivos del CENPAT no es la primera declaración proveniente del ámbito científico. Hace una semana, el colectivo de Trabajadorxs Autoconvocadxs del CENPAT ya se había pronunciado en contra de la megaminería en la región y advertía que “de aprobarse esta iniciativa de zonificación, empresas extranjeras obtendrían ganancias exorbitantes que serían remitidas al exterior”. Además, señalaba la necesidad de un debate que discuta “no sólo la minería, sino otros modelos de desarrollo económico y social para esas localidades, que contemplen a distintos actores sociales, la generación de valor agregado en el territorio y la creación de fuentes de trabajo estables y de calidad”.

Sobre el efectivo tratamiento de los proyectos de ley, González-José dijo que, si bien todavía no hay una fecha formal, “está claro que las empresas que están detrás de esto están haciendo un lobby muy importante”. El científico contó que, hace unos meses, la Asociación Sindical del Personal Jerárquico Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) realizó una actividad en Puerto Madryn en la que ofrecían a la población que llevasen sus currículums para trabajar en emprendimientos mineros. “Había tres cuadras de cola de gente genuinamente esperanzada en una industria cuya actividad no está autorizada por la ley”, indicó.

El argumento de la creación de puestos de trabajo es una constante cuando se busca la aceptación de la actividad minera. María Teresa Dozo, directora del Instituto Patogónico de Geología y Paelontología (IPGPCENPAT) y también firmante de la declaración, afirmó: “Los políticos aprovechan la gran demanda de puestos de trabajo y juegan con la necesidad de la gente. La actividad minera tiene un carácter extractivo y primarizante, no hay un agregado de valor en la producción. Además, estas empresas no siempre toman gente local y muchas veces traen trabajadores de otros lugares”.

En la declaración, los científicos también llaman la atención sobre el rol del Estado en este tipo de emprendimientos y proponen la creación de una Agencia Estatal de regulación, de carácter autónomo y autárquico, para enfrentar las demandas que surgen del monitoreo y control socio-ambiental de la minería. “Hay que ver de qué manera se puede avanzar en este sentido para que no haya negociaciones asimétricas. De lo contrario, de un lado hay un Estado prácticamente ausente y, del otro, empresas con mucho peso económico”, sostuvo Dozo.

Los investigadores también señalaron la necesidad de que las políticas públicas impulsen “la exploración de modelos de desarrollo socio-económicos alternativos, como la agricultura familiar y comunitaria, la ganadería basada en las nuevas tecnologías, el fortalecimiento de las cadenas de valor y la implementación de una economía social para los productores de la región”, para evitar que el modelo extractivo minero sea la única alternativa.

Además, hicieron hincapié en la necesidad de una mayor apertura del debate. “Los debates del sector pro minero son muy cerrados. Ni siquiera son debates porque las voces disidentes o aquellas que traen preguntas genuinas no pueden entrar. Desde el punto de vista técnico no se conoce qué tipo de tecnología se usaría, pero el objetivo metalífero principal es el oro y la plata”, señaló el director del IPCSH.

Hace unas semanas, los directivos del CENPAT habían sacado otro comunicado, donde decían que “ante el debate público en torno a las iniciativas legislativas sobre zonificación minera en el territorio de Chubut y en respuesta a consultas e inquietudes de algunos elementos de la sociedad civil, las autoridades del CCT CONICET CENPAT manifiestan que el organismo no ha sido formalmente consultado sobre el particular”, pero no tomaban una posición clara y por eso fue criticada por parte de la comunidad. Al respecto, González-José aclaró: “Es cierto que la primera declaración a mucha gente no le pareció bien pero dice algunas cosas importantes: que la provincia viene dando estos debates y que los políticos se llenan la boca hablando del sector científico, pero cuando realmente tienen que acudir a nosotros para escuchar la experiencia de años de investigación en la materia, parece que no existimos”.

Dozo agregó: “Somos agentes políticos y por lo tanto tenemos que pronunciarnos, es lo que la comunidad espera de nosotros. Habernos puesto de acuerdo en esta nota después de varias idas y vueltas fue un logro y considero que es diametralmente opuesta a la que sacamos antes. Es un tema prioritario. Si no lo discutimos, estamos dando territorios para que sean sacrificados”. Durante los próximos días, los científicos realizarán las primeras reuniones técnicas con especialistas de todos los institutos del CENPAT para tratar de responder a las preguntas de las asambleas y organizar debates más amplios junto con la comunidad de la que forman parte.