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Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires aprobaron una modificación de la ley del Sistema Integral de Seguridad Pública, que regula el uso de cámaras de videovigilancia y tecnologías de reconocimiento facial en el espacio público. Organizaciones civiles advierten que esta medida legitima prácticas que amenazan derechos ciudadanos y reclaman por la falta de un debate amplio y transparente.
Detrás de las ventajas que se promocionan alrededor del uso de sistemas de reconocimiento facial están la pérdida de privacidad, la inversión de la presunción de inocencia y un mayor control policial sobre los ciudadanos. En Buenos Aires, la implementación es criticada por sus errores, no tuvo debate legislativo y tampoco hubo estudios de impacto previos.
El Gobierno porteño anunció que usará software de reconocimiento en algunas de las 10.000 cámaras con las que se monitorea la ciudad en vivo. El uso de este tipo de tecnologías de vigilancia resulta controversial tanto por sus fallas como por su amenaza a la privacidad de las personas. Cuáles son sus riesgos y por qué los especialistas desaconsejan el uso de biometría en el espacio público.
