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Es imposible comprender la dimensión del proceso de transformación que se inició con el gobierno de Néstor Kirchner sin calibrar el estado ruinoso del país heredado en 2003. La crisis terminal de 2001 había sido la consecuencia de décadas de desinversión en desarrollo social y en infraestructura, de desindustrialización, de desguace del Estado, endeudamiento y destrucción de fuentes de trabajo. ¿Por dónde comenzar?

En el complejo proceso de elaboración de un nuevo proyecto de país, la inversión pública en infraestructura fue uno de los pilares de los últimos doce años. Viviendas, cloacas, hospitales, escuelas, caminos, transporte, energía, telecomunicaciones, ciencia y tecnología… faltaba todo. Doce años más tarde el país real es otro. El balance que hoy puede hacerse era impensable en 2003.

Agua potable, vivienda y hospitales

Las leyes de “flexibilización laboral”, la ausencia de Estado, la fuga de capitales y el endeudamiento de los años noventa dejaron a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad en condiciones de precariedad inéditos.

Mejorar las condiciones de vida de los sectores más desprotegidos era (sigue siendo) la urgencia mayor del proceso de recuperación que se inició en 2003. Así, se puso en marcha un plan de tendido de 17.000 kilómetros de cañería de agua y 22.000 kilómetros de cloacas. Como complemento estratégico, la recuperación por parte del Estado de la empresa AySA en 2006 hizo posible hasta la fecha la incorporación de 2,6 millones de personas al servicio de agua potable y a 1,9 millones al de cloacas. Entre las consecuencias más positivas debe mencionarse que se han reducido en todo el país los casos de hepatitis de 60.000 a menos de 300 por año; y en los barrios dotados con agua potable, los casos de diarrea infantil se redujeron en un 70% y la mortalidad infantil un 35%. Todas las regiones fueron beneficiadas, aunque se destacan el Noroeste argentino y la región patagónica.

Una política nacional de vivienda enfocó su prioridad en las condiciones de pobreza estructural. Hasta el presente se han concretado más de 893.000 soluciones habitacionales –es decir, la suma de las viviendas nuevas y de los mejoramientos habitacionales– y más de 256.000 en ejecución, lo que significa haber beneficiado a más de 5 millones de argentinos a lo largo de todo el país.

En el plano de la salud, lo más destacable entre 2003 y 2015 son las 127 obras puestas en marcha en hospitales y centros de salud, de las cuales 30 han sido finalizadas y 97 están en ejecución, con obras emblemáticas, como el Hospital El Cruce, en Florencio Varela, el Hospital El Calafate, el Hospital Materno Infantil de La Rioja, el Hospital Materno Infantil Dr Alberto Balestrini, en La Matanza y el Hospital Padilla en San Miguel de Tucumán, en este último caso se trata de obras de refacción. A esto deben agregarse la construcción de siete centros de medicina nuclear en marcha a lo largo de todo el país, inversión que incluye, además de la infraestructura, también el equipamiento y los planes de capacitación de los recursos humanos.

Energía para la industria y el transporte

El abandono de la matriz neoliberal puso a la industria como núcleo de crecimiento económico y desarrollo social. La primera variable a considerar en este escenario de transformación era la energía necesaria para sostener el crecimiento de la producción en talleres y fábricas, así como del transporte. Debe recordarse que YPF estaba en manos de una empresa trasnacional española que exportaba el petróleo sin elaborar para invertir lo recaudado en otros lugares del mundo y que el plan nuclear había sido desguazado a mediados de los años noventa.

En mayo de 2004, el gobierno lanzó el Plan Energético Nacional. A once años de su gestación, el balance es una inversión de 146 mil millones de pesos y una potencia instalada en el sistema eléctrico que se incrementó un 51% (11.590 megavatios), lo que significó que 4 millones de nuevos hogares tengan la posibilidad de acceder a la red pública. Además, se construyeron más de 5500 kilómetros de tendido de alta tensión que permitieron integrar a diez provincias al Sistema Interconectado Nacional.

Un paso fundamental hacia la soberanía energética se dio en abril de 2012, cuando finalmente se pudo recuperar el paquete mayoritario de las acciones de YPF. Con esta medida, el Estado argentino incrementó su participación en el sector del 7 al 45%. En tanto, el capital privado nacional en este sector se incrementó del 13 a 30% y el capital extranjero se retrajo del 80 al 25 por ciento. Como complemento, se creó la empresa Y-TEC, sociedad entre YPF y el CONICET, para el desarrollo de tecnología nacional en el área del gas y petróleo no convencionales, además de energías alternativas.

