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Agencia TSS – La Argentina es uno de los países de la región que más agrotóxicos utiliza. Su uso se ha incrementado de manera exponencial durante los últimos 30 años. Se estima que, actualmente, en el agronegocio más del 64% de los cultivos son genéticamente modificados, y que se utilizan más de 650 millones de litros anuales de agrotóxicos. También se han multiplicado los estudios científicos que analizan los riesgos e impactos del uso de pesticidas, tanto para el ambiente como para la salud humana.

Como respuesta, las poblaciones afectadas comenzaron a organizarse, a cuestionar el modelo productivo y a reclamar por modos de producción más saludables y seguros. Sin embargo, todavía no hay una ley nacional que regule el uso de plaguicidas y herbicidas, ni datos oficiales sobre los conflictos socioambientales que este modelo productivo genera.

Frente a esta situación, investigadores e investigadoras del Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas de la Universidad de San Martín (LICH–UNSAM) elaboraron un mapa online de la conflictividad socioambiental vinculada al agronegocio en la provincia de Buenos Aires, la más extensa y la más densamente poblada del país, adonde la conflictividad asociada a esta matriz productiva se multiplica.

“Desde los poderes oficiales se insiste mucho en marcar que este tipo de conflictos son casos aislados o accidentales, pero el mapa muestra el carácter estructural de esta conflictividad, está lleno de puntos que remiten a un problema que detectamos, ya sea por afectaciones a escuelas o cursos de agua, o por uso de plaguicidas”, dice Cecilia Gárgano, una de las coordinadoras de este proyecto junto con Martín Prieto, y advierte que este trabajo también da cuenta de la necesidad de dar una discusión seria e informada sobre esta forma de producir.

El mapa registra distintas dimensiones de los problemas, como su judicialización; el tipo de acciones y actores implicados, y la afectación por el uso intensivo de plaguicidas en cursos de agua, escuelas y residentes rurales y urbanos de la provincia. En total, da cuenta de la existencia de al menos 94 conflictos socioambientales en la provincia bonaerense, y de la escalada de acciones colectivas que se han producido en las últimas décadas. Algunas cuestionan el modelo de producción agroextractivo, por la distribución desigual de costos y beneficios y por los efectos en la salud y el ambiente que este conlleva; y otras que reconocen formas alternativas de producir y de valorizar el ambiente común.

“El objetivo era sistematizar la información porque no hay datos oficiales al respecto pero sí existe mucha información dispersa que fueron generando diversas organizaciones y colectivos”, advierte Gárgano, y comenta que, para este primer mapeo, relevaron los datos disponibles por localidad y municipio, y le sumaron los registros propios que fueron recabando durante el proceso de investigación. En detalle, el mapa incorpora casos de investigación y registros audiovisuales, y reúne información de diversas fuentes, como notas periodísticas, informes institucionales y papers, entre otros registros disponibles.

“Este trabajo busca comprender esta problemática e incidir en la agenda pública”, afirma la investigadora y advierte que el mapa se propone como una iniciativa en construcción, y no como un espacio estático, ya que el objetivo es que se vaya actualizando y se vayan incorporando nuevos casos que todavía no estén registrados. Para eso, habilitaron la casilla de correo [email protected], a la que cada organización o colectivo puede escribir.

La idea de realizar este mapeo surgió en el marco de un programa de investigación que comenzó en 2021, que analiza los conflictos socioambientales de la matriz productiva en la Argentina, no solo los vinculados con el agronegocio sino también con otras actividades extractivas, como las vinculadas al sector energético (litio y petróleo). En el proyecto participan una veintena de investigadores e investigadoras, que aspiran a mapear este tipo de conflictividades en todo el país. A futuro, esperan poder hacer un mapa de iniciativas agroecológicas, así como otros de distintas zonas de conflictividad vinculadas al extractivismo, como la que genera la extracción de litio en las provincias del noroeste del país.