Agencia TSS Noticias de ciencia y tecnología

Agencia TSS – Este año, el fenómeno de El Niño será particularmente fuerte. Desde hace meses, en la provincia de Buenos Aires y las provincias del litoral las lluvias están siendo más copiosas que lo habitual y con muchos más días nublados, y esto se acentuará en la primavera y el verano. Una de las consecuencias de El Niño es el aumento de la temperatura en las aguas del Pacífico ecuatorial, que frenan los vientos que se suelen dar a esta altura del año que llevan lluvias desde el mar al sudeste asiático y en cambio terminan descargando en Sudamérica. Se trata de un fenómeno que afecta a todo el mundo, generando inundaciones, sequías y temperaturas extremas en diferentes zonas del globo.

La provincia de Buenos Aires tiene la particularidad de ser especialmente llana y con ríos sinuosos, por lo que es muy sensible a estos fenómenos y suele tener inundaciones que duran meses. Además, van ya dos años de buenas precipitaciones, por lo que las napas freáticas se encuentran muy cerca de la superficie y con poca capacidad de absorción de nuevas lluvias. La Organización Meteorológica Mundial emitió un informe que dice que hay una probabilidad cercana al 100% de que el Niño se extienda hasta febrero del año próximo.

TSS habló con Daniela Vilar, ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, sobre los desafíos que plantea este fenómeno y qué obras de prevención se están llevando a cabo.

 

 

Hay probabilidades muy altas de que se de un fenómeno de El Niño muy intenso este año. ¿De qué manera se está preparando la provincia de Buenos Aires?

Frente a un escenario en el que hay un 90% de probabilidades de que se registre un evento de El Niño muy fuerte esta primavera-verano, venimos trabajando con una estrategia que combina monitoreo, equipamiento y organización territorial. Ya instalamos 11 Estaciones Meteorológicas Automáticas que dan datos del clima en tiempo real y que cualquiera puede consultar en nuestra web, entregamos más de 40 kits de gestión de riesgo a municipios y 50 pluviómetros comunitarios a referentes de cada zona, y venimos haciendo talleres de co-construcción de mapas de riesgo junto con las comunidades. De cara a lo que viene, vamos a sumar 24 nuevas estaciones meteorológicas en puntos estratégicos, sensores de nivel de agua en la cuenca del río Luján, 100 nuevos kits de gestión del riesgo, más entregas de pluviómetros, capacitaciones a autoridades municipales, y seguimos trabajando en cuencas y microbasurales. A los 135 municipios les bajamos lineamientos concretos: diagnóstico municipal del riesgo con mapas de amenaza, exposición y vulnerabilidad; evaluación de capacidades y brechas de equipamiento; fortalecimiento de sistemas de alerta temprana que integren estaciones, pluviómetros y sensores con la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Instituto Nacional del Agua (INA); una mesa municipal de gestión del riesgo que reúna a Defensa Civil, Infraestructura, Ambiente, Salud y Desarrollo Social, entre otros actores; y trabajo de preparación comunitaria con talleres de mapeo barrial y difusión de pautas de actuación y vías de evacuación. Esto es un trabajo de toda la provincia, con más de 2.300 millones de pesos destinados por distintos organismos bonaerenses. Desde Gobierno se lleva adelante un plan de destronque y dragado en las islas del Delta y desde Infraestructura se coordinaron obras hidráulicas con cada municipio y se creó un visor provincial de estaciones meteorológicas. Desde Seguridad, se reforzó el equipamiento de emergencia con 11 helicópteros, 427 embarcaciones de rescate, 543 móviles de emergencia y una flota de drones.

¿Cómo se coordinan estas acciones de prevención con otras provincias y el Gobierno nacional?

Tengo que ser clara en algo que es grave: hace dos meses que no hay autoridad ambiental en el Gobierno nacional. El Ministerio de Ambiente fue degradado a subsecretaría y hoy no tenemos con quién coordinar este trabajo. El presupuesto para políticas ambientales cayó un 80% en términos reales respecto de 2023, el de ciencia un 48%, y el del Servicio Meteorológico Nacional —el organismo a cargo de las alertas tempranas— un 43%, con más de 400 despidos y una caída de 63 a 42 estaciones reportadas a la Organización Meteorológica Mundial. El caso más concreto es el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica: se nutre del impuesto a los combustibles y debería financiar obras como el Plan Maestro del río Salado, clave para 59 municipios, pero hoy el 88% de esos recursos —293.000 millones que le corresponden a la provincia— están colocados en deuda del Tesoro en lugar de ejecutarse en obra. Por eso, Buenos Aires termina financiando con recursos propios y un crédito del Banco Europeo de Inversiones el Tramo V: tomamos deuda europea para hacer la obra que el impuesto nacional a los combustibles ya tiene pagada. Estamos ante una situación muy compleja siendo parte de un país federal que necesita, para estos casos, una coordinación de protocolo, abordaje y financiamiento que hoy no existe.

 

Muchas veces se habla del derecho al ambiente como una necesidad de sociedades que tienen problemas básicos resueltos. ¿Por qué la provincia necesita invertir en ambiente teniendo tantas personas con necesidades básicas insatisfechas?

Sobre si el ambiente es un problema de sociedades que ya tienen resueltos sus problemas de subsistencia diría que no, que es exactamente al revés. El ambiente somos las personas y todo lo que pasa en el entorno natural nos afecta de forma directa: las sequías, las inundaciones, los barrios que no pueden acceder al agua potable, las comunidades expuestas a enfermedades crónicas por vivir cerca de basurales a cielo abierto, los pibes con plomo en sangre. Por eso hablamos de ambientalismo popular: entendemos el ambiente como algo transversal, cruzado por lo social, lo político y lo económico. Los sectores más postergados son los que más sufren la degradación ambiental —los que pierden sus casas en las inundaciones, los que quedan expuestos al hambre en las sequías— y al mismo tiempo son los que menos responsabilidad tienen en la crisis climática global. Por eso entendemos que la lucha contra la pobreza es un elemento central para construir resiliencia climática: una población con sus necesidades básicas satisfechas está en mejores condiciones para enfrentar circunstancias climáticas adversas. Plantear el ambientalismo como una preocupación de minorías con la vida resuelta es, directamente, no entender el problema.