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Agencia TSS — En la Argentina hay más de 600.000 kilómetros cuadrados de humedales, el 21,5% del territorio nacional, un área que aumenta al 23% si se consideran salinas y cuerpos de agua. Sin embargo, todavía no existe una legislación que los proteja. Actualmente, diversas organizaciones ambientales continúan reclamando la sanción de una ley de presupuestos mínimos, que establezca una regulación de protección del ambiente y no limite a las provincias a establecer una protección mayor.

“Se hace mucho énfasis en la desaparición de bosques, que no es un tema menor, pero la tasa de pérdida de humedales es mas importante que la de otros ecosistemas terrestres o acuáticos”, dijo Rubén Quintana, presidente de la Fundación Humedales Argentina y decano del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín (3iA-UNSAM), durante un encuentro entre especialistas, técnicos y profesionales vinculados al estudio, la conservación y el manejo de los humedales. La convocatoria fue realizada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, y también participaron representantes de organizaciones vecinales y ambientales.

Ambiente prevé desarrollar un plan nacional de humedales que promueva su conservación y facilite la interacción entre organismos gubernamentales, instituciones de ciencia y tecnología y la participación ciudadana, según afirmó la directora nacional de Gestión Ambiental del Agua y de los Ecosistemas Acuáticos, Gabriela González Trilla.

Según Quintana, desde el año 1700 se perdió hasta un 87% de los humedales en el mundo, algo que se acrecentó notoriamente durante el siglo XX (entre el 64 y el 71%). Según datos de la Convención Ramsar de 2018, entre 1970 y 2015 se registró un descenso global de aproximadamente un 35% de humedales, más de tres veces la tasa media anual de pérdida de bosques naturales, con una marcada aceleración desde el año 2000. Las principales causas: el avance de la frontera agropecuaria y la intensificación agrícola y ganadera, la minería, la exportación de modelos productivos de ecosistemas terrestres a los humedales, el incremento de urbanizaciones y el desarrollo de infraestructura como viaductos, carreteras, represas y emplazamientos industriales.

“Los humedales son ecosistemas dinámicos, característicos por su variabilidad y su conectividad con otros ecosistemas”, afirmó Laura Benzaquen, especialista del Ministerio de Ambiente de la Nación. Actualmente, continúa en desarrollo la elaboración de un inventario nacional de humedales, para el cual se ha consensuado considerarlos como “ambientes en los cuales la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios o diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos”.

“Los aspectos funcionales son los diagnósticos de los humedales, no la estructura. Y es esta funcionalidad la que llama a un enfoque multidisciplinario. El agua marca el paso de los humedales, su presencia y mantenimiento. En última instancia, la definición dice que tiene que haber un lugar donde el agua pueda quedarse el tiempo necesario para cumplir esas funciones”, agrega Patricia Kandus,  doctora en Ciencias Biológicas y directora del Laboratorio de Ecología, Teledetección y Ecoinformática (LETyE) del 3iA, y aclaró que el modo en que se definan lo humedales es esencial, ya que influye en el tipo políticas y regulaciones que se promuevan para su conservación.

“En el corazón de esta definición está el contexto, incluso el humano. Hay que pensar espacialmente, ya que cuando pensamos el humedal en términos de paisaje, se vuelven estratégicos y estructurantes”, destacó la especialista, que participa en la elaboración del inventario nacional de humedales desde sus inicios, para lo cual están utilizando datos de radar de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). Esto no implica, dijo Kandus, una tarea de ordenamiento territorial, puesto que los humedales son ambientes dinámicos que están en continua transformación.

Por eso, Kandus considera que, aunque es importante tener una ley de presupuestos mínimos, lo ideal sería lograr una ley que facilite el uso y la gestión de estos ecosistemas, tomando en consideración los beneficios que brindan a la sociedad y sus múltiples usos posibles: “La ley debería dar capacidades al Estado para mejorar su gestión y facilitar la articulación con otros organismos, como el Ministerio de Ciencia, la CONAE y el INTA. Tenemos que sentarnos a pensar entre todos”, sugirió la especialista.

Roberto Bó, a cargo del Grupo de Investigación en Ecología de Humedales (GIEH) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), coincidió en la necesidad de conocer y contar con datos e información para poder planificar y ordenar, en el caso de lo ambiental, porque lo ecológico es la base en la que se sustenta lo sociocultural y productivo. “El ambiente es transversal y las consecuencias ambientales muchas veces son producto de medidas que se toman en otro ministerios”, afirmó el especialista , que estuvo presente la semana pasada en el Primer Foro Nacional de Humedales que tuvo lugar en Villa Ocampo, Santa Fe, del que participaron 120 personas de diferente ámbitos y del cual surgió una declaración en la que se habla de conservarción entendida en sentido amplio, a veces preservando (definiendo zonas protegidas) y, en otras, en función de usos sustentables del territorio.

Por el agua y contra el cambio climático

“Me levanto todos los días y me baño con agua del río, que tiene antibióticos y pesticidas. Todos los días me enveneno un poquito, todos los días veo pasar algún barco grúa con tierra que va a rellenar algún segmento del humedal o está abriendo un nuevo canal en una isla del Delta. Necesitamos medidas urgentes y leyes locales que permitan frenar la antropizacion de los humedales”, reclamó Rubén Bragamonte, vecino del Observatorio Humedales por el Delta, un gran sistema de humedales que hoy se encuentra en peligro debido a los cambios en el uso de la tierra y el avance de grandes emprendimientos inmobiliarios.

Esta realidad no solo está afectando el ambiente, sino también el modo de vida y las actividades económicas tradicionales que se desarrollan en la región. El Delta del Paraná abarca unos 17.500 kilómetros cuadrados, a través de un territorio compartido por las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe. El río Paraná es el segundo en importancia de América del Sur y forma parte de la Cuenca del Plata, uno de los corredores de humedales más importante del mundo.

“Entre 1999 y 2013, se ha pedido casi el 42% de la vegetación hidrófila de la región del Delta, debido principalmente al avance de los monocultivos y soja. Y en la última evaluación de la región, se observa una acumulación de más de 240.000 hectáreas de humedales endicados, que representan más del 12 por ciento de la superficie del Delta, y más de 8.000 kilómetros de terraplenes, lo que nos indica la magnitud del cambio, que lamentablemente continúa”, advirtió Quintana, que es doctor en Ciencias Biológicas, y agregó que este es solo un ejemplo local y que los humedales están en riesgo a nivel mundial.

Los humedales son imprescindibles para mantener una buena provisión de agua y mitigar los efectos del cambio climático. En la Argentina, el 70% del territorio presenta un predominio de regímenes hídricos deficitarios. A esto se suman los impactos de las actividades productivas, que muchas veces hacen un uso poco eficiente del agua, y la contaminación superficial y subterránea debido a la deficiencia en el tratamiento de efluentes industriales y cloacales y al uso de agrotóxicos.

“El agua va a ser un recurso cada vez mas crítico en el futuro cercano”, sostuvo Quintana y propuso promover prácticas de producción y consumo sostenibles en los sectores que influyen directa o indirectamente sobre los humedales, integrar a las comunidades locales en la participación sobre su gestión y articular estrategias colaborativas entre organizaciones de gestión y de ciencia y tecnología, para que las políticas publicas estén basadas en conocimiento científico.

En sintonía con esta idea, Victoria Richter, de la Comunidad Guardiana del Agua y los Humedales de Gualeguaychú, se refirió a la importancia de difundir y dar a conocer su importancia y recordó algunos logros de vecinos que se han unido frente a conflictos ambientales, como el reciente caso de Mendoza, que en diez días lograron revertir la modificación de la ley 7722 que habilitaba el uso de cianuro para megaminería, y el caso del barrio naútico Amarras, que se había empezado a construir sobre los humedales del río Gualguaychú sin estudios de impacto ambiental y provocó inundaciones en zonas densamente pobladas, y que debe ser desmantelado de acuerdo con lo dictaminado por la Corte Suprema de Entre Ríos, en octubre del año pasado. “Investigadores y especialistas hay muchos y muy buenos, lo que faltan son políticas y más participación ciudadana, para que se generen cambios de abajo hacia arriba”, concluyó.