Educación superior: Diferencias en la globalización

El Observatorio CTS presentó los últimos indicadores de la educación superior, en los que se advierte una mayor presencia de mujeres en las matrículas y un avance de las instituciones privadas en América Latina, entre otros aspectos. Especialistas del sector educativo reflexionaron sobre los resultados del informe y el rol estatal en la definición de políticas.

Por Vanina Lombardi  
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Agencia TSS – Durante los últimos años se produjo una “feminización” de la educación en América Latina. En varios de los países de la región más del 60% de la matrícula y los egresos corresponden a mujeres. En particular, aumentó la inscripción femenina en carreras de educación superior, con un 55% del total de inscriptas promedio, en la región, según datos de 2017. Las conclusiones surgen de la última edición del Panorama de la Educación Superior en Iberoamérica, elaborado por el Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad (OCTS-OEI), a partir de datos publicados por la Red Iberoamericana de Indicadores de Educación Superior.

“La matrícula femenina suele ser mayor, pero no en todas las carreras. Ingenierías, ciencias naturales y tecnologías de la información son las que menos mujeres tienen, aunque esto es heterogéneo según los países”, aclaró la socióloga Nancy Montes, que es investigadora del Área Educación en FLACSO, durante la presentación de este informe, a principios de diciembre.

Si se considera el total de la matrícula, las carreras más elegidas fueron las vinculadas con administración de empresas y derecho (con valores aproximados al 20% en la matrícula de países como la Argentina, Chile y Uruguay, y superiores al 30% en Brasil, Colombia y México), seguidas por las ingenierías, industria y construcción, y salud y bienestar. Por el contrario, en ciencias naturales, matemáticas y estadística la participación de la matrícula es inferior al 4% en la mayoría de los países, excepto en la Argentina, España y Portugal, adonde los estudiantes en esas áreas alcanzan el 7,1%, 5,5% y 6%, respectivamente.

También hubo un crecimiento de la matrícula privada: “El 54% corresponde a personas que estudian en universidades privadas, y en Chile, Perú, el Salvador y Brasil están por encima de esa proporción”, agregó la especialista en educación superior Ana Fanelli, que es investigadora del CONICET en el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES). Según Fanelli, entre 2010 y 2017 la graduación mejoró en la región, “pero hay una gran heterogeneidad y dispersión entre los países, en algunos son muy altos y en otros muy bajos, con algunos intermedios como la Argentina”.

En América Latina, en promedio, el gasto en educación superior con respecto al PBI fue de aproximadamente el 1% entre 2010 y 2017.

Además, la especialista advirtió que todavía existe una baja proporción de personal académico con título de doctorado: “Se sabe que el dato de la Argentina es similar al de Chile, de alrededor del 11%. Es un tema a prestar atención si se compara con Brasil, adonde un 44% del personal académico tiene doctorado, o Portugal, donde alcanzan el 60%”, detalló.

Fanelli también se refirió al gasto total en educación superior con respecto al PBI, que en América Latina fue de aproximadamente el 1%, en promedio, entre 2010 y 2017. “En general, todos los países mejoraron, pero sigue siendo inferior al 1,5% promedio de la OECD”, sostuvo y aclaró que este dato surge de considerar el gasto público de Brasil en educación superior, que hoy solo incluye al 25% de los estudiantes de ese país, pero teniendo en cuenta que el tamaño de Brasil impacta en el promedio regional. Si se incluyera al sector privado de ese país, el promedio de inversión regional sería superior al indicado.

Diversidad no visible

“La sistematización de las miradas acerca de la educación superior tiende a homogeneizar los indicadores”, destacó la especialista en políticas educativas Adriana Puiggrós, que fue fundadora de la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE), y habló sobre la importancia de discutir el término calidad, puesto que esto impactará en las prácticas pedagógicas.

“La sistematización de las miradas acerca de la educación superior tiende a homogeneizar los indicadores”, dice Puiggrós.

“Creo que hay que diferenciar el alcance de los instrumentos. El documento define calidad como propiedad de una institución o programa que cumple con estándares previamente establecidos por una agencia u organismo de acreditación. Así, la calidad se define en un nivel institucional que es bastante limitado. Cuando se hacen críticas a evaluaciones estandarizadas yo preguntaría qué agencia las produce, con qué conceptos están trabajando, qué sujetos están involucrados. Además, la evaluación estandarizada me permite un conocimiento y actúa en determinado registro pero no en otros”, sostuvo la especialista y advirtió sobre el “fuerte avance” de las agencias privadas en las evaluaciones de calidad, que han desplazado al Estado de “su papel central”, puesto que es el “único sujeto” que tiene la capacidad de ver el conjunto.

“Hace años que desde la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) en la construcción de sistemas de confianza que sirvan de validación de buenas prácticas a nivel regional, que haya criterios comunes para la evaluación para que países donde todavía no hay una agencia puedan tomarnos como referencia”, dijo Martín Strah, director de Derechos y Recursos Internacionales en la CONEAU. Y agregó: “Entendemos el aseguramiento de la calidad como política pública que tiene que estar a cargo del Estado para que cada estudiante, en cualquier parte del país, pueda acceder a educación superior de calidad”.

Puiggrós también se refirió la la “debilidad jurídica” del sistema de educación superior actual. “Todos sabemos que tenemos muchas instituciones y una ley remendada”, lamentó la especialista –que fue una de las autoras del proyecto de Ley de Educación que se aprobó en 2015– y subrayó la importancia de tener en cuenta la heterogeneidad del campo de la educación superior, que cuenta con sedes y subsedes de universidades, colegios secundarios que han sido abiertos por universidades, institutos universitarios e, incluso, institutos docentes y de formación tecnológica. En este sentido, se preguntó cómo aplicar los principios normativos de la auditoría, evaluación y acreditación en instituciones que cumplen diversas funciones sociales que no son las previstas, como ocurre, por ejemplo, en algunas universidades del conurbano, que tienen un impacto en las familias y comunidades. “Esto entra de alguna manera en la diversidad no visible, y desde una mirada político educativa alentaría muchísimo a avanzar en ese equilibrio entre lo que responde al innegable proceso de globalización y, al mismo tiempo, en dar cuenta de las diferencias”, concluyó.


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