Tras el decreto que modificó las condiciones de acceso a pensiones por discapacidad, unas 2000 han sido suspendidas mientras que otras 200.000 corren el mismo riesgo. Organizaciones civiles y de personas con discapacidad afirman que la medida es inconstitucional y advierten sobre la situación crítica en la que se encuentra uno de los sectores más vulnerables de la población.