CAREM: Reactor en alta tensión

La empresa Techint amenazó con despedir a trabajadores del proyecto CAREM25, con lo que buscó forzar una revisión del monto del contrato que obtuvo en el año 2017 para la obra civil del reactor experimental que se construye en el Complejo Nuclear de Atucha. El Gobierno abrió una instancia de negociación para que los trabajos continúen y no se demore su construcción.

Por Matías Alonso  
__

Agencia TSS – A fines de enero pasado, autoridades de la empresa Techint comunicaron de manera informal a los trabajadores del proyecto CAREM que abandonaría la obra de la ingeniería civil del reactor experimental que se construye en el Complejo Nuclear Atucha. La razón esgrimida fue que estaba trabajando a pérdida por la negativa del Gobierno a actualizar los montos de la obra, disparados tras la devaluación de la moneda, y en la que se desempeñan alrededor de 350 trabajadores.

El CAREM es un reactor modular de energía nuclear de diseño argentino al que se lo considera con un gran potencial de exportación. Tras la suspensión de los contratos con China para la construcción de la cuarta y quinta central nuclear, el CAREM quedó como el proyecto más grande de la Argentina en este sector. El proyecto consiste en la construcción de un prototipo de 25 megawatts (MW) para probar la tecnología, pero el modelo es escalable hasta los 400 MW de generación eléctrica. Cuenta con sistemas de seguridad pasivos, algo que suma seguridad y es muy buscado en todo el mundo, especialmente después del desastre de Fukushima. Este tipo de centrales es ideal para llevar energía a lugares aislados y es un nicho de mercado en el que las grandes potencias nucleares todavía no han incursionado de manera sostenida, por lo que se considera relevante que no haya retrasos en la obra para poder mantener una posición competitiva.

El CAREM es un reactor modular de energía nuclear de diseño argentino que se construye en el Complejo Nuclear Atucha.

La obra civil del CAREM comenzó en el año 2014 y desde su origen estuvo a cargo de la estatal Nucloeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), hasta que, a mediados de 2017, el Gobierno decidió que esa obra pasara a la empresa Techint por 1148 millones de pesos, mediante la licitación 06/2016, en la que resultó ganadora. En los términos del contrato, de tipo llave en mano, se especifica que la constructora debe absorber los riesgos económicos de la obra para un reactor que debería estar operativo en el año 2022. “NA-SA no tiene por qué hacer obras de infraestructura”, habían dicho por entonces desde el Ministerio de Energía que comandaba Juan José Aranguren.

El anuncio del abandono de la obra forzó la reacción de la UOCRA y el gremio de la construcción presionó al Gobierno para que se abriera una instancia de renegociación. En diálogo con TSS, Julio González, de la UOCRA Seccional Zárate, dijo: “Pudimos frenar la decisión de la empresa y darle visibilidad a esta situación. Tuvimos una reunión con Julián Gadano –subsecretario de Energía Nuclear– y Rubén Semmoloni –presidente de NA-SA–, en la que nos pidieron paciencia porque se iban a reunir con Techint para llegar a un punto de acuerdo que no generara ninguna baja en los trabajadores”.

El anuncio del abandono de la obra forzó la reacción de la UOCRA, gremio que presionó al Gobierno para que se abriera una instancia de renegociación.

De la obra también forman parte empresas como INVAP –diseño del reactor–, IMPSA –a cargo de la vasija y el generador de vapor–, TECNA –planta del reactor–, la alemana Siemens –provisión de la turbina generadora– y CONUAR, una sociedad entre la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el grupo Pérez Companc –provisión del corset de acero que contiene al reactor–.

Mientras tanto, las obras siguen durante la negociación. “Gadano nos manifestó que la negociación está en marcha y que Techint va a continuar la obra”, afirmó González. TSS intentó ponerse en contacto con Gadano para conocer los avances en las tratativas pero el funcionario se encontraba de viaje.

En este caso, Techint se comportó de forma diametralmente opuesta a como lo hizo en sus contratos de explotación en el yacimiento de Vaca Muerta, en los que el Gobierno intentó modificar las condiciones de la concesión debido a la crisis económica y la empresa presentó una solicitud de impugnación por “la afectación de los derechos adquiridos”.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *