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Agencia TSS/Comunicación UNSAM – Con la aprobación del proyecto Terminal Multipropósito Timbúes, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) extiende sus beneficios a una infraestructura que se insertará en un corredor exportador ya consolidado, el cual cuenta con casi una treintena de terminales portuarias privadas o privatizadas por donde sale cerca del 40 % de las exportaciones argentinas.

La empresa constituye una excepción dentro del RIGI: de los 23 proyectos aprobados —la mayoría vinculados a los sectores de minería y petróleo—, es el único orientado al desarrollo de infraestructura y, además, el único cuya actividad estará directamente ligada al complejo agroexportador.

En esta entrevista, Jerónimo Montero Bressán, investigador del Centro de Estudios Sociales de la Economía (CESE) de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (EIDAES) de la UNSAM, caracteriza esta zona productiva de la provincia de Santa Fe y se refiere a las particularidades del proyecto en Timbúes.

Entre otras cosas, explica cómo un puñado de multinacionales logró moldear el territorio para la exportación de soja desplazando al Estado de funciones críticas como el control del comercio exterior de granos, y advierte sobre los riesgos de la privatización extrema de estos puertos, como la permeabilidad para la fuga de capitales y el avance del narcotráfico en la región.

 

¿En qué consiste tu investigación?

Junto con Martín Schorr, investigo las relaciones entre dependencia económica y transformaciones territoriales históricas, particularmente en torno al complejo agroexportador e industrial-portuario del Gran Rosario. Me interesa entender la organización espacial del territorio, la expresión material del modelo productivo y económico, y detectar qué revela sobre el proyecto de desarrollo nacional en base al concepto de “procesos de producción de espacio”. Un concepto que cuestiona la visión de las ciencias sociales, que suelen considerar el territorio como un mero escenario o paisaje de la economía, y que asume el espacio como una variable económica fundamental. En concreto: el capital produce el espacio y lo acomoda a su imagen y semejanza, según sus necesidades, haciendo que la organización territorial sea la expresión material del modelo productivo y de la inserción económica del país en el mundo.

¿Por qué eligiste trabajar en la zona portuaria del Gran Rosario?

Es un lugar privilegiado para observar cómo cambió la economía nacional a partir de la dictadura militar, que de alguna manera fijó el fin de la industrialización por sustitución de importaciones y dio lugar a un proceso de reinserción dependiente en la economía mundial, a partir de la exportación de commodities de base agrícola.

¿Cómo se caracteriza esa región en la actualidad?

La zona del Gran Rosario es un espacio armado por un puñado de multinacionales a su imagen y semejanza. Es un complejo agroexportador que se extiende hacia el norte y sur de Rosario, entre las localidades de Timbúes y Arroyo Seco. Son setenta kilómetros sobre el margen derecho del río Paraná, que están prácticamente dominados por un puñado de menos de diez empresas. Entre ellas, las cuatro más grandes del mundo, conocidas como ABCD: ADM (Archer Daniels Midland), Bunge, Cargill y Dreyfus (Louis Dreyfus Company). A estas se suma COFCO, el holding de procesamiento y comercialización de alimentos más grande de China, que llegó al país en 2014.

¿Qué riesgos representa este avance de empresas privadas a cargo de los puertos?

El Estado fue desplazado progresivamente de la actividad portuaria, cediendo ante un fuerte lobby empresarial obsesionado con impedir la fiscalización. Hoy, el control del grueso de las divisas está en manos de las propietarias de los puertos, que desarrollaron mecanismos de fuga de capitales y subfacturación de exportaciones. Junto a esto, esquemas como el RIGI vienen a legalizar e institucionalizar la total falta de control estatal.

 

Con el RIGI se aprobó la construcción de una nueva terminal portuaria en Timbúes, ubicada dentro de esta misma zona.

Exacto. Lo que tiene en particular este proyecto es que no viene a desarrollar nada nuevo, viene a sumar un puerto a un sistema que ya está dando signos de sobreproducción. Ya en 2019, la Bolsa de Comercio de Rosario había dicho que el complejo podía exportar toda la soja que se producía en el país. Sin embargo, luego de esa advertencia se abrieron dos terminales más: ACA Timbúes y Renova Timbúes. Y ahora se van a sumar otros dos puertos; entre ellos, la terminal multipropósito de Timbúes, cuya cara visible es el empresario argentino Juan Manuel Ondarcuhu, que estuvo procesado por contrabando y lavado de dinero, y fue absuelto hace unos años.

¿Cuáles son los principales riesgos de este proyecto en particular?

El principal problema es que se suma a un sistema portuario que ya padece sobrecapacidad y que algunos postulan que se mantiene con vida gracias al narcotráfico. No suma ni capacidad exportadora ni productividad económica, a pesar de lo cual se le otorgan estos enormes beneficios impositivos. Por el contrario, estos puertos generan un fuerte impacto socioambiental: producen contaminación hídrica, destruyen la pesca artesanal y privatizan el acceso al río, todo a cambio de un puñado de empleos directos para quedarse con el grueso de la renta agraria.

¿Cómo impactan estos procesos sobre la población y el territorio?

En este caso, creo que lo importante es identificar el origen de la riqueza y el reparto injusto y desigual. La ampliación del complejo portuario-industrial del Gran Rosario habilitó la ampliación de la frontera sojera, y ahí es donde reside el problema. Si en vez de mirar los puertos, miramos el proceso de avance de la frontera agrícola, vemos que se llevó adelante a partir de la devastación de bosques, el acaparamiento de tierras y el desalojo violento de pueblos originarios. Así, el origen de la riqueza apropiada por los dueños de los puertos es la renta agraria extraída por unos cincuenta mil productores en doce provincias del país. Sumado a eso, convertir un pedazo de barranca en un puerto no genera nueva riqueza; más bien, le da salida a la riqueza producida en otro lugar. Las ocho multinacionales que controlan este complejo agroexportador, junto con la enorme cooperativa ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas), monopolizan la capacidad para exportar. Este oligopolio les permite, entre otras cosas, cargar nada menos que la totalidad del costo de las retenciones a los productores. Entonces, discutir los puertos es cuestionar la sojización y el uso de los bienes comunes como el suelo y el agua para el beneficio de unos pocos.

¿Qué herramientas aporta una investigación como esta al debate sobre el modelo productivo?

Investigaciones como esta sacan a la luz el verdadero proyecto de país de la burguesía nacional, que promueve modelos de mínima inversión y ganancias extraordinarias, los cuales generan escaso empleo directo e impactos ambientales significativos. También permiten comprender cómo la privatización desregulada de la infraestructura expone a la sociedad a la fuga de capitales, la subfacturación de exportaciones y el control privado de las divisas, ofreciendo elementos críticos para discutir el modelo productivo.