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Agencia TSS – Después de más de 20 años de idas y vueltas, el viernes 28 de junio se cerraron las negociaciones del tratado de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur. Desde entonces, se especula con cuáles serán los posibles impactos a favor y en contra del acuerdo en los distintos sectores de la economía local y regional. Sin embargo, todavía no se conoce el texto definitivo y es necesario que sea ratificado por los congresos de los países involucrados antes de que entre en vigor, un proceso que puede llevar meses o años.

“En los procesos técnicos de revisión de tratados pueden cambiar muchas cosas. Eso fue denunciado por las organizaciones mexicanas durante el NAFTA. Entre el acuerdo político y la firma del tratado se siguieron modificando cláusulas que supuestamente no estaban”, le dijo a TSS la investigadora del CONICET Luciana Ghiotto, docente de la Carrera de Relaciones Internacionales en la UNSAM. Para Ghiotto es importante tener esto en cuenta para comprender la etapa de negociaciones que se acaba de abrir tras el anuncio, del cual todavía se desconocen los detalles técnicos y hay información confusa sobre los pasos a seguir.

La UE se comprometió a entregar el documento final en un plazo de 10 días. Cuando eso ocurra, deberá ser traducido a todos los idiomas oficiales de esa región (23) y recién entonces deberá ser aprobado y firmado para posteriormente ser ratificado por los congresos de los países intervinientes, a ambos lados del Atlántico. Esa es una de las preocupaciones que manifestaron asesores que participaron en las negociaciones técnicas de este tratado pero prefirieron permanecer en el anonimato ante la consulta de TSS. El hecho de que las negociaciones y el texto se lleven a cabo solo en inglés no es un detalle menor, ya que puede generar discrepancias en las interpretaciones a la hora de las traducir el documento.

También se desconocen las condiciones para que este tratado entre en vigor. Al respecto, el economista e investigador Carlos Bianco, de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), dijo que una vez que concluyan los ajustes del texto legal y sean traducido y firmado, debe ser ratificado por los cuatro países del Mercosur y por el Parlamento de la UE. “Si llega a haber alguna cláusula dentro del acuerdo que implica competencias que los países de la UE no han delegado a la Comisión, también lo tienen que ratificar los parlamentos nacionales y en algunos casos muy federales, ya que hay parlamentos autónomos en las regiones de más de un país”, detalló el especialista, que fue secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina de 2013 a 2015.

Un artículo publicado por O Globo generó preocupación porque adelanta que el acuerdo podría entrar en vigor en Brasil antes de que sea aprobado en otros países del Mercosur. De todos modos, por el momento se desconocen las condiciones concretas estipuladas al igual que los plazos previstos, que figurarán en el texto final del acuerdo y se podrán conocer cuando se haga público.

Una negociación opaca

Desde que se firmó el pacto del Mercosur, en 1991, la región ha establecido acuerdos de libre comercio con países como Chile, Bolivia, Perú, Israel y Egipto, aunque unos años después, en 1995, se conoció la primera iniciativa para establecer un acuerdo regional con la Unión Europea. Desde entonces, las negociaciones avanzaban y retrocedían acorde al contexto internacional. La presentación de las ofertas entre 2004 y 2008 únicamente comprendieron reuniones a nivel político para reafirmar el interés de las partes en continuar la negociación. En el año 2010 comenzó una nueva etapa de negociación, durante la cual los países del Mercosur coincidían en que las concesiones no debían ser recíprocas debido a las diferencias de desarrollo relativo en ambas regiones.

Eso mantuvo las negociaciones prácticamente estancadas hasta que, entre 2015 y 2016, en coincidencia con el cambio de gobiernos en la Argentina y Brasil, los principales socios del Mercosur decidieron modificar su orientación en política comercial internacional, en el caso argentino, por ejemplo, tras la idea de que era necesario “insertarse al mundo” y que este tipo de acuerdos generaría una “lluvia de inversiones”. Tanto es así que, en los últimos años, el Mercosur ha iniciado acuerdos de libre comercio con otros países y regiones como Canadá, Corea, Singapur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por su sigla en inglés), actualmente compuesta por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, tal como figura en un documento publicado en la misma web de Cancillería.

“El Mercosur es una de las regiones del mundo con aranceles más altos. Para la Unión Europea, esto significa lograr un acuerdo que genera nuevos espacios de negocios y muestra capacidad de gestión y resultados para un sector que está disputando el poder. Para el Gobierno argentino, por su parte, muestra la utilidad de concretar un modelo de inserción internacional que se planteó hace tres años, a lo que se suma la necesidad de dinamizar la economía que tiene Bolsonaro en Brasil. Todo eso generó una convergencia de intereses que explica este acuerdo cuando nadie lo esperaba”, le dijo a TSS Julieta Zelicovich, doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Zelicovich cuestionó que el proceso de negociación haya sido “bastante opaco”, sin consultas con la sociedad civil, el sector académico y empresario.

“No hubo mecanismos de consulta y los documentos de las diferente instancias de negociación con los que nos manejamos son los que publicó la Unión Europea. Así, hoy nos encontramos con un acuerdo del que no tenemos mucha idea y no hay intención oficial de hacer parte a la ciudadanía en este proceso negociador. Es un punto a reflexionar y un motivo para presionar por una política exterior mas democrática”, dijo Zelicovich y recordó que el único estudio de impacto que se conoce fue hecho por la Universidad de Manchester a pedido de la UE, en el año 2013 y con información del año 2007. “Hablan de una ganancia global pero con fuertes impactos redistributivos, en el sentido de que los sectores económicos que más empleo traccionan, como automotor, textil y químicos, son planteados como los perdedores del acuerdo. De todos modos, eso no lo sabremos hasta que veamos la letra chica”, detalló Zelicovich.

“El Ministerio de Producción hizo estudios de impacto y daban mal, por eso nunca se publicaron”, dijo Bianco y agregó que, mientras se desempeñaba en Cancillería hicieron un estudio de impacto que tampoco se hizo público en ese momento, pero del cual sí se dieron a conocer los resultados en una publicación posterior, en el año 2016, con conclusiones similares a las anticipadas por Zelicovich. “Muestra que un acuerdo amplio con la Unión Europea generaría una inundación de importaciones de productos industriales europeos, puntualmente de algunos sectores como automóviles y autopartes, maquinaria y equipo, medicamentos, productos de la industria química y productos de caucho y plástico, entre otros. La principal preocupación surge por la pérdida de competitividad frente a productos europeos, principalmente de esos sectores, que ingresarán con las mismas condiciones a Brasil, que hoy es el principal socio comercial de Argentina”, detalla el economista que actualmente acompaña a Axel Kicillof en su campaña por la gobernación de la provincia de Buenos Aires.

Blanco destaca que, según algunos negociadores con los que tuvo contacto, para la Argentina no hay resultados positivos comerciales con este acuerdo: “Se firman porque es una señal política, en un contexto electoral, de que nos abrimos al mundo, nos integramos y estamos a favor del libre comercio”, afirmó.

“Es el acuerdo más flexible que haya firmado la UE, por todo lo que deja afuera. Y esa flexibilidad implica que cualquier estudio de impacto que se hizo basado en las reglas de otros acuerdos no sirve”, le dijo a TSS uno de los negociadores consultados. “El cierre de las negociaciones hay que leerlo en términos más políticos que económicos, tiene que ver con un momento muy particular tanto para el Mercosur como para Europa. Cuando sea público el documento final vamos a poder analizar en verdad qué implica este tratado para cada una de las economías y sociedades que se verán afectadas”, coincidió Zelicovich.