El máximo tribunal le ordena al Gobierno aplicar los artículos de la Ley de Financiamiento Universitario que establecen la actualización por inflación de los salarios y las becas desde diciembre de 2023 a la fecha. De no cumplirse, los funcionarios deberían responder ante la Justicia con su propio patrimonio, pudiendo quedar inhabilitados para ocupar cargos públicos.
Agencia TSS – Las universidades nacionales se han convertido en uno de los focos principales de los ataques del Gobierno nacional al sector público. Sin poder tener injerencia en lo que se imparte en las casas de estudio por la autonomía universitaria derivada de la reforma de 1918, en los últimos dos años y medio el Ejecutivo se dedicó a estrangular el financiamiento haciendo que muchos docentes y no-docentes se vieran obligados a renunciar o a buscar un segundo trabajo. Por esto, se da una situación en la que muchas materias no pueden ser dictadas porque ya no hay docentes que puedan tomar las horas con salarios tan bajos, hospitales universitarios en los que faltan insumos y trámites administrativos que se ven retrasados por falta de personal, entre otras consecuencias.
Ayer, jueves 25 de junio, la Corte Suprema de la Nación, en un fallo inesperado debido al acuerdo firmado hace 10 días por el Ejecutivo y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para la actualización de salarios y becas de universidades nacionales, confirmó la cautelar que le ordena al Gobierno Nacional cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, que establecen la actualización por inflación de los salarios y las becas universitarias desde diciembre de 2023 a la fecha.
La historia del conflicto universitario se remonta a más de dos años atrás. En 2024, el Congreso dictó una ley para que se actualicen los salarios en las universidades ante el atraso que ya sufrían producto de los efectos de devaluación, la inflación y la suspensión de las paritarias por parte del Gobierno. Sin embargo, la ley fue vetada por el presidente Javier Milei. Como no alcanzaron los votos para rechazar el veto, en 2025 se insistió con una nueva ley que nuevamente fue rechazada por el Ejecutivo. Sin embargo, esa vez sí fue confirmada por las dos terceras partes del Congreso. Cuando el Gobierno nacional ya no tenía más opción que aplicar la ley, intentó suspenderla en el decreto de promulgación. Esto llevó a judicializar la norma por dos caminos: Por un lado, el CIN planteó la inconstitucionalidad del decreto que suspende una ley dictada por el Congreso e insistida por él. Y, por otro, se pidió una medida cautelar para que, hasta tanto el Poder Judicial resuelva el conflicto de fondo, el Gobierno deba aplicar los artículos 5 y 6 de la ley que se refieren a la actualización de los sueldos de los docentes, no-docentes, y los programas de becas estudiantiles, ya que se considera que hay riesgo alimentario para estas personas y que retrasar el cumplimiento de esta parte de la ley puede llevar a consecuencias irrecuperables. Fuera de esta cautelar quedan los gastos de funcionamiento de las casas de estudio y otros financiamientos que también contempla la ley.
La diputada de mandato cumplido, Danya Tavela, autora del proyecto original de la Ley de Financiamiento Universitario, le dijo a TSS: “Nunca pensé, cuando presenté el proyecto de ley original, que tuviera que pasar todo este periplo para poder ser aplicado. Era algo tan razonable y totalmente justo que siempre pensé que el Gobierno iba a recapacitar y tratar de buscar una salida. Incluso, lo dije en mis intervenciones en el Congreso. Algo como lo que hizo en este acuerdo que se firmó hace 10 días, que era una forma de ir buscando una salida, pero ya dejaron pasar tanto tiempo que todo se torna insuficiente y no satisface las demandas de los docentes y los estudiantes, y por eso la Corte decidió fallar”.
Esta batalla judicial por la cautelar ya pasó por las tres instancias que marca la Constitución Nacional, por lo que el Ejecutivo ya no tiene más opciones que cumplir con la actualización de los salarios tal como dice la ley. Si no lo hiciera se hará una nueva demanda, pero en este caso contra el presidente de la Nación y el jefe de Gabinete de Ministros, que tendrán que responder en forma personal ante la Justicia con su propio patrimonio, pudiendo quedar inhabilitados para ocupar cargos públicos. “Si no se llega cumplir esta orden de la Corte se irá contra los funcionarios por el incumplimiento del deber de funcionario público. Fue el motivo por el que Francos se fue de la Jefatura de Gabinete”, le dijo Tavela a TSS.
Esta lucha de los trabajadores de las universidades se dio en manifestaciones masivas frente al Congreso y la Casa Rosada pero también se realizaron diversas actividades de concientización en las casas de estudio. Luego del último convenio entre el CIN y el Congreso, que aseguraba un aumento inicial del 21%, muchos trabajadores se sintieron traicionados por la dirigencia de rectores y sindicatos por lo que se formaron redesde trabajadores de universidades en todo el país para buscar la salida fuera de las instituciones, con propuestas de soluciones más drásticas al conflicto.
Una decisión que se hacía esperar
“Este fallo de la Corte no lo esperábamos y menos ahora, ya que hace dos días el ministro (Ricardo) Lorenzetti dio a entender que con la presentación del convenio paritario ellos no iban a resolver. Me parece que esto se dio por la presión, el activismo y la reivindicación de toda la comunidad universitaria por encima de todas las estructuras de conducción, que frente a la celebración del convenio reaccionaron de forma muy negativa y obligaron a la Corte Suprema de Justicia a expedirse como se tenía que expedir hace mucho tiempo”, le dijo a TSS Andrés Gil Dominguez, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Pampa.
“Ahora esperamos que se cumpla la ley y si no se hace que sepan que la comunidad educativa va a salir a la calle con más fuerza que nunca. La lucha continúa y tengamos como reflejo a los que lucharon por la reforma universitaria del 18 y los que lo hicieron contra la dictadura militar”, dijo Gil Domínguez. Este fallo de la Corte Suprema solo deja conclusiones sobre los articulos referidos a los salarios y becas, pero todavía falta que se siga el camino del expediente judicial sobre el fondo de la cuestión, que es decidir si es consitucional o no el decreto del Gobierno que suspende la ley.
“La discusión sobre el fondo de la ley está en un juzgado de primera instancia pero este fallo de la Corte también le da aire al juez para que dicte un fallo favorable. Sería muy raro que el juez de primera instancia dicte algo diferente a lo que dice la Corte y, si terminara llegando a la Corte, sería muy raro que en el tratamiento de fondo dijeran algo diferente a lo que están diciendo hoy”, agregó Gil Domínguez. En sentido similar, Tavela explicó: “La ley es más amplia que estos dos artículos, así que sigue la discusión sobre el fondo de la ley, pero esto era urgente por el carácter alimentario de los salarios y las becas. Seguramente la cuestión de fondo llevará más tiempo definirla. Es importante que la ley empiece a cumplirse y que demos el debate por el financiamiento de las universidades. Todo un país ha decidido sostener la universidad pública, inclusiva y de calidad, que nos permite estar entre las sociedades más educadas del mundo, y un gobierno no puede romper ese contrato”.
El constitucionalista Gil Domínguez explicó que “las universidades tienen serios problemas estructurales por el no cumplimiento de la ley. Especialmente, las que tienen hospitales porque el presupuesto y los sueldos no aumentaron pero los servicios públicos sí lo hicieron y mucho. En el convenio se habían actualizado solo una parte de las becas y con esta cautelar se actualizan todas”. En sentido similar. la exdiputada dijo: “El cumplimiento de la ley es urgente porque los docentes y no docentes hemos perdido más del 50% de nuestro poder adquisitivo y es una situación muy compleja. Y los estudiantes tienen becas congeladas desde hace más de tres años. El esfuerzo que ha hecho toda la comunidad universitaria para mantener las universidades abiertas va siempre en desmedro de la calidad que recibe el estudiante. A los que tienen becas no les alcanza para movilizarse, los docentes tienen una vida completamente anormal, con paros, malestar, protestas, pluriempleo, y esto afecta mucho a las universidades”.
