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Agencia TSS – Las empresas trasnacionales (ETNs) generan la cuarta parte del producto bruto mundial. Los flujos anuales de inversión extranjera directa (IED) que ponen en movimiento oscilan entre 1.3 y 2 billones de dólares, según los avatares de la economía mundial. Estados Unidos es el mayor generador de IED mundial (alrededor del 20%) y su mayor receptor (casi el 15%), aunque tomados en conjunto las naciones de la Unión Europea lo superan.

En 2012, la mayor ETN era General Electric, con un volumen de activos de casi 700.000 millones de dólares en todo el mundo, la mitad invertidos en Estados Unidos. Le seguía Volkswagen, con 409.000 millones. Shell era primera por ventas seguida por Exxon, con 467.000 y 420.000 millones respectivamente. Por su parte, Walmart tenía la mayor cantidad de empleados, 2.200.000 en todo el mundo, seguida por la taiwanesa Hon Hai con más de 1.200.000.

Integrando en un mismo ranking las ventas anuales de dichas empresas con el producto bruto interno (PBI) de las naciones, resulta que Shell se ubicaría en el puesto 25, con ventas casi iguales al PBI de Argentina o Noruega, y superior –lo mismo que Exxon y Walmart– al PBI de Austria, Sudáfrica, Tailandia o Colombia.

Si bien desde cierto discurso dominante en la arena internacional se sostiene que las inversiones extranjeras son el motor del desarrollo de nuevas capacidades productivas y de servicios, también debe considerarse que son motores de concentración económica: de los flujos globales de IED, entre el 30% y el 60%, según el año, se orienta a la adquisición de empresas ya existentes y no a la creación o ampliación de capacidades productivas.

Con cierto escepticismo, luego de la experiencia de los años noventa, resulta razonable preguntarse sobre la veracidad de los supuestos beneficios que produciría en un mundo globalizado el “derrame” de la inversión extranjera.

Corea del Sur y Taiwan, dos de los más exitosos “tigres asiáticos”, se desarrollaron gracias a políticas nacionales basadas en programas educativos e industriales autóctonos, donde la inversión extranjera fue desalentada. Las excepciones se concentraron en algunos sectores estratégicos, pero fijando condiciones que garantizaran un real desarrollo de capacidades locales.

Japón es un caso más patente. Un país devastado por la guerra, es en la actualidad la tercera economía mundial. Y la inversión extranjera no tuvo nada que ver con su espectacular crecimiento. China, segunda economía mundial en continuo crecimiento, si bien es receptora de importantes flujos de inversión extranjera, la magnitud de su economía hace que el stock de IED sea sólo el 10,1% de su PBI, porcentaje en continua disminución desde 1999, año en que había llegado a un máximo de 16,9%.

A partir de estos ejemplos es posible inferir que el desarrollo no se concreta por la acción de las empresas trasnacionales, sino mediante adecuadas políticas impulsadas por los Estados.

 

I+D de las empresas trasnacionales

Cuando se analizan los datos de quiénes son los mayores inversores en investigación y desarrollo (I+D) a nivel mundial se desvanecen las visiones altruistas sobre la ciencia.

Combinando las estadísticas sobre gastos en I+D de los países en 2011 con las correspondientes a los de las empresas se llega a una notable conclusión: las empresas norteamericanas (de las cuales el 72% son trasnacionales) invierten por sí solas más en I+D que cualquier país (ver gráfico).

La hegemonía científico-tecnológica de las empresas trasnacionales es muy superior a su hegemonía económica y es garantía de su crecimiento. Otra consecuencia es que las agendas de investigación científica (los temas “de moda”) están determinadas en base a sus intereses.

Empresas trasnacionales en Argentina

Las filiales de empresas extranjeras tuvieron históricamente una presencia importante en Argentina. Ya en 1913 respondían por casi el 45% del capital fijo. Actualmente se rigen por la legislación sancionada durante la última dictadura y perfeccionada por el menemismo, a la que se suman 56 tratados bilaterales de inversión. En un exhaustivo análisis de la evolución de estos regímenes, Enrique Arceo y Juan De Lucchi, en un trabajo de 2012 titulado “Estrategias de desarrollo y regímenes legales para la inversión extranjera” –publicado por CEFID-AR–, concluyen que el régimen actual “más que una regulación de la inversión externa, es una enumeración de derechos del inversor”.

Si nos concentramos en las últimas dos décadas y excluimos los años de gran crisis 2001-2003, se nota que en los últimos años se orienta hacia la creación de nuevas capacidades antes que a la compra de empresas existentes (y no sólo privatizaciones), rasgo característico durante los años de la convertibilidad. Los números son elocuentes: entre 1992 y 2000, la IED promedio fue de 8300 millones de dólares anuales, de los cuales sólo 3600 millones correspondían a nuevas capacidades; entre 2004 y 2012 la IED total fue 7300 millones anuales, con un promedio de 7200 millones dedicados a nuevas capacidades.

En la década de 1990 la orientación de la IED, como consecuencia de las privatizaciones, se centró en los servicios y en petróleo (YPF). En la última década, el peso de los servicios cayó, el del petróleo comenzó a caer desde 2005, el de minería sube, aunque es aún el 5% del total, y crece el agro, que en 2010 superó a la minería.

El 38% de las filiales son industriales, el 15% son comerciales y el 47% de servicios; concentran la mayoría del empleo en telecomunicaciones (56%) y en minería (57%), en la industria el 18% y en electricidad-gas-agua el 28%. Pero su peso en la cúpula empresaria es abrumador: aportan el 80% del valor agregado por las 500 mayores empresas no financieras del país, siendo hegemónicas en minería, combustibles, plásticos, química, maquinarias, equipos y vehículos.

Sus efectos sobre el resto de la economía son muy limitados por la existencia de cadenas globales de valor. Los saldos comerciales positivos se concentran en las filiales del sector primario (minería y agro) y de baja elaboración como aceites, mientras que los negativos son sustanciales en, por ejemplo, las automotrices.

Al crecer el stock de capital extranjero crecen también sus utilidades y su remisión, lo que llega a producir un creciente impacto negativo sobre las cuentas externas. Entre 2006 y 2011 el balance en dólares entre aportes de capital ingresados y utilidades remitidas resultó negativo –entre 1.500 y casi 3.900 millones de dólares anuales–. Las restricciones a la compra de divisas impuestas por el Banco Central en 2012 limitó la remisión de utilidades creando un balance positivo de 2.900 millones de dólares, creando una situación cuya solución es incierta. 

 

¿Derrames tecnológicos?

Los trabajadores de las filiales de ETNs adquieren capacidades técnicas por lo general superiores a las existentes en la mayoría de las empresas nacionales. Ahora bien, existen tres mecanismos para que dichas capacidades puedan difundirse a otros sectores: (i) localización en el país de actividades de I+D de las ETNs; (ii) interacción con otros agentes locales (empresas proveedoras y clientes, universidades, instituciones de I+D); y (iii) transferencias de personal hacia empresas locales. Diversos estudios existentes –INDEC, Ministerio de Trabajo y UNCTAD– muestran la extrema debilidad de estos mecanismos en Argentina.

Si bien las ETNs deslocalizan actividades de I+D, apuntan a otras naciones industrializadas y a las economías emergentes de Asia. Este fenómeno es casi nulo en Argentina. De las filiales de ETNs en el país, sólo el 32% tiene equipos formales de I+D dedicados a adaptar tecnologías importadas desde sus casas matrices a las condiciones locales. Su articulación con cadenas globales de valor hacen que las interacciones y los posibles derrames tecnológicos con otros agentes nacionales sean sumamente limitados.

Una encuesta del Ministerio de Trabajo sobre 1218 filiales muestra que el 44% no tiene vinculación con tramas productivas locales y sólo el 5% manifiesta vínculos de elevada calidad. Si bien el 45% declara algún vínculo con universidades y centros tecnológicos, sólo el 1% los considera de elevada calidad y el 10% de nivel medio. La vinculación con los programas gubernamentales de promoción innovativa es aún más reducida: el 77% de las filiales no se vincula; del resto, sólo el 3% mantiene vínculos de calidad alta o media.

La transferencia de personal de filiales a empresas locales permite que estas últimas incorporen nuevas capacidades, incluso sorteando las vallas de la protección de propiedad intelectual. Sin embargo, en nuestro país se observa el proceso inverso: son muchos más los trabajadores que migran desde empresas locales hacia las ETNs. Las estadísticas muestran que sólo el 1,2% de los ocupados formales en empresas nacionales provienen de filiales de ETNs. De este grupo, sólo el 5,3% corresponde a salarios altos. Como balance, son las ETNs las que se benefician de la capacitación adquirida por los trabajadores en empresas locales.

El cuadro es complejo y las soluciones deben enfrentar un marco legal heredado de otro modelo de país que no será simple modificar. Un primer paso es llevar esta situación a la agenda pública de discusión en forma seria. Hay herramientas que se usaron en el pasado, como la articulación de las políticas de inversión pública para ampliar la infraestructura con las políticas científico-tecnológicas e industriales. La enseñanza que nos dejan países en acelerado desarrollo es que las políticas públicas son esenciales. Como dijera Simón Rodríguez, “o inventamos o erramos”.