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Agencia TSS – Que las vacunas salvan vidas es algo conocido y probado. Se estima que una sola de ellas, contra el sarampión, ha evitado unas 94 millones de muertes a nivel mundial desde que comenzó a aplicarse, hace 50 años. Sin embargo, los movimientos antivacunas han cobrado fuerza en muchos países y Argentina es uno de ellos. Incluso, estas ideas han llegado al Congreso de la Nación. Ayer, en el Anexo a la Cámara de Diputados, convocado por la diputada chaqueña del PRO Marilú Quiroz, se realizó un encuentro denominado “Qué contienen realmente las vacunas COVID-19”, en el que durante más de siete horas se presentaron datos sin evidencia científica.

Esta actividad provocó el rechazo de distintos sectores de la sociedad, de profesionales y políticos. En paralelo, además, se realizó una sesión de comisión conjunta en la Cámara de Diputados, convocada por las comisiones de Salud y de Ciencia y Tecnología, adonde legisladores e representantes de la sociedad civil manifestaron su preocupación por la caída en las tasas de vacunación infantil a nivel nacional, que en algunos casos, como el de la Polio, no llegan a cubrir al 50% de los niños; el recorte a las políticas públicas de inmunización y la intención de que se presente un proyecto de ley que elimine la obligatoriedad de la vacunación a nivel nacional.

“Es absurdo estar hablando acá si las vacunas sirven o no. Eso se vio ya en las primeras décadas del siglo XX o antes. El tema es por qué bajaron tanto las tasas de vacunación, especialmente en niños”, cuestionó Adolfo Rubistein, que fue ministro de Salud de la Nación entre 2017 y 2018, y explicó que eso puede ser multicausal, en parte debido al movimiento antivacuna que ha crecido luego de la pandemia. “También hubo un fuertísimo relajamiento de las conductas relacionadas con la vacunación en toda la sociedad, a lo que se suman la falta de confianza pública y la actitud del Gobierno nacional con respecto a las vacunas, que es muy controvertida porque cuestiona el beneficio de las vacunas y las políticas públicas al respecto”, afirmó.

Durante la sesión, además, se destacaron la calidad de la ley y del calendario de vacunación de la Argentina, que son de referencia a nivel regional y hoy están siendo cuestionados y son de difícil cumplimiento. “No es cierta la tensión entre autonomía del cuerpo propio y salud pública. La legislación argentina de vacunas se usa como modelo en toda la región porque establece claramente la función de las vacunas como bien social y qué significa ponderar el beneficio colectivo que tienen para toda la sociedad”, explicó Marisa Alzenberg, directora del Observatorio de Salud-Facultad Derecho-UBA, y destacó que es un derecho de las personas el poder acceder a ellas, pero que eso exige que el Estado tome acciones más positivas: “Hay que robustecer los marcos legales sobre vacunación y tal vez, en este sentido, nunca habíamos imaginado que esta discusión iba a llegar al parlamento”, dijo.

“La discusión no es solo sobre si el Congreso puede ser un ámbito que habilite discusiones que ponen en riesgo a la población, sino también que las políticas públicas son importantes y que cuando están bien hechas se cumplen objetivos”, coincidió Nicolás Kreplak, actual ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y detalló que, por ejemplo, este año no cuentan con stock de vacunas contra COVID-19 ni tampoco antirrábicas, y que solo recibieron un tercio de las dosis programadas de la vacuna triple viral (que previene el sarampión, las paperas y la rubéola). Además, se refirió a los esfuerzos que realizó la provincia para erradicar el brote de sarampión que se produjo a principios de este año y enfatizó sobre la responsabilidad del Gobierno de cumplir con la ley actual de vacunación y las dificultades que hoy se enfrentan para lograrlo.

Por otro lado, el investigador del CONICET Roberto Etcheñique cuestionó uno de los trabajos que se presenta como evidencia antivacuna y explicó algunas de sus debilidades. Además, advirtió que, actualmente, una de las principales causas de muerte de adultos mayores es por COVID, de personas que no se han vacunado. Por su parte, la médica Daniela Hozbor, que también es investigadora del CONICET, se preguntó por el rol de las y los médicos en la vacunación. “Tenemos que volver al esquema de trabajo conjunto que se usó en pandemia para la búsqueda de soluciones. Que tengamos una vacuna para COVID de origen nacional es importante y no la estamos usando”, advirtió Hozbor.

“Esperamos que esta reunión tenga el sentido contrario, que podamos transmitirle a la población argentina que las vacunas que el país compra y entrega en todas las jurisdicciones, con un enorme esfuerzo fiscal pero por una enorme necesidad, son seguras, están absolutamente testeadas, tienen por detrás una evidencia muy sólida y no hay ninguna vacuna del calendario que sea más riesgosa que no vacunarse”, dijo el diputado Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública.

“Había mucha inquietud en la comunidad de la salud y científica sobre esto de que, libremente, en el Congreso de la Nación pudieran expresarse los antivacunas, y ante esta preocupación nos parecía que había una respuesta institucional: la enorme mayoría de los partidos políticos aprueban las vacunas, todos los ministros de salud y autoridades sanitarias del país están a favor de las vacunas, así que tenemos que mostrar esa fuerza para que logremos el objetivo central, que es volver a levantar la cobertura de vacunas en la Argentina”, sostuvo el diputado Daniel Gollán, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.