La conclusión de dos grandes obras que se encontraban paralizadas desde 1998 es otro indicio de la capacidad de recuperación y ampliación de la infraestructura energética. Una es la represa hidroeléctrica Yacyretá, finalizada en 2011, que suma 1800 megavatios a la red eléctrica. La otra obra es la central nuclear Atucha II, cuya construcción, iniciada en 1981, se paralizó a comienzos de los años noventa y fue retomada recién en 2004 como una pieza clave de la reactivación del plan nuclear. La nueva central nuclear, rebautizada Central Néstor Carlos Kirchner, comenzó a funcionar en junio de 2014 y entrega al Sistema Interconectado Nacional 745 megavatios de potencia. Su aporte equivale a un ahorro en importación de combustible de 400 millones de dólares anuales.

Un complemento estratégico para el largo plazo es la inversión diversificada en energía nuclear, lo que hizo posible reactivar el sector en áreas como la medicina nuclear, la exportación de reactores nucleares de investigación, y el desarrollo de las tecnologías necesarias para el autoabastecimiento del combustible nuclear. De esta forma, las áreas nuclear y de hidrocarburos se posicionan como vectores estratégicos, que comienzan a producir efectos multiplicadores en otros sectores de la economía.

En paralelo, la capacidad de transporte de los gasoductos, que desde 2004 se amplió en 27 millones de metros cúbicos por día, hizo posible la conexión a la red más de 2,3 millones de hogares. En esta misma dirección, se puso en marcha la construcción del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), con 4144 kilómetros de redes troncales, que beneficiará a 3,4 millones de personas al proveer gas natural a 168 localidades de seis provincias: Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Santa Fe y Salta. También en la provincia de Santa Cruz se inauguró en 2015 la Central Termoeléctrica de Río Turbio, a carbón en boca de mina y con una potencia instalada de 240 megavatios, suficiente para abastecer a toda la provincia.

Como proyección al futuro de mediano plazo, entre las obras de mayor dimensión se encuentran la cuarta y quinta central nuclear que se están negociando con China, junto con las centrales hidroeléctricas Néstor Kirchner y Cepernic, mientras que con Rusia se acordó la construcción de la central hidroeléctrica Chihuido I. Estos proyectos son fundamentales, no solo porque en conjunto con otras obras totalizan la generación de alrededor de 5600 megavatios, sino también porque un punto central de las negociaciones se enfoca en las condiciones para la participación de la industria nacional.

Conocimiento, tecnología y valor agregado

El eslabón unificador de este proceso supone que la respuesta al mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos y la provisión de energía para el crecimiento económico debe ir acompañado de la gran meta de mediano y largo plazo que representa la transformación de la matriz productiva que haga posible pasar de un perfil de país agroexportador a un país exportador de alto valor agregado, capaz de incorporar a su producción el conocimiento desarrollado en los laboratorios nacionales. Contrariamente a los modelos que buscan la ventaja competitiva en los bajos salarios, el proyecto de país que se puso en marcha en 2003 supone la incorporación de conocimiento para la creación de puestos de trabajo de alta calificación.

Es decir, que la competitividad de las empresas y talleres nacionales debe depender de la incorporación de conocimiento y de tecnología en todos los niveles de los proceso de producción: desde el científico y el ingeniero en el diseño de productos y procesos, hasta el trabajador de planta generando mejoras a partir de su experiencia y de su permanente capacitación. La educación primaria, secundaria y universitaria, así como la infraestructura de laboratorios de investigación y desarrollo son el corazón de esta variable.

Con la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT) a fines de 2007 se impulsó el Plan de Obras para la Ciencia y la Tecnología, que contempla la construcción de más de 40 edificios destinados a la investigación científica, y más de 100 obras de ampliación y refacción, totalizando una inversión superior a los mil doscientos millones de pesos. Actualmente, de ese plan hay 123 obras ejecutadas, 16 en ejecución y 24 proyectadas. Las superficies de las obras terminadas y de las que están en ejecución suman poco más de 151 mil metros cuadrados distribuidos en todo el país, lo que cubre y supera el déficit de 120 mil metros cuadrados destinados a la ciencia y tecnología que había en 2003.

Una de esas obras es el Polo Científico Tecnológico, emplazado en los terrenos de las ex bodegas Giol. Se trata del primer centro de gestión, producción y divulgación científica y tecnológica de América Latina. El edificio alberga la nueva sede del MINCyT, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, y los Institutos Internacionales Interdisciplinarios para la Innovación. En tanto, la segunda etapa de la obra contempla el edificio del CONICET y un Centro Cultural de la Ciencia. El Polo funciona como metáfora arquitectónica del lugar protagónico que ocupa hoy la ciencia y la tecnología.

El aumento de inversión en infraestructura científica tuvo su correlato en la infraestructura educativa, que acompañó la construcción de escuelas y universidades en todo el país. La sanción de la ley de Financiamiento Educativo, en 2005, estableció un incremento progresivo de la inversión en educación, ciencias y tecnología por parte del gobierno nacional y las demás jurisdicciones, para alcanzar hoy una participación del 6% del PBI.

Como eslabón central de este proceso, el Ministerio de Planificación Federal viene desarrollando el Programa Más Escuelas. Con una inversión de algo más de 16 mil millones de pesos, se han beneficiado unos 870 mil alumnos. Durante los 12 años de gestión, ya se han edificado 1882 escuelas, mientras que 354 se encuentran en ejecución. Además, se contabilizan 5.754 obras finalizadas de ampliación y refacción. Son más de 800 mil los alumnos beneficiados en todo el país.

La principal demanda de recursos humanos que plantea el proceso de industrialización son ingenieros y técnicos. El semillero para producir este perfil de profesionales son las escuelas técnicas, seguramente las instituciones educativas más golpeadas durante la etapa de desindustrialización, que fueron finalmente clausuradas en la década de 1990. En estos últimos doce años también se recuperó la escuela técnica, con la construcción de 53 establecimientos en todo el territorio. Así, se pudo aumentar la oferta de mano obra calificada para acompañar la demanda de trabajadores especializados producida por el crecimiento de la industria y sectores como el energético el de transporte en los últimos años.

Finalmente, entre 2002 y 2013, el Programa de Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Universitaria  acompañó la creación de nueve universidades públicas: cinco en el Conurbano Bonaerense, una en Río Negro, una en Córdoba, una en Chaco y una en Tierra del Fuego. Esta apuesta a la construcción de nuevas universidades y al equipamiento y la infraestructura de las ya existentes tuvo un impacto positivo en la población estudiantil universitaria, que creció un 35% desde 2001, pasando de 1.412.999 estudiantes a 1.912.406 en 2013. Es decir, casi 500 mil nuevos estudiantes universitarios, de los cuales el 78% asisten a universidades públicas. En tanto, la cantidad de graduados se incrementó en un 80%: de 65.104 en 2001 a 117.374 en 2013.

Efectos multiplicadores intangibles

En el campo tecnológico, además de la energía y de la infraestructura para el transporte –especialmente caminos y ferrocarriles, que no hemos tratado en esta nota–, la rama que completa la tríada de base necesaria para pensar en un crecimiento robusto de la industria nacional corresponde a las telecomunicaciones. En esta área, el gobierno impulsó a través del Ministerio de Planificación, el Programa Argentina Conectada. Dentro de esta iniciativa, se destaca como un logro impensable diez años atrás, el diseño y desarrollo del ARSAT-1, el primer satélite argentino de telecomunicaciones, diseñado y construido por ingenieros y científicos argentinos. En un futuro próximo se pondrá en órbita el segundo satélite ARSAT-2, en estado avanzado de construcción y, en 2017, el ARSAT-3.

Otra iniciativa fundamental es la implementación de la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO), para el transporte de datos con alta calidad y velocidad. Como explica el presidente de la empresa estatal ARSAT, a cargo de ambos proyectos: “No existe otra red con esta capilaridad en América Latina. Y está impulsada desde el Estado”. Al momento, de los 58 mil kilómetros proyectados, ya se han construido 30 mil. Además, Argentina Conectada también incluye el programa Conectar Igualdad, dedicado a la inclusión digital, que lleva casi 5 millones de netbooks entregadas a estudiantes de escuelas públicas.

Como contrapunto de la fragmentación heredada de la crisis de 2001, hoy el proyecto de país en marcha tiene dimensiones sistémicas. La inversión en infraestructura, como columna vertebral material de este proceso, ha permitido avanzar en tres bienes intangibles imprescindibles, cruciales para los próximos años: (i) la recuperación de la autoestima como nación que se propone metas ambiciosas y las cumple; (ii) el desarrollo de capacidades crecientes de organización y coordinación a escala de país; y (iii) la estabilidad y conexión densa entre las instituciones. El resultado final es un Estado inteligente, que crea las condiciones que necesita para sostenerse en proceso de permanente aprendizaje y para continuar concretando sus objetivos con creciente eficacia.

En definitiva, se trata de traducir en inversión en bienes públicos los deseos de un pueblo que hace doce años expresa de forma contundente su deseo político de vivir en un país donde democracia significa inclusión, equidad y justicia social.