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Agencia TSS – Además, de la suspensión de las obras del RA-10 y el CAREM por falta de fondos que debía girar el Gobierno, desde la Secretaría de Energía le pidieron a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEA) la lista de los empleados contratados, un procedimiento que se hizo en muchos organismos del Estado para luego dar de baja a personal en esa modalidad, como sucedió durante esta semana.

Andrés Kreiner, subgerente de Tecnología y Aplicaciones de la CNEA y representante de la Asociación de Profesionales de ese organismo, le dijo a TSS: “Hubo un llamado de la Secretaría de Energía, de un funcionario que ni siquiera está nombrado, que pidió el listado de los contratos aludidos en el Decreto 84/23 que se firmaron el año pasado”.

Desde la CNEA se envió solo la cantidad de contratos, sin identificar a las personas, y las autoridades nombradas durante el Gobierno anterior, que todavía siguen en funciones, aseguraron que no firmarán ningún despido, por lo que si el Poder Ejecutivo quiere hacerlo deberá nombrar primero a las nuevas autoridades. La presidenta de la CNEA, Adriana Serquis, presentó su renuncia el 10 de diciembre de 2023 pero todavía no fue aceptada.

“Hay mucha inquietud porque hubo muchos despidos en los organismos públicos, hay organismos que han desaparecido, directamente. La gente está muy preocupada y muy enojada. Desde los gremios vamos a resistir por todos los medios legales y políticos para que no haya ningún despido en la CNEA, porque no hay gente que sobre. Con Macri mandaron una auditoría para ver cuál era la planta óptima y estábamos por debajo de acuerdo con los proyectos en marcha, así que pudimos evitar la pérdida de personal”, afirmó Kreiner.

Kreiner también es responsable de un proyecto de diseño de aceleradores de partículas para el tratamiento de cáncer. La iniciativa, que se exportó a Corea del Sur, adonde todo el equipo de trabajo tuvo que viajar para instalar el equipo en un acelerador de partículas en un hospital público de ese país, está sumida en la incertidumbre: “El proyecto sigue en pie pero todavía no pudimos ejecutar absolutamente nada, no hay presupuesto. El año pasado también tuvimos problemas por falta de eficiencia en el área de Compras y si ahora se despide gente estos problemas se agravan”.

Carolina Komar Varela, delegada general de la junta interna ATE-CNEA Buenos Aires, expresó: “Nosotros estábamos exceptuados del decreto pero, además, se decía que si la contratación estaba justificada por la necesidad de sus funciones, no se podía dar de baja el cotrato. Nuestra alarma viene porque vemos que en todos lados piden ese listado y después despiden. Estamos muy al límite de la cantidad de gente que tenemos hoy, si nos piden despedir gente ya no vamos a poder trabajar”.

Otro problema que está aquejando al sector nuclear y que se repite en muchos organismos del Estado es la prórroga del presupuesto nacional del año pasado sin actualización por inflación. Esto hace que no se puedan seguir los proyectos por falta de fondos, que muchas veces necesitan proveedores de servicios o bienes internacionales que se pagan en moneda extranjera. De igual manera, los proveedores nacionales tampoco están recibiendo pagos, por lo que se están suspendiendo los servicios.

“La situación presupuestaria es crítica. Tenemos el mismo presupuesto que en 2023 pero con un 280% de inflación. Nos complica en sueldos, pero también en mantenimiento, seguridad, luz o jabón en los baños. Hoy no se puede pagar el servicio de seguridad ni el servicio de micros a Ezeiza y tenemos una gran preocupación por los compañeros tercerizados”, dijo Komar Varela. “Hay compromisos internacionales sobre seguridad radiológica que están atados a que funcionen los centros atómicos”, agregó.

Durante la década de los ’90, la CNEA se fue desmembrando para poder privatizar sus partes. Por eso hoy están hoy NASA, CONUAR-FAE y otras empresas controladas. “No se pudo privatizar porque teníamos dos centrales nucleares y una a medio construir. Hoy tenemos Atucha II y Embalse y Atucha I con su extensión de vida recién hecha, así que es una situación mucho más favorable”, explicó Komar Varela.

Fruto de los salarios bajos y la falta de contrataciones durante ’90, cuando se quiso renovar el plan nuclear a principios de los años 2000 la mayoría de los trabajadores tenían menos de 30 años o más de 55, por lo que la brecha generacional era un problema: había poca gente para ocupar cargos medios con la experiencia necesaria y el conocimiento de las nuevas tecnologías. “Formar a una persona para que pueda desarrollar tareas en la CNEA lleva muchos años porque son muy específicas. Tanto los profesionales como los técnicos no son reemplazables así nomás. Además, hoy los sueldos están muy bajos y es difícil retener a los trabajadores. Es algo que nos quedó pendiente del Gobierno anterior y ahora no creo que se pueda solucionar porque el actual viene a destruir todo, con saña y con desconocimiento total de las consecuencias”, lamentó Komar Varela.

Paradójicamente, mientras desfinancia al sector nuclear y promueve despidos, el Gobierno promociona el desarrollo del proyecto CAREM en el exterior. Las consecuencias de interrumpir este y otros proyectos de la CNEA como el RA-10, que se encuentra muy avanzado y permitiría el autoabastecimiento de insumos para medicina nuclear y la investigación en el área nuclear, no solo impactan en la industria y la medicina, sino en la posibilidad de desarrollo nacional y en el aporte de divisas por exportaciones.