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Agencia TSS – El Fondo Fiduciario de Promoción Científica y Tecnológica (FONDOTEC)  fue creado en 1990 por la Ley 23877 del Congreso y tenía la función de guardar los fondos que ya estaban asignados a un proyecto de la Agencia I+D+i hasta el momento en que fueran gastados. Así, y sobre todo en tiempos de inflación, el dinero era invertido por el Banco Nación para que los fondos no perdieran valor. También permitía guardar los fondos que no habían sido usados en un año para el siguiente. Como los fondos de la Agencia provienen de distintas fuentes (el 80% llegaron a corresponder a organismos internacionales) también puede utilizarse en diferentes momentos del año. Algunas veces todo junto, en un gran desembolso, y otras en cuotas. Por eso también es importante poder centralizar los fondos y resguardarlos de su desvalorización.

Entre los considerandos del Decreto 312/25, que el Gobierno usó para dar de baja este fondo y al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), se argumenta que la Sindicatura General de la Nación encontró controles internos débiles y que la Ley de Emergencia y Poderes Delegados le permite al Poder Ejecutivo tomar medidas para reducir el Estado.

Fernando Peirano, quien fue presidente de la Agencia I+D+i hasta diciembre de 2023, le dijo a TSS: “Esto no tiene costo para el Estado sino que, al revés, permite que los fondos se usen con eficiencia, que la Agencia, en representación del Gobierno, pueda apoyar a los proyectos de ciencia y tecnología. Esta medida no tiene nada que ver con un ajuste, no genera ningún ahorro fiscal. Tiene que ver con que no pudieron eliminar la Agencia I+D+i en la Ley Bases porque el Congreso no se lo permitió, y ahora recurren a estas medidas para restarle herramientas. La Agencia está totalmente paralizada y resulta cínico que se justifique esa medida en una supuesta subejecución en un Gobierno que en 18 meses no hizo ni una nueva convocatoria ni apoyó un solo proyecto nuevo en ciencia y tecnología”.

La Agencia I+D+i no solo no lanzó nuevas convocatorias para financiar proyectos desde que asumió el presidente Javier Milei, sino que, en el caso de los proyectos que ya estaban funcionando, las cuotas se liquidan en muchos casos con retrasos y sin actualización por inflación, lo que hace que muchos proyectos que habían hecho un presupuesto para comprar equipamiento ya no puedan costearlo con los montos transferidos. En ciertos casos han sido las empresas, ya que los proyectos de muchas líneas de financiación son entre un grupo de investigación público y un privado que necesita una innovación productiva, las que terminaron pagando esa diferencia.

La falta de financiamiento del sistema científico y tecnológico nacional está afectando seriamente la carrera de los investigadores, que se planifica con muchos años de anticipación ya que requiere una licenciatura de unos cinco años, un doctorado de otros cinco y un postdoctorado de dos, por lo que un cambio de política pública tan abrupto no da tiempo a que los recursos humanos puedan adaptarse. Según Peirano, “la desaparición de este fondo es un golpe a las capacidades estatales y también a la comunidad científica porque hace que la Agencia sea un organismo más errático y vulnerable en su capacidad de respuesta en el largo plazo. La función de la Agencia es brindar fondos pero también brindar previsibilidad y con esto se ve debilitada. Es un organismo que tiene 25 años y supo ser una escuela de gestión para América Latina, y otros países han seguido su modelo institucional. A futuro se podrá rearmar el menú de herramientas que garantice un sistema de promoción ágil y moderno pero lo que no se va a poder revertir es el costo de oportunidad de los años de parálisis que estamos sufriendo, de trayectorias personales truncadas, de un fortísimo desaliento a que los jóvenes se involucren en ciencia y tecnología. Estamos tirando una de las llaves más importantes que tiene la sociedad, que es hacer del conocimiento su fuente de progreso y generación de riqueza”.

El Congreso tiene potestad para revisar todos los decretos presidenciales y derogarlos si es que dos tercios de cada Cámara los rechaza. Pero, por el momento, no parece haber legisladores decididos a impulsar una iniciativa de este tipo. La Agencia I+D+i ya tuvo la renuncia de una titular, Alicia Caballero, que decidió dar un paso al costado por la falta de intención del Gobierno de ejecutar dinero ya previsto para el sistema científico-tecnológico. Y muy poco se sabe de la gestión de su titular actual, Natalia Avendaño, ya que no existe comunicación por parte del organismo.

“La Agencia es un organismo cuya máxima autoridad es el directorio, un grupo colegiado con representantes de toda la comunidad de ciencia y tecnología y que debería ser quien tome conocimiento y exprese la conveniencia de la medida. Desde que inició este Gobierno no se ha llamado a la conformación del directorio, se carece de este control tan importante. También es preocupante el desmantelamiento de los sistemas de control y auditoría que permitirían acceder al Balance 2024 del Fondo Fiduciario para ver en qué se ha invertido y cuáles son los rendimientos de esa inversión. También queda por ver si ese patrimonio de 20.000 millones de pesos de la Agencia vuelve al sistema o si el Ministerio de Economía, que los gestionará de ahora en más, los usará para otros fines”, expresó Peirano.