Sonría, sabemos todo y lo vamos a usar

El Gobierno amplió el acceso al sistema que reúne los datos biométricos de todos los habitantes a los organismos dependientes del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, tanto nacionales como provinciales y porteños. La medida podría violar la privacidad de los ciudadanos y convertirse en una herramienta para reprimir la protesta social.

Por Matías Alonso  
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Agencia TSS – Mediante el Decreto 243/17, el Gobierno Nacional amplió el acceso al Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (SIBIOS) a todos los organismos dependientes del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial Nacional, Provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires que lo requieran.

El SIBIOS centraliza todos los datos biométricos de los habitantes de la Argentina, que son adquiridos al solicitar o renovar el documento nacional de identidad, en los controles migratorios y en las renovaciones de licencias de conducir, entre otros trámites.

Gracias a este sistema es posible identificar a una persona mediante sus huellas digitales o patrones de su rostro, y se los vincula en una gran base de datos con otros datos personales, familiares y antecedentes penales. Sin embargo, existe muy poca información sobre dónde y cómo están alojados actualmente esos datos, ni sobre qué uso se les ha dado hasta el momento.

El SIBIOS fue creado durante la presidencia de Cristina Fernández mediante el Decreto 1766/11, “con el objeto de prestar un servicio centralizado de información respecto de los registros patronímicos y biológicos individuales, a los fines de contribuir a la comprobación idónea y oportuna en materia de identificación de personas y rastros, en procura de optimizar la investigación científica de delitos y el apoyo a la función preventiva de seguridad”.

Este sistema estaba previsto que funcionara solo dentro del ámbito de la seguridad, pero ahora pasa también a la esfera judicial mediante el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri y publicado el pasado 10 de abril en el Boletín Oficial. Entre las razones que se argumentan en el texto para hacer este cambio, está la “emergencia de seguridad pública” establecida para la totalidad del territorio nacional (Decreto 228/16), que invita a los organismos de cualquier parte del país dependientes del Ejecutivo y del Poder Judicial a adherirse al SIBIOS “con miras a que puedan formular consultas biométricas en tiempo real”.

Para Rodrigo Iglesias, abogado especialista en derecho informático, “la ampliación a quienes puedan solicitar la información de cada una de las personas en este sistema de datos biométrico avasalla la finalidad con la cual fueron percibidas esas imágenes, huellas dactilares y demás información recolectada, dado que la finalidad es distinta”. Y agregó: “Que ahora se comparta con el Poder Judicial infringe la Ley de Protección de Datos Personales que se encuentra vigente y que de esta manera está siendo quebrantada. La finalidad del Estado, que es la de solicitar esta información para los servicios de seguridad, no tiene nada que ver con el Poder Judicial”.

TSS intentó hablar con Eduardo Bertoni, titular de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, pero dijo que no podría responder por cuestiones de agenda.

La ampliación del acceso al SIBIOS plantea interrogantes sobre en qué medida estará resguardada la privacidad de datos personales sensibles y sobre quiénes serán los encargados de utilizar esos datos y su finalidad. Con este sistema sería técnicamente factible identificar, por ejemplo, a personas que asisten a una manifestación pública.

Datos sensibles

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC), una organización no gubernamental especializada en privacidad y libertad de expresión, advirtió recientemente en un informe sobre la actual y potencial vulneración de derechos fundamentales de los ciudadanos, en el caso de continuar la implementación del SIBIOS tal y como se viene realizando.

Eduardo Thill fue subsecretario de Tecnologías de Gestión de la Jefatura del Gabinete de Ministros de 2009 a 2011 y durante el año 2015, y fue uno de los impulsores de la creación del SIBIOS durante el Gobierno anterior. En diálogo con TSS, Thill consideró que “todas las ampliaciones sobre el acceso de datos, en principio, a mi modo de ver, no son convenientes. En realidad, se deberían limitar a un sector acotado, que es el que debe tener el uso de la información y la capacidad para generar interrelaciones con todos aquellos usuarios que tengan legítimo interés y requieran hacer algún tipo de cruce o identificación en base a datos patronímicos o biométricos”.

En 2013, una falla en la configuración de un servidor de los padrones electorales dio acceso público a las fotos de 11.000 ciudadanos. Esas fotos de los padrones habían sido obtenidas del SIBIOS. “La imagen de una persona es el dato más sensible, porque no puede cambiarlo y está en el documento de identidad”, dijo Iglesias. Y agregó: “Muchas veces se piensa que cualquier tipo de consulta de datos de las personas está violando los datos personales, pero no es así. Hay que tener en claro cuáles son los datos que deben estar protegidos. Nombre y apellido, número de documento y hasta el domicilio no son efectivamente datos pura y exclusivamente personalísimos que deban estar absolutamente protegidos. De hecho, mucha gente los comparte en comercios, por ejemplo”.

El SIBIOS centraliza todos los datos biométricos de los habitantes de la Argentina, que son adquiridos al solicitar o renovar el documento nacional de identidad, en los controles migratorios y en las renovaciones de licencias de conducir, entre otros trámites.

La ampliación del acceso al SIBIOS plantea interrogantes sobre en qué medida estará resguardada la privacidad de datos personales sensibles, qué parámetros de seguridad cumplen los organismos que tendrán acceso al sistema –recientemente, el Poder Judicial tuvo serios problemas de seguridad informática– y sobre quiénes serán los encargados de utilizar esos datos y con qué finalidad.

Con este sistema sería técnicamente factible identificar, por ejemplo, a personas que asisten a una manifestación pública. Sobre esta posibilidad, Thill explica que “técnicamente, todo es posible, pero que se haga y que se cuente con los medios para poder capturar las imágenes de una manifestación que sean perfectibles de ser usadas en un sistema de identificación facial es otro tema”. Iglesias opinó que “el Gobierno anterior hizo dos cosas muy cuestionadas, que son el SIBIOS y la ley antiterrorista, que permite interpretar que la protesta social puede ser penada. Si a eso le sumo el SIBIOS y filmo una protesta social, puedo identificar a gente a través de video. Así cierra todo el círculo. Fueron dos errores del Gobierno pasado, pero el actual los empeora tomando imágenes, no derogando la ley antiterrorista y reprimiendo la protesta social”.

Thill justificó la creación del SIBIOS en que se trata de “una herramienta de control orientado a la seguridad, no de control ciudadano ni de persecución civil. El riesgo de que sea mal utilizada siempre va a existir y por eso deben estar los mecanismos de control que verifiquen para qué y cómo se usa. Si esos mecanismos fallan, entonces no hay control y no se puede saber qué es lo que está ocurriendo”.

La semana pasada, la Policía provincial de Mendoza hizo controles de identificación y averiguación de antecedentes a personas que circulaban por la ciudad y allí se pudo ver que el policía de calle era quien tenía acceso a los datos biométricos. A Iglesias le preocupa “quiénes tendrán disponibilidad de esos datos en las fuerzas de seguridad y en el Poder Judicial. Está la duda sobre si lo va a tener un juez, un fiscal, un secretario, un prosecretario o quien se encarga de la mesa de entradas. El manejo de estos datos es muy delicado”.

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