Tecnología y terrorismo de estado

A medida que se amplían las investigaciones, se comprende la profunda conexión entre el proyecto económico neoliberal y las políticas de terrorismo de Estado aplicadas sobre las instituciones de I+D, así como sus efectos sobre el presente.

Diego Hurtado  
__

Agencia TSS – El reconocimiento de lo mucho que falta saber sobre los efectos devastadores de la última dictadura sobre las actividades de investigación y desarrollo motivó que el presidente del CONICET, Roberto Salvarezza, y el presidente del INTA, Francisco Anglesio, firmaran el pasado jueves 20 de marzo un acuerdo que compromete a ambos organismos a reparar la memoria institucional sobre lo ocurrido durante la última dictadura. El convenio se propone impulsar el proyecto de investigación iniciado por la historiadora Cecilia Gárgano (UNSAM-CONICET), quien está finalizando una tesis doctoral sobre las políticas de terrorismo de Estado en el INTA.

Asumiendo que el legado de la dictadura es complejo y que sus efectos alcanzan el presente, comenta Gárgano para TSS que “la introducción de mecanismos represivos en el INTA modificó el perfil y orientación de las tareas de extensión rural y tuvo efectos en la organización de las agendas de investigación del instituto”. Y agrega que a partir de la intervención militar se iba a profundizar una tendencia hacia “la apropiación privada del conocimiento producido por el INTA que trascendió a la última dictadura”.

Jorge Rafael Videla con el Ministro de Agricultura Jorge Zorreguieta y una solicitada de la Sociedad Rural Argentina
apoyando a la dictadura y su política agraria.

La tesis de Gárgano cita a la ingeniera agrónoma Mara Saucede, quien explicaba en el seminario Ruptura y reconstrucción de la ciencia argentina, organizado en 2007 por la entonces Secretaría de Ciencia y Tecnología: “Los equipos más diezmados, atacados e incluso los conocimientos negados como tales fueron aquellos que desde las diferentes disciplinas trataron de integrar los aspectos sociales con los productivos, y de reconocer las profundas diferencias e inequidad entre los sectores rurales. El reconocimiento de los pequeños productores, y de sus requerimientos y demandas de tecnologías apropiadas, eran en sí mismo un pensamiento subversivo”. Un documento desclasificado de la Embajada de los Estados Unidos sostiene que, en diciembre de 1976, se estimaban en el INTA más de 180 cesantías y 20 personas arrestadas.

Ahora bien, lo ocurrido en el INTA no fue una excepción. El CONICET, por ejemplo, fue objeto de una traumática reorganización precedida de un número no determinado de arrestos y la cesantía, en los primeros días del golpe militar, de casi un centenar de investigadores por razones ideológicas. La creación de institutos propios de la institución –sin vinculación con las universidades– pasó de siete a mediados de los años setenta a 116 en 1983, el presupuesto del CONICET se multiplicó por siete y los gastos de funcionamiento por doce. Este fenómeno de creación de institutos y el crecimiento desproporcionado del personal y de la superestructura administrativa significó la desvinculación del CONICET de las universidades y el consecuente debilitamiento de la investigación en estas últimas. De acuerdo con Gregorio Weinberg, mientras que, entre 1972 y 1975, los gastos en investigación de las universidades representaban, en promedio, el 24,15 % del presupuesto total, durante los años de la dictadura estos gastos se redujeron al 7,8 %. Inversamente, mientras que durante el primer período señalado el presupuesto asignado al CONICET representó el 11,4 % de las inversiones públicas en ciencia y tecnología, durante la dictadura pasó al 23 %.

Sin embargo, los hechos más graves en esta institución se relacionan con el montaje de un modus operandi que apuntó a la defraudación económica sistemática y que, luego del retorno a la democracia, llevaría muchos años desmontar. Se trató de una trama administrativa para la manipulación del régimen de subsidios con el propósito de transferir fondos públicos a manos privadas. A partir de 1976 se creó en el ámbito del CONICET un pequeño número de asociaciones y fundaciones –integradas, en su mayor parte, por investigadores y agentes administradores del organismo– para la intermediación en el manejo de subsidios otorgados a algunos institutos.

Quince científicos y trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica fueron desaparecidos.

Con respecto a la CNEA, hoy se sabe que, además de los centenares de despidos, veinticinco miembros de la CNEA fueron secuestrados, de los cuales quince figuran en la lista de desaparecidos. También existen evidencias claras de que una parte del personal de la CNEA estuvo bajo estricta vigilancia, como más tarde fue confirmado por el descubrimiento de alrededor de 200 legajos personales “paralelos”, con información ideológica, gremial y política. Según el periodista Raúl Arcomano, hasta donde se sabe, a fines de 1976 habían sido desvinculados por distintos mecanismos alrededor de 600 profesionales, técnicos y administrativos de la CNEA

La democracia que se inicia en diciembre de 1983 iba a heredar un plan nuclear sobredimensionado para la capacidad financiera y presupuestaria de un país devastado por la deuda externa. Durante el gobierno de Alfonsín se iban a paralizar numerosas obras del plan nuclear iniciadas durante el gobierno de facto –como la planta de reprocesamiento de plutonio de Ezeiza o la central Atucha II– y el gobierno de Menem iba a organizar el desaguace del sector nuclear

Finalmente, con la clausura del modelo de sustitución de importaciones y el subsiguiente proceso de desindustrialización selectiva iniciado por la política económica de la última dictadura, el INTI quedó a la deriva. Al día siguiente del golpe fueron despedidas 150 personas. Hoy se habla de dos desaparecidos: el físico-químico Alfredo Giorgi, investigador del Centro de Plásticos del INTI, y María del Carmen Artero de Jurkiewicz, secretaria del Centro de Química. Se sabe que el 27 de noviembre de 1977, a las 4:20 p.m., seis hombres arrestaron en su laboratorio a Giorgi, de 33 años, que también trabajaba en la Universidad Nacional de La Plata. Ese día muchos directivos del INTI no estuvieron presentes.

Algunas áreas del INTI fueron clausuradas por razones políticas o porque dejaron de ser “económicamente viables”. Por ejemplo, el grupo de electroquímica aplicada, que contaba con dos directores de muy alto nivel académico y con capacidad de asistir a la industria, fue desarmado. Llevaría más de diez años recomponerlo. En el grupo de semiconductores, integrado en los inicios de la dictadura por quince personas, quedaron solo tres investigadores.

El secuestro del físico Antonio Misetich y otros científicos fue denunciado en diferentes ámbitos académicos y periódicos
del mundo.

Entre las consecuencias de las políticas de la dictadura, a comienzos de 1981 fue promulgada una nueva Ley de Transferencia de Tecnología, que desreguló el régimen de importación de tecnología. Concebido en sus orígenes para promover y acelerar la incorporación de tecnología a la industria, el INTI quedó relegado al papel de entidad con “autoridad” para registrar contratos y operaciones de importación de tecnología, con una función estadística e informativa.

Esta breve síntesis de los efectos de la última dictadura sobre cuatro de las principales instituciones de investigación y desarrollo de escala nacional pone en evidencia que las políticas de terrorismo de estado cumplieron objetivos que se articulaban con intereses económicos de largo plazo. La destrucción de capacidades tecnológicas y científicas benefició a la “patria contratista”, sector de grupos concentrados que hoy mantiene vigente una “cultura empresarial” consolidada en aquel período: aversión al riesgo, búsqueda de rentabilidad de corto plazo, conductas predatorias respecto del Estado, dinámicas oligopólicas respecto de los segmentos de mercado en los que operan, aplicando prácticas dominantes sobre las pymes, instalando relaciones de poder en las cadenas de valor que impactan sobre la competitividad del conjunto de la economía, que dan prioridad al potencial de renta financiera por encima de la economía productiva, que son fugadores de capitales y que, por lo tanto, no están interesados en la transformación de la matriz productiva y el desarrollo de capacidades tecnológicas y científicas locales.

Mucho queda por comprender sobre la forma en que operaron las políticas de terrorismo de estado sobre el sector de tecnología y ciencia, así como la herencia de las dinámicas autoritarias en la vida de las instituciones públicas de investigación y desarrollo.