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Agencia TSS – De acuerdo con los datos del Censo 2010, el 12,9% de la población total tiene discapacidad, lo que equivalía en ese momento a 5.175.105 personas. Esta proporción coincide con las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según la cual hay un 15% de personas en el mundo con alguna discapacidad. Si se aplicara ese mismo porcentaje a la población total de la Argentina que surge del Censo 2022, el número de personas con discapacidad hoy ascendería a 5.964.293, por lo que solo el 20% del total de personas con discapacidad estaría recibiendo una pensión no contributiva. Los datos surgen de un análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que fue presentado en una charla informativa para periodistas.

Sin embargo, desde el Gobierno no reconocen esta situación. Desde el comienzo de esta gestión presidencial, no solo se ha recortado el presupuesto devengado destinado a tal fin, que en 2024 fue un 12,45% menor que en 2023 y en lo que va de este 2025 es un 29% inferior, sino que también se han modificado las condiciones de acceso a las pensiones por discapacidad, mediante un decreto que las organizaciones civiles consideran regresivo en cuestión de derechos y anticonstitucional.

“El principal problema del decreto es que vuelve a establecer una medición basada en la supuesta validez o invalidez laboral de las personas”, afirma Eduardo Quiroga, abogado del Programa Derechos de las Personas con Discapacidad de ACIJ, y aclara que semejante denominación es anticonstitucional ya que la Argentina está suscripta a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que obtuvo jerarquía constitucional en 2014 y tiene una mirada desde los derechos humanos, según la cual la exclusión del mercado laboral no puede medirse con parámetros médicos, sino por las barreras sociales que impiden que las personas ejerzan su derechos en igualdad de condiciones.

La CDPD, además, establece que los gobiernos tienen la obligación de asegurar el acceso a programas de protección social y a un nivel de vida adecuado, así como brindar asistencia para enfrentar los gastos relacionados con la discapacidad; y garantizar el derecho a vivir en forma independiente. Por el contrario, el decreto vigente pone en riesgo esos supuestos ya que, por ejemplo, establece la incompatibilidad con el trabajo y percepción de otros ingresos, a pesar de que el monto de las pensiones es muy bajo. Esto obliga a las personas con discapacidad a buscar trabajos informales para no perder su pensión, e incluso a depender de otras personas, ya que si la familia puede mantenerla, eso también es razón para que no le otorguen su pensión.

El decreto que modifica los requisitos de acceso, la tramitación, las obligaciones de los beneficiarios y las causales de suspensión y caducidad, es el número 843, de septiembre de 2024. Desde entonces y hasta abril de este año, ya se habían suspendido alrededor de 2000 pensiones por discapacidad y, según el análisis presentado por ACIJ, se estima que esta cifra puede alcanzar o superar las 200.000 pensiones suspendidas.

“El nuevo marco normativo implica un retorno al modelo médico, viola el principio de no regresividad y se hizo sin participación de las personas con discapacidad y organizaciones afines, tal como lo establece el CDPD en su artículo 4.3”, sostuvo Celeste Fernández, codirectora de ACIJ, durante el encuentro informativo con periodistas del que participó TSS, y dijo que a eso se suman irregularidades en el modo en que se está evaluando a las personas, que también pueden ser considerado anticonstitucional, ya que afecta los derechos individuales. “No se sabe bien cómo lo están haciendo: algunas fueron evaluadas con la ley anterior y otras con el decreto actual; eso es un problema grave en términos de seguridad jurídica”, advirtió.

De manera similar, el año pasado comenzó un proceso de auditorías, primero en la Ciudad de Buenos Aires y que luego se extendió a otras provincias, por lo que muchas personas comenzaron a recibir cartas documento citándolas a presentarse en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), bajo apercibimiento de suspender la pensión en caso de no hacerlo. Una de ellas fue Karina Herrera, que es mamá de dos niños con síndrome del espectro autista, que dejó de percibir su pensión en diciembre de 2024. “Hasta la fecha, no pude ver el expediente ni los motivos por los cuales me suspendieron la pensión”, reclama Herrera, y recuerda que luego presentó dos notas ante la ANDIS, desde donde le indicaron que actualizara sus estudios médicos para rehabilitar la pensión. “Llevo seis meses tratando de conseguir un traumatólogo de columna y recién conseguí turno para fines de este mes”, cuestiona.

El acceso a los servicios de salud es una de las principales barreras que suelen encontrar quienes necesitan mantener sus pensiones, así como también para acceder al Certificado Único de Discapacidad (CUD). Además, las auditorías que se están implementando presentan inconvenientes y generan situaciones que aumentan la vulnerabilidad de las personas afectadas, ya que el procedimiento es “bastante improvisado, ya que no existe una metodología o un protocolo claro que el Estado haya elaborado para regularlo”, según advierte Quiroga. “Están convocando a las personas con la obligación de presentar documentación médica pero no hay ninguna norma que detalle qué tipo de documentación médica es la que tienen que presentar, cuál se va a tener por válida, si tienen que renovar estudios médicos o si con un certificado ya es suficiente”, ejemplifica, y agrega que tampoco existen plazos ni se reguló qué tiene que hacer la persona o cuáles son las alternativas para quienes no pueden trasladarse.

“Muchas personas están siendo convocadas a lugares donde, una vez que llegan, les dicen que ahí no están auditando o directamente no existen los establecimientos en las direcciones indicadas”, continúa Quiroga, y advierte que hay casos en los que se cita a las personas a lugares muy lejanos a sus domicilios, hasta 500 kilómetros, y no se ofrecen alternativas virtuales o visitas a domicilio para quienes por su situación no puedan asistir presencialmente. Tampoco se les ofrece transporte accesible ni apoyos para el traslado y las instalaciones en las que se realiza el proceso son inadecuadas e inaccesibles.

“Con las auditorias hay un problema de forma y otro de fondo”, sintetiza Quiroga, y explica que “las personas no pueden defender adecuadamente su derecho a la pensión, por ejemplo, ya que desconocen cómo sigue el procedimiento, cómo participar o tener información adecuada. Y de fondo, porque la auditoría se basa en una norma inconstitucional, que es la que modificó las pensiones vigentes”.

Por otro lado, las personas que dejan de recibir sus pensiones también pierden acceso a Incluir Salud, que es el programa federal que brinda cobertura médico-asistencial a los titulares de pensiones no contributivas (PNC), un servicio que también está siendo desfinanciado, lo que afecta tanto a beneficiarios como a prestadores. Al respecto, el informe de ACIJ detalla que el presupuesto devengado para la Atención Médica a los Beneficiarios de pensiones no contributivas se redujo un 11,5% entre 2023 y 2024, y en lo que va de este 2025 esa disminución alcanza el 30,6%.

Por todas estas irregularidades en las auditorías y pedidos de suspensión de pensiones, en septiembre del año pasado más de 130 organizaciones habían enviado una solicitud al Director Ejecutivo de ANDIS manifestado su preocupación. En mayo de este año, nuevamente un conjunto de organizaciones civiles enviaron una carta, esta vez al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que denuncian la emergencia que está atravesando este sector en la actualidad. Además, apoyan la declaración de una Ley de Emergencia para las Personas con Discapacidad, que propone actualizar los fondos para transportistas, acompañantes terapéuticos y prestadores, además de reactivar la entrega de pensiones por invalidez. El proyecto ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y se espera que sea tratado en Senadores, aunque desde el Gobierno ya adelantaron que, de aprobarse, sería vetado.