Trabajar a pesar de todo

Acoplados del Oeste es una cooperativa formada por extrabajadores de la metalúrgica Petinari tras un extenso conflicto laboral. Una ley de expropiación fue aprobada por la Legislatura bonaerense, pero el futuro es incierto tras el veto de la gobernadora Vidal.

Matías Alonso  
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Agencia TSS – Acoplados del Oeste es una cooperativa metalúrgica de la localidad bonaerense de Merlo. Nació el año pasado, cuando sus trabajadores recuperaron la fábrica Petinari, dedicada a la fabricación de acoplados, chasis y carrocerías de camiones, que dejó de pagar los sueldos en febrero de 2015. Pese a que los trabajadores lograron una ley que expropiaba la fábrica, fue vetada en abril pasado por la gobernadora Maria Eugenia Vidal, con lo que dejó a los integrantes de la cooperativa en una situación de total incertidumbre y riesgo laboral.

A fines de 2014, la empresa Petinari despidió a 96 trabajadores y pagó los aguinaldos y sueldos en cuotas. En febrero de 2015, dejó de pagar los salarios y los dueños no se presentaron más en la empresa. Ante este escenario, los trabajadores siguieron yendo a trabajar y conformaron una cooperativa. “Yo estaba en cotizaciones –explica Luis Becerra, trabajador de la planta–. Teníamos un convenio con la empresa Siderca para reparar 119 unidades, a un costo promedio de 5.000 dólares por cada reparación. También estábamos por cerrar un convenio para producir carrocerías para Perú. Es decir, que era mentira el argumento de que había poco trabajo. Cuando empezaron a dejar de pagar fue cuando más trabajo había”.

El 3 de agosto de 2015 ingresó en la Legislatura bonaerense el proyecto de ley de expropiación presentado por el diputado Miguel Funes (FPV), con el apoyo de Guillermo Klein (FIT). Ese mismo día los trabajadores iniciaron una toma de la empresa que duró dos semanas, hasta que se produjo un desalojo. Posteriormente, tras una asamblea, el 27 de agosto volvieron a tomar la fábrica en forma definitiva. El 30 de septiembre se aprobó por unanimidad el proyecto en la Cámara de Diputados provincial y el 2 de marzo fue aprobada, también por unanimidad, en la Cámara de Senadores, incluyendo el voto de los nuevos legisladores de Cambiemos.

Pese a que los trabajadores lograron una ley que expropiaba la fábrica, fue vetada en abril pasado por la gobernadora
Maria Eugenia Vidal.

Para que la norma fuera aprobada necesitaba tener dictamen positivo del Ejecutivo provincial. Becerra explica que “de la Subsecretaría de Industria vinieron y nos dieron el visto bueno para la expropiación. El único dictamen negativo que tuvimos fue del Ministerio de Trabajo y no se basó en las mediaciones que se habían realizado, sino en una charla que tuvo el ministro (Marcelo) Villegas con la familia Petinari, sin basarse en actas oficiales”.

En una nota en su sitio web, Petinari niega las acusaciones y sostiene que “se encuentra ilegalmente usurpada por un grupo de ex operarios y terceros totalmente ajenos a la Empresa”.

Actualmente, la cooperativa se encuentra trabajando a un 20 % de su capacidad. Sus mayores problemas de producción están relacionados con la falta de resolución de su situación legal, ya que no tienen la autorización para hacer chasis y estos deben registrarse para poder circular por la vía pública. Además, algunos de sus clientes son renuentes a demandar trabajo debido a las amenaza de desalojo sobre los trabajadores de la fábrica. A todo esto se le suma la caída en la actividad industrial en la rama metalúrgica, de entre el 10 y el 12 % en el primer trimestre del año en comparación con el año pasado.

Actualmente, la cooperativa se encuentra trabajando a un 20 % de su capacidad. Sus mayores problemas de producción
están relacionados con la falta de resolución de su situación legal. Foto: Néstor Saracho – Lavaca.

Los trabajadores denuncian que, antes del abandono de la planta, los dueños intentaron vaciar la empresa y hasta habrían realizado una venta fraudulenta del terreno a una sociedad que tenía los mismo accionistas que Petinari. Según Becerra, “algunos de nosotros no queremos trabajar de nuevo con Petinari por el desprecio que tienen hacia los trabajadores. Veníamos sufriendo muchas cosas. Tuvimos un compañero que falleció en 2006 por la falta de mantenimiento en la planta. Eran muchas injusticias que uno aguantaba porque al menos venían pagando, pero cuando dejaron de hacerlo no se pudo más”.

El 18 de junio próximo se realizará una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, en la que también se presentará un representante de Petinari para buscar una solución al conflicto. “Nosotros tenemos una cooperativa conformada, estamos trabajando y hay que ver cuales son la propuestas”, dice Becerra. Mientras tanto, frente a la imposibilidad de lograr los votos de dos terceras partes de la Legislatura bonaerense para rechazar el veto de la gobernadora María Eugenia Vidal, se presentó un nuevo proyecto de ley que suspende por 90 días las acciones de desalojo, que ya recibió media sanción. “Somos 90 compañeros adentro de la fábrica y queremos tener la tranquilidad de poder trabajar”, sostiene Becerra.