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Agencia TSS – Con la modificación de la estructura de la Agencia de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) y la cancelación de los Proyectos  de Investigación Científica y Tecnológica (PICT), el Gobierno profundiza la desarticulación de las herramientas de inversión en ciencia y tecnología en la Argentina. El anunció confirmó la suspensión de la convocatoria PICT de los años 2022 y 2023, que venía demorada y finalmente no se hará. La primera ya tenía 1550 proyectos aprobados que esperaban que se les asignaran fondos pero desde el Gobierno eso nunca se hizo. La convocatoria 2023 fue prorrogada durante dos años a la espera de que el Gobierno tomara una decisión al respecto.

Las autoridades de la Agencia I+D+i, previamente a las modificaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo, eran un directorio de 11 personas, propuesto por el Poder Ejecutivo nacional y consensuado con la comunidad científica. Este sistema garantizaba pluralidad en la toma de decisiones de financiamiento de la ciencia y la tecnología, y permitía un análisis plural sobre las líneas a profundizar en inversión. En su nueva estructura, la Agencia contará con solo tres directores nombrados por el Ejecutivo. Así, el financiamiento del sector científico-tecnológico pasará a estar concentrado en las decisiones del Ejecutivo sobre qué lineamientos debe seguir la ciencia nacional.

Fernando Peirano, expresidente de la Agencia I+D+i (2020-2023), explicó a TSS: “El proceso de evaluación del PICT siempre fue muy riguroso. Con muchísimos evaluadores que recibían 3200 proyectos para aprobar 1550, lo que implicaba hacer unos 9000 dictámenes. La convocatoria 2022 empezó a evaluarse a comienzos de 2023 y a finales de ese año se concluyó y se hizo el ranking de méritos. La idea era que el directorio de la Agencia trascendiera a las gestiones presidenciales, así que en febrero de 2024 dio por buena la evaluación pero como el Gobierno no había nombrado a las autoridades, no se podían adjudicar los fondos. La presidenta que nombraron, Alicia Caballero, entró en conflicto con el directorio y desconoció sus decisiones, lo que derivó en una renuncia masiva de directores. Desde esa época no se volvieron a nombrar directores y luego Caballero fue despedida por el Gobierno, y recién ahora cambiaron la figura del directorio por un triunvirato con tres delegados del Ejecutivo, y dan por cancelada la convocatoria que habían sostenido en 2023 y fue prorrogada por 2024 y 2025”.

La nueva convocatoria que lanzó la renovada Agencia solo financiará 50 proyectos que serán evaluados no por pares científicos, sino por consultores contratados por el Gobierno. La Agencia fue creada en 1996 y recibe fondos del Tesoro Nacional, pero también de prestamos de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Al asumir el actual Gobierno ya había préstamos otorgados para aplicar a los PICT y se deberán renovar los contratos para poder aplicarlos a nuevos fines o ser devueltos. “Un cambio de sistema tan importante no puede ser decidido solamente por tres personas nombradas por el presidente. Necesitaría contar con un aval significativo de la comunidad científica y los actores públicos y privados del sistema de innovación. Un Gobierno tiene que potenciar al sistema de innovación, que está compuesto por actores cuya opinión es valiosa. Además, están rompiendo contratos con organismos multilaterales de crédito y con universidades. La seguridad jurídica parece ser un privilegio de las empresas multinacionales y está negado a los grupos de investigación y las instituciones de ciencia. La Justicia va a revisar la legitimidad de estas decisiones”, dijo Peirano.

En la Argentina, la ciencia se financia con diferentes herramientas. Por un lado, los científicos tienen salarios y becas pagados por el CONICET o por universidades, mientras que los proyectos en los que trabajan generalmente son financiados por la Agencia o por organismos internacionales. Algunos proyectos pueden contar también con financiamiento privado en conjunto con fondos nacionales. “Los PICT reflejan las líneas más profundas que tiene el sistema de ciencia y tecnología y están organizados con distintos perfiles y categorías. Eso permitía atender las necesidades de los investigadores jóvenes, de los grupos de investigación, de los equipos con más trayectoria y habíamos formado la categoría de Trayectorias Consolidadas. Cuando un director de proyecto acumulaba seis PICT aprobados, que son muchos años de trabajo porque cada uno dura cuatro años, se les pedía la publicación de artículos científicos, y los productos habituales pero también el involucramiento en docencia y formación de recursos humanos y divulgación, para poder sostener la ciencia en su dimensión basal. Éste era un instrumento sumamente eficiente, aunque siempre estaba la queja de que se podría aumentar el financiamiento disponible, era el único elemento que le daba un rasgo de sistema al complejo de instituciones de ciencia y tecnología. En poco tiempo esta cartografía va a empezar a borronearse y nos va a costar saber en donde está cada grupo de trabajo y cuál es su línea de investigación activa”, dijo Peirano.

Según afirmó el Gobierno, la nueva convocatoria de proyectos será exclusivamente para financiar investigaciones que fortalezcan la cadena de valor y el desarrollo productivo. Las investigaciones deberán estar vinculadas a una empresa o start up con una escala de madurez TLR 3 a 9, un método ideado por la NASA para evaluar proyectos. Así, se dejará de lado el financiamiento de proyectos exploratorios de nuevas tecnologías o que sean para ampliar el conocimiento científico no vinculado con empresas en el corto plazo. “Lo que ha hecho el Gobierno, como en muchas otras temáticas, fue plantear una falsa dicotomía. No se trata de elegir ciencia aplicada o básica, hay una complementación porque la ciencia y la innovación son un proceso que tiene que acompañarse desde el principio hasta el fin. El Gobierno asocia la ciencia útil a la ciencia de la última milla y así sustituye una cartera de 1500 proyectos por una de 50 proyectos bajo la carga ideológica de que solo lo que se puede asociar a una empresa es útil. No es una decisión técnica y es falaz. Se solapa con las actividades que ya hacen las aceleradoras en nuestro país evaluando start ups, por gente que no tiene experiencia y que no podría hacerlo mejor que las aceleradoras, que además de financiamiento dan herramientas y consejos técnicos para que quienes empiezan con una idea científica tengan ideas de gestión y nociones de manejo de empresas, algo que la Agencia no sabe hacer”, dijo Peirano.

Según el texto aprobado por la ley Bases el año pasado, el Gobierno no podía cerrar la Agencia I+D+i, por lo que se supone que el Congreso consideraba que era importante seguir financiando la ciencia. Con las decisiones tomadas por el Ejecutivo, la Agencia quedará vaciada de fondos, más allá de no haber hecho pagos en los dos últimos años. Según Peirano esto es “un mensaje contundente y claro de expulsión del sistema público para los investigadores. Le estamos diciendo que no vamos a reconocer ni financiar su rutina de investigación. Recordemos que los salarios los paga la institución donde trabajan los investigadores, sean el CONICET, las universidades o los institutos, pero las actividades que realizan se pagan con los PICT. Algunos grupos seguirán gracias al financiamiento internacional pero viene una gran atomización”.

En cuanto a las estrategias que pueden usar los científicos para continuar con sus proyectos de investigación Peirano recomendó que, “es un momento para extremar los vínculos universidad-universidad en América Latina. Sé de a buena predisposición de las comunidades de México, Brasil, Colombia y Chile. También hay que esperar a ver si el Congreso se pronuncia sobre la legalidad del Decreto 447 (que reduce el directorio de la Agencia al presidente y dos directores). Se trata solo de 50 millones dólares y sería importante que si el Gobierno no quiere ejecutarlos que lo hagan las universidades con nuevo financiamiento”.