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Agencia TSS – Tras conocerse que el presupuesto para la prevención y atención del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual previsto para el próximo se reducirá en más de un 75%, distintas asociaciones civiles y defensores de los derechos a la salud manifiestan sus preocupaciones por las posibles implicancias que puede tener este recorte. Por eso, entre otras acciones, esta semana las organizaciones que integran el Frente Nacional por la salud de las personas con VIH, Hepatitis virales y Tuberculosis se reunieron en el Congreso de la Nación, con diputados y diputadas de diferentes bloques, para advertirles sobre los riesgos que puede tener esta medida y pedirles que reviertan esa decisión.

“En esa sesión informativa, los y las diputadas presentes nos dijeron que iban a pelear para incrementar las partidas. Nosotres les pedimos que, como mínimo, fueran las del proyecto que se presentó en 2024, que no se aprobó y fue prorrogado al del 2023, en el que ya se pedían más de 42.000 millones de pesos, el doble de los 21.000 millones del año anterior”, explicó José María Di Bello, que integra la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP), en diálogo con TSS, y destacó que el encuentro fue «muy bueno», que tuvo una amplia convocatoria en la cual participaron alrededor de 350 personas, entre quienes ingresaron a la sala y quienes acompañaron desde la calle, adonde luego de la reunión realizaron una radio abierta.

En detalle, el presupuesto destinado a la lucha contra el VIH, Hepatitis y Tuberculosis apenas recibió un incremento del 8,51%, mientras que la inflación interanual acumulada desde septiembre de 2023 fue del 250%. En cifras, el último presupuesto asignado a la Dirección de Respuesta al VIH fue de $21.242.070.001 y el previsto para el 2025 es de $23.052.000.000. En términos reales, esta cifra representa un recorte de 75,72% para la prevención, atención y compra de medicamentos, entre otras cuestiones a cargo de esa dependencia. En 2023, ese monto representaba casi un 5% del presupuesto total del Ministerio de Salud, pero para el 2025, en cambio, se prevé que ese porcentaje descienda a apenas el 0,89% del total de los recursos asignados a la salud pública.

Según datos publicados en el Boletín 2023 de la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis (DVIHT), en nuestro país hay más de 140.000 personas con VIH, de las cuales sólo el 87% conoce su diagnóstico. Casi 7 de cada 10 se atiende en el subsistema público de salud, donde alrededor de 68.000 personas se encuentran en tratamiento con antirretrovirales provistos por el Estado.

“En términos presupuestarios, los fondos que se prevé destinar son de por sí una decisión genocida, porque dejan al 75% de las personas a las que deben asistir sin posibilidad de ser asistidas”, advierte Di Bello, y agrega que otra cuestión a tener en cuenta son las metas planificadas que se pretenden alcanzar. En ese sentido, el panorama también es desolador puesto que deja en una situación de abandono a muchas personas que en la actualidad necesitan asistencia y pone en riesgo la salud pública en general.

“Comparábamos las metas y es terrorífico, no solo están destinando muchísimo menos dinero sino que inescrupulosamente planifican menos”, dijo Di Bello y detalló que, por ejemplo, en 2023, se había planificado el tratamiento de VIH para 68.000 personas pero para el 2025, en cambio, se planificaron tratamientos para 66.500 personas. Es decir, 1500 tratamientos menos, a pesar de que según datos del boletín oficial, se estima que cada año se detectan más de 5 mil casos nuevos, en promedio.

Las organizaciones del Frente Nacional por la salud de las personas con VIH, Hepatitis virales y Tuberculosis se reunieron con diputados y diputadas de diferentes bloques y realizaron actividades de visibilización frente al Congreso de la Nación.

 

“A eso hay que sumarles todas las personas que se quedaron sin obra social y prepaga y que ahora están en el sistema público”, agrega Di Bello, y advierte que algo similar ocurre con las cifras previstas para Profilaxis de Preexposición y Post-exposición (PREP y PEP), que en 2023 eran suficientes para asistir a 11.000 personas, entre ambos tratamientos, pero que para 2025 no están planificadas. Además, según lo proyectado, también se reduce la compra de reactivos para carga viral, test rápidos de VIH y pruebas de sífilis.

En cuanto a tuberculosis, según datos oficiales, en 2023 hubo casi 15.000 casos en el país, una cifra que está en aumento. Para la atención de estas personas, ese año había medicamentos para unos 13 mil tratamientos. Para 2025, en cambio, se estima que habrá 11.000.

Sin prevención ni tratamientos

La Ley Nacional 27.675, de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), declara -entre otras medidas- de interés público nacional los medicamentos, vacunas y procedimientos para prevenir estas enfermedades e incorpora un enfoque con perspectiva de género y de derechos humanos.

Por eso, es el Estado nacional el que se encarga de realizar las compras necesarias para asegurar la provisión gratuita de tratamientos de alto costo, para personas que se atienden en el sistema público de salud. Esto es así desde hace ya más de dos décadas, aunque no fue ininterrumpido. Ya en 2024, la paralización de compras públicas provocó faltantes de medicamentos e insumos que comprometió la calidad de atención y el seguimiento de miles de personas.

Ahora, la situación vuelve a repetirse. “Este año ya hubo un incumplimiento de la ley durante todo el año por el faltante de tratamientos que hubo”, dijo Di Bello y agregó que, particularmente, desde abril no hay medicamentos para lo que se conoce como biterapia (Dolutegravir/Lamivudina). Por eso, las 2100 personas que seguían este esquema en la Argentina, en el sistema público, tuvieron que pasar a otro esquema de tratamiento, con lo que eso implica en cuanto a adherencia.

“Hay faltantes de medicación de algunos de los cócteles que tomamos las personas con VIH, y las y los infectólogos tienen que hacer cambios de esquemas según lo que esté disponible; tampoco hay condones en muchos de los hospitales del país”, coincide Mariana Iacono, de la Comunidad Argentina de Mujeres con VIH (ICW), y afirma que desde IWC hicieron un “monitoreo rápido” en 12 hospitales del país y detectaron que si bien en algunos había, están faccionando las entregas, algo que antes no ocurria.

«Aunque quisieran, si alguien tuviera la posibilidad de comprar medicamentos para VIH no podría hacerlo porque no se venden en farmacias, el único que puede distribuirlos es el Estado», dijo Mariana Iacono, de ICW, durante la sesión informativa.

 

Esto es así porque, según informaron las organizaciones, este año no hubo compras de estos productos y se están distribuyendo los que quedaron del 2023. Entonces se habían comprado 55.300 millones de preservativos. Por el contrario, para 2025 se proyecta la compra de 21 millones. Y si se piensa en las metas propuestas al respecto, frente a los 54 millones de preservativos que se proponían distribuir en 2023, “la meta para el 2025 es de 4 millones, 50 millones menos, con tasas de sífilis que aumentaron en un 50%, de enero a septiembre de 2024”, se preocupa Di Bello.

Las metas tampoco prevén la realización de campañas ni materiales de prevención gráficos y folletería. “Hay una clara intencionalidad de reducir la cantidad de personas a las que van a asistir, con todo lo que eso significa, también en el tema de reactivos, que están más bajos y que durante este año, ya nos quedamos en reactivos desde hace más de un mes, en todo el país”, lamenta Di Bello.

“El año que viene, van a faltar medicación, preservativos, geles íntimos, todas cuestiones que están implicadas en la ley de salud sexual y reproductiva, que son responsabilidades del Estado nacional, no se resuelven con hacer responsables a las provincias o diciendo que las provincias que puedan organicen compras”, subraya Iacono y afirma que esto genera una complejidad, tanto en términos de prevención como de tratamiento, sobre todo para las mujeres que son las que usualmente coordinan los hogares y estan a cargo de las tareas de cuidado, que muchas veces encuentran dificultades, tanto de tiempo como de recursos, para poder ir al hospital a hacer el seguimiento del VIH, a buscar medicación o a retirar preservativos, entre otras cuestiones.

“Tenemos una proyección de catástrofe, porque si no va a haber entrega de preservativos significa que va a haber más transmisión de VIH, sífilis, hepatitis y todas las infecciones de transmisión sexual”, concluye Iacono.