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Agencia TSS – Las políticas de producción pública de medicamentos (PPM) durante el período 2002-2015 representan un caso paradigmático de un proceso de construcción de capacidades estatales para impulsar políticas industriales y tecnológicas en un sector estratégico. La crisis de 2001 provocó un desabastecimiento de medicamentos en numerosos centros, clínicas y hospitales de todo el país. Como consecuencia, en el año 2002 se creó el Programa REMEDIAR y se sancionó la Ley 25.649 de medicamentos genéricos.

En 2007 se constituyó, durante el primer kirchnerismo, la “Red de Laboratorios Públicos de Medicamentos para Producción, Investigación, Desarrollo y Servicios” (RELAP), integrada inicialmente por 21 laboratorios de PPM. Durante los gobiernos de Cristina Fernández (2007-2015), dos leyes lograron darle un marco a la producción pública para institucionalizar la red ya existente: la Ley 26.688, de 2011, y la Ley 27.113. La primera declaraba “de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos entendiendo a los mismos como bienes sociales”. La segunda, creó la Agencia Nacional de Laboratorios Públicas (ANLAP) de 2014; como organismo descentralizado y autárquico bajo la órbita del Ministerio de Salud.

La llegada a la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019), marcó el inicio de un nuevo ciclo político de neoliberalismo, y un fuerte proceso de desarticulación y desfinanciación del sector sanitario. Como consecuencia, entre 2017 y 2018, la ANLAP transitó un proceso de organización institucional con numerosos vaivenes, alcanzando su funcionamiento operativo al definir un espacio físico propio, consolidar su sistema administrativo financiero (Burgardt, 2024; Fundación GEP, 2025; Lettieri et al., 2025**). En aquel momento los laboratorios públicos produjeron unas 370.000.000 de unidades farmacéuticas y alrededor de 6.500.000 de personas recibieron algún tratamiento con productos elaborados por los laboratorios públicos.

Al comienzo del mandato de Alberto Fernández (2019-2023), la Agencia estaba conformada por 34 laboratorios (Fundación GEP; 2025). Pese a las oscilaciones del último gobierno peronista, la ANLAP consolidó su estructura organizativa, y estuvo envuelta en el diseño de políticas públicas decisivas para el sector. Por ejemplo, financiando con 5 millones de dólares una convocatoria de los Fondos Argentinos Sectoriales (FONARSEC): “Proyectos Estratégicos-Producción Pública de Medicamentos 2021” (PE-PPM 2021). La misma fortalecía la producción de vacunas, antivenenos, antitoxinas y antivirales, y acicateaba la modernización tecnológica de los laboratorios.

La PPM habían adquirido entornos organizacionales con densidad sistémica. Este sendero de 25 años de acumulación de capacidades institucionales, de I+D+i, e industriales, fue mutilado con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N°70/23 con el cual el presidente Javier Milei deroga la Ley N°27.113 y disuelve la ANLAP.

El ahorcamiento presupuestario impacta en la producción

A partir del año 2023 y gracias al artículo 264 del DNU 70 (Ley Bases), la producción pública de medicamentos fue arrojada por una ladera escarpada, sin que todavía haya podido sofrenar su caída. La ANLAP, además de garantizar el cumplimiento y los objetivos de la Ley 26.688, tenía la función de coordinar y consolidar la federalización de la PPM – incluso ejerció un papel crucial en la última pandemia–. Los más de 35 laboratorios que contuvo, que dependen de distintos sectores del Estado –nacional, provincial, municipal o universitaria– ahora se ven enfrentados a un panorama de aislamiento y fragmentación. El bioquímico Jorge Zarzur, protagonista del sector desde la primera década de los 2000 y parte integrante de las primeras dos gestiones de ANLAP indicó, al ser consultado para esta nota, que “la producción pública [con ANLAP] había encontrado un ámbito de reunión, de coordinación, de acompañamiento a los proyectos de formación y de conocimiento de la demanda del sector público: se trató de orientar, de generar especificidad de planta por región”. Además, la agencia era una correa de transmisión entre la producción y la demanda –del Ministerio de Salud nacional–. Actualmente, las provincias responden como pueden a los requerimientos de estas unidades productivas, y la desidia presupuestaria es la norma que atraviesa el sector.

El Laboratorio de Hemoderivados “Presidente Illia”, perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba, es un ejemplo de la pérdida de capacidades productivas. Si bien tiene como rasgo saliente la gestión autónoma con recursos propios, la unidad integró la Red Nacional de Laboratorios Públicos articulada por la ANLAP –lo que le permitió entre otras cosas, recibir susidios de la Agencia y del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) para el desarrollo y elaboración de una gammaglobulina enriquecida con anticuerpos neutralizantes anti Sars-CoV-2– (Laboratorio Hemoderivados, 2021). Recientemente, la línea de producción de genéricos inyectables, inaugurada en 2002 –Fármacos-UNC– se vio totalmente interrumpida. En 2003, ya se fabricaban 10 de estos productos de pequeño volumen para uso hospitalario: agua bidestilada, cloruro de potasio, cloruro de sodio, dexametasona