El Gobierno retiró el capítulo de tierras, pero persisten aspectos vinculados a incendios y desalojos que encienden alarmas

Tras la pérdida de apoyo de los aliados, el oficialismo excluyó de la sesión de hoy los artículos que facilitaban la venta a extranjeros. Qué puntos siguen en pie y cuáles son los riesgos si se aprueba la iniciativa.

Por Nadia Luna  
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Agencia TSS – Ante la dificultad de conseguir los votos necesarios y el fuerte rechazo social, el oficialismo retiró del proyecto de Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada el capítulo sobre extranjerización de tierras. Sin embargo, en la iniciativa que será tratada hoy a partir de las 14, persisten varios aspectos que encienden alarmas.

Entre los puntos más controversiales, el proyecto busca modificar la Ley de Manejo del Fuego y eliminar la restricción que ésta establece sobre la venta de terrenos incendiados. Además, agiliza el régimen de desalojos y restringe las expropiaciones por parte del Estado.

“Las reformas a las leyes de expropiaciones, de desalojo y de manejo del fuego forman parte del mismo paquete que buscaba modificar la Ley de Tierras”, advierte Laura Rocha, periodista e integrante de la asociación civil Periodistas por el Planeta.

Rocha pone la lupa sobre algo que es noticia cada año: los incendios forestales en zonas como el delta del Paraná y los bosques de la Patagonia. “Lo que sucede muchas veces es que, luego del incendio, se quiere cambiar el uso del suelo para que algo que era un humedal pase a ser, por ejemplo, un campo de soja. Lo que haría este proyecto es allanar el camino para que eso pueda suceder más rápidamente”, explica.

“Las reformas a las leyes de expropiaciones, de desalojo y de manejo del fuego forman parte del mismo paquete que buscaba modificar la Ley de Tierras”, advierte la periodista Laura Rocha. Foto: Pablo Cantador

El proyecto de ley fue redactado por el ministro Federico Sturzenegger, ingresó al Congreso de la Nación el 27 de marzo y consiguió dictamen en el Senado en mayo. Desde su primera versión hasta la que se discutirá hoy en el recinto, el texto acumula al menos 17 modificaciones.

El proyecto original buscaba derogar varios artículos de la Ley de Tierras (26.737), como el que establece que las tierras rurales en manos extranjeras no pueden superar el 15% del territorio nacional. El martes, con intención de asegurar los votos necesarios, Patricia Bullrich, jefa del oficialismo en el Senado, había anunciado que solo buscarían elevar el tope al 25%. Finalmente, ayer comunicó que retiraban el capítulo completo.

 

Flexibilización de venta de terrenos incendiados

La Ley de Manejo del Fuego, sancionada en 2012, fue modificada en el 2020 por la Ley 27.604, que prohíbe el cambio de uso de suelo de un terreno incendiado por 30 años en el caso de tierras agropecuarias, pastizales y matorrales; y por 60 años en el caso de áreas naturales protegidas.

La iniciativa que se debate hoy busca eliminar esa restricción de 30 años para tierras productivas, aunque mantiene la prohibición de cambiar superficies incendiadas cuando se trata de bosque nativo.

“A pesar de que no tuvo tanta presencia en el debate público, los incendios con fines especulativos son un problema serio y recurrente en nuestro país, que se intensificó aún más durante el gobierno de Milei”, señala Mercedes Pombo, integrante de la organización Jóvenes por el Clima.

La iniciativa que se debate hoy busca eliminar la restricción de 30 años para tierras productivas, aunque mantiene la prohibición de cambiar superficies incendiadas cuando se trata de bosque nativo.

Por su parte, Graciela Klekailo, doctora en Ciencias Agrarias y directora del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), explica que la modificación que se pretende hacer va en contra de la Ley General del Ambiente, que establece que el derecho ambiental no puede ser regresivo.

“Esta modificación implica quitar una herramienta de protección de los ecosistemas que era muy útil y la pregunta que surge es: ¿en pos de qué? Porque este cambio no genera una mejora en la producción ni para el desarrollo del país. Entonces, no hay un beneficio aparente que justifique el retroceso en la normativa ambiental”, indica la investigadora.

Además, la ley vigente tampoco se cumple del todo. Según el Observatorio de Tierras (UBA-CONICET), 36 departamentos ya exceden el límite de extranjerización del 15% fijado por la ley y el mapa elaborado por el observatorio muestra como esa concentración coincide con áreas que tienen cuerpos de agua dulce, minerales críticos y zonas de frontera.

 

Aceleración de desalojos

Otra modificación que persiste en el proyecto que se debatirá hoy es que habilita, por ejemplo, a que los propietarios de un departamento puedan anular contratos de alquiler ante el atraso de pago de diez días e inicien un juicio de desalojo al inquilino. De esta manera, un juez podría ordenar la entrega inmediata del inmueble antes de la sentencia en determinados casos.

“Esta modificación no está pensada solamente para las propiedades en ciudades: también le cabe a cualquier comunidad rural o pueblo que tenga tierras de manera precaria. Entonces, acelera el proceso jurídico para desalojar a las personas”, remarca Rocha.

El martes, con intención de asegurar los votos necesarios, Patricia Bullrich había anunciado que solo buscarían elevar el tope al 25%. Finalmente, ayer comunicó que retiraban el capítulo completo.

El proyecto también busca modificar la Ley 21.499 de Expropiaciones al incorporar limitaciones con el criterio de “interpretación restrictiva”. Es decir, se busca acotar las expropiaciones por parte del Estado al disponer mayores exigencias para justificar la utilidad pública de un bien y contemplar una indemnización más amplia.

Finalmente, Klekailo llama la atención sobre los impactos del proyecto en el contexto de calentamiento global que atraviesa el planeta: “Los ecosistemas saludables permiten que el país pueda responder ante los impactos del cambio climático. Retroceder en la normativa que protege los ecosistemas pone en riesgo no sólo a la salud ecosistémica, sino también a las generaciones presentes y futuras”.

El debate por el proyecto comenzará a las 14. Sindicatos, organizaciones sociales y ambientales llamaron a movilizarse frente al Congreso Nacional y se espera una amplia convocatoria.

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