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Agencia TSS – “El Gobierno podría vender toda la Cordillera de los Andes de punta a punta y los promedios provinciales no llegarían al 25%», afirma Matías Oberlin, coordinador del Observatorio de Tierras del PRIHA (Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA). Después de cinco intentos fallidos y un cuarto intermedio que se extendió desde el 16 de julio, el oficialismo volverá a intentar, este jueves 6 de agosto, aprobar la reforma de la Ley de Tierras Rurales, incluida dentro del proyecto denominado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Sin los votos necesarios para avanzar, el Gobierno modificó uno de los puntos más cuestionados de la iniciativa. Aunque presentó el cambio como una respuesta a las críticas recibidas, especialistas sostienen que la reforma mantiene intacto su objetivo central. La versión original eliminaba directamente las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de personas o empresas extranjeras.

Ahora, el oficialismo propone fijar un máximo del 25% de tierras rurales en manos extranjeras por provincia, en reemplazo del 15% establecido por la ley vigente. Sin embargo, Oberlin considera que el cambio es más aparente que real: «La movida que hace el Gobierno es una trampa porque sigue derogando todos los artículos de la Ley de Tierras que fijan límites para quedarse con espejos de agua, zonas ribereñas, zonas de frontera y zonas núcleo”.

Pero, según el investigador, el principal problema ni siquiera está en el nuevo porcentaje. La clave está en cómo se mide ese límite. El proyecto toma como referencia el promedio de cada provincia, aunque dentro de una misma jurisdicción existen departamentos donde la concentración de tierras en manos extranjeras ya supera ampliamente el 15% permitido por la legislación actual.

 

Uno de los casos más representativos es el departamento de San Carlos, en los Valles Calchaquíes salteños. Mientras toda la provincia de Salta registra un 11,31% de tierras rurales en manos extranjeras, San Carlos alcanza el 59,8%. Es decir, casi seis de cada diez hectáreas del departamento pertenecen a propietarios extranjeros. Allí conviven comunidades indígenas, recursos hídricos estratégicos y proyectos mineros en distintas etapas de desarrollo.

La situación se repite en otras regiones del país. En Neuquén, por ejemplo, la extranjerización provincial ronda el 5,5%, pero el departamento de Lácar alcanza el 54,17%, con capitales estadounidenses concentrando buena parte de esa superficie.

Para Oberlin, esos casos muestran por qué el nuevo límite provincial no modifica el escenario de fondo: “Permite más extranjerización por provincia, cuando ninguna llega hoy al límite del 15%. El problema no está a nivel provincial, sino dentro de cada provincias. Hay departamentos que tienen un 50% de extranjerización o más, casi un 60%”, explica.

En la práctica, eso significa que departamentos donde la concentración ya es muy alta podrían seguir vendiendo tierras a capitales extranjeros sin incumplir la ley, porque el promedio provincial continuaría por debajo del nuevo tope: “Podrían seguir extranjerizando estos departamentos que ya están sumamente complicados y eso no afectaría el promedio provincial”, advierte.

Para ilustrarlo, el investigador hace el siguiente razonamiento: “Podrían vender todos los departamentos linderos al Paraná a lo largo de todo su curso y las provincias no llegarían al 25%. Podrían vender toda la zona de frontera y las provincias no llegarían al 25%. Por eso alertamos que se trata de una trampa”.

Los registros del Observatorio de Tierras indican que existen 36 departamentos, partidos o localidades que ya alcanzan o superan el límite del 15% previsto por la legislación vigente y que, en cuatro de ellos, la extranjerización supera el 50%. Ninguno de esos casos quedaría alcanzado por un criterio basado únicamente en el promedio provincial.

 

Capitales globales en busca de tierra

Para Oberlin, la reforma no puede entenderse únicamente como una decisión de política interna. La vincula con un proceso global en el que grandes fondos de inversión y patrimonios concentrados buscan transformar parte de su riqueza financiera en activos considerados más seguros, entre ellos la tierra: “Estamos en una etapa de fuerte concentración económica a nivel mundial. Antes de que exploten las burbujas financieras que se generaron en los últimos años, esos capitales buscan dónde asentarse. Históricamente, terminan haciéndolo mediante la compra de tierras”, sostiene.

Según el investigador, ese fenómeno ya puede observarse en distintos países. “Lo hizo, por ejemplo, Bill Gates en Estados Unidos, que se convirtió en uno de los mayores propietarios privados de tierras agrícolas. Son procesos que ahora también buscan expandirse hacia regiones estratégicas como América Latina”, señala.

En la Argentina, los registros del Observatorio de Tierras muestran que los capitales estadounidenses encabezan actualmente la lista de propietarios extranjeros de tierras rurales, con 2,7 millones de hectáreas. Les siguen los italianos, con cerca de 2 millones, y los españoles, con 1,7 millones. Entre los tres concentran aproximadamente la mitad de toda la superficie rural extranjerizada del país.

A ellos se suman capitales británicos, con unas 246.000 hectáreas en el territorio continental, además de la ocupación británica de las Islas Malvinas, y más de 300.000 hectáreas registradas a nombre de sociedades radicadas en jurisdicciones como Luxemburgo, Liechtenstein y Panamá, donde resulta más difícil identificar a los propietarios finales.

Una votación con final abierto

Mientras el oficialismo intenta reunir los apoyos que todavía necesita para alcanzar el quórum, organizaciones sociales, sindicales, campesinas, indígenas y ambientales convocaron a movilizarse este jueves frente al Congreso y en distintas ciudades del país para rechazar la iniciativa.

Oberlin considera que la presión social todavía puede influir sobre una votación que permanece abierta.“El jueves va a ser una movilización masiva, no solo acá sino en todo el país. Van a marchar organizaciones sociales, políticas, sindicales, parroquias, gente autoconvocada y medios de comunicación. También habrá colectivos de artistas y convocatorias de la CGT y las CTA”.

Para el investigador, el objetivo inmediato es que los legisladores hagan pública su posición antes de la votación: “Queremos que, con nombre y apellido, informen en cada provincia cómo van a votar una ley que consideramos tan problemática para la soberanía nacional”, concluye.