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Agencia TSS / Nodal – Con la fabricación, lanzamiento y operación del satélite Arsat 1, Argentina se consagró como uno de los 10 países del mundo capaces de fabricar esa tecnología. La empresa estatal Arsat se creó en 2006 a través de la Ley 26.092, impulsada por el gobierno de Néstor Kirchner. El objetivo era proteger las posiciones orbitales asignadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) con satélites fabricados en el país. Desarrollar la industria satelital fue una apuesta a largo plazo, que apuntaba a crear puestos de trabajo altamente calificados y a producir y exportar tecnología de gran valor agregado.

En noviembre de 2015, un mes antes de que asuma la presidencia Mauricio Macri, el Congreso sancionó la Ley 27.208, que estableció el desarrollo de la industria satelital como política de Estado. La normativa declara que se requiere el voto de dos tercios del Congreso Nacional para la venta de activos estratégicos de Arsat. En este punto reside la principal contradicción del acuerdo entre Arsat y la empresa estadounidense Hughes, que trascendió por una investigación periodística del programa Economía Política del canal C5N. Este acuerdo fue firmado en junio y habla de la creación de una nueva empresa, Newco, para brindar internet satelital en Argentina. Esta medida va en la misma línea de otras políticas que el Gobierno ha venido implementando, como la autorización de 14 compañías satelitales extranjeras que brindan servicios similares a Arsat.

Guillermo Rus, exvicepresidente de Arsat y actual director del portal Latam Satelital, habla sobre las implicancias de este acuerdo y qué perdería el país si se privatiza la empresa o parte de ella.

¿Cuál es el carácter del convenio? ¿Es una carta de intención o ya es un contrato cerrado?

Lo que trascendió es un primer acuerdo, una carta de intención para avanzar en instancias posteriores en la creación de una empresa. Hay un acuerdo firmado pero no es vinculante en relación a su creación. Sin embargo, la empresa sacó un comunicado en el que reconoce que suscribió ese acuerdo. Tampoco lo desconocen el ex ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, ni el presidente de Arsat, Rodrigo de Loredo. El acuerdo es real, solo que lo ponen en otros términos.

¿Implica la privatización de la empresa Arsat o la explotación del satélite Arsat 3?

Lo que se hace es crear una nueva empresa donde Arsat tiene el 49% y la estadounidense Hughes tiene el 51%, o sea que controlará la operación. Entre los dos invertirán en el sistema satelital al que llaman Arsat 3, cuyo desarrollo está basado en la misma plataforma tecnológica con que la empresa estatal INVAP hizo el 1 y el 2. Esta nueva empresa operaría solamente ese satélite, en banda Ka, para brindar internet satelital. Si el artilugio era crear una nueva empresa para que no se considere privatización, me parece bastante elemental. Había un esquema normativo para que Hughes brinde servicio satelital en Argentina si hacía un acuerdo de comprarle la capacidad de un satélite a Arsat. Al hacerlo de esta manera, hay un proceso de privatización real y el tema central es la ilegalidad de ese proceso. Hay una injerencia privada norteamericana en el patrimonio de Arsat y el crecimiento de la flota satelital ahora pasa a ser mixto.

En caso de que se concrete el acuerdo, ¿Argentina perdería alguna de las posiciones orbitales que le fueron asignadas?

No, pero es un tema complejo. En este acuerdo, Arsat se compromete a gestionar una nueva posición orbital, ubicada a 91,5° Oeste. El satélite podría ir en esa posición o en alguna de las otras dos que tiene Argentina: 81° Oeste o 72° Oeste. En una misma posición pueden entrar varios satélites pero Arsat no tiene la potestad para entregársela a esta nueva empresa. Además, esa posición tiene un valor. El costo para conservarla y ocuparla con un satélite con vida útil de 15 años, se estima en unos 20 millones de dólares. Al crear esta empresa, el país está compartiendo un recurso de forma irregular con una empresa norteamericana.

Un aspecto central de Arsat era el desarrollo de tecnología nacional con alto valor agregado para fabricar satélites. ¿Cómo afecta este acuerdo a las capacidades tecnológicas que se han venido construyendo?

Crear una empresa mixta implica que a partir de ahora el crecimiento de la flota no se haría a través de Arsat sino a través de esta nueva empresa, que al tener socios privados, va a buscar resultados de rentabilidad. La contradicción es que el principal rol de Arsat, y eso está estipulado en la Ley 27.208, es ser demandante de satélites a la industria nacional y buscar la competitividad mediante la mejora de satélites. Uno podría decir, ‘bueno, INVAP podría vender a otros países’ pero no es tan simple. Compite contra grandes empresas que fabricaron satélites durante décadas. Las potencias no nos vienen a comprar a nosotros y en América Latina los compradores de satélites no abundan porque la industria regional aún no tiene la madurez suficiente.

¿Cuál era el plan que ustedes habían diseñado antes del cambio de Gobierno, con un horizonte a 20 años?

El Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035 preveía ampliar la flota satelital de 2 a 6 satélites y buscar la exportación de dos. Ver las posibilidades concretas de cooperación con otros actores de la región, como Venezuela, Bolivia y Nicaragua, en términos de transferencia tecnológica y de articulación para el desarrollo regional según las capacidades de cada país. También estaban previstos los reemplazos de los Arsat 1 y 2. Otro elemento importante de la ley era mejorar la tecnología. Había un trabajo de Arsat financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva para hacer una plataforma más eficiente, es decir, optimizar la relación entre peso y potencia del satélite. Eso quedó en la nada.

¿Cómo se puede seguir a partir de este escenario? ¿Se puede aprovechar la ley como herramienta para demandar su cumplimiento y evitar que se pierda la soberanía tecnológica conseguida?

Se debe exigir el cumplimiento de la ley. Creo que la reacción de la sociedad en general fue muy fuerte, tanto desde los medios de comunicación como de distintos bloques políticos. Están todos alertas sobre lo que está pasando y hay conciencia de los alcances de este acuerdo. En el plano político, está la posibilidad de pedidos de informe y distintas herramientas que tiene el poder legislativo para reclamar el incumplimiento de la ley, que es lo central en todo esto. La ley establece el desarrollo de la industria satelital como política de estado y de pronto la gestión de un ministro que estuvo 18 meses y ya se fue, frenó el único desarrollo satelital soberano. Además, autorizaron 14 satélites extranjeros. Eran 12 y hoy se autorizaron dos más, con fecha retroactiva  a la salida del ministro. El Gobierno está cambiando el rumbo de la política satelital sin pasar por el Congreso y no tiene las atribuciones legales ni políticas para hacerlo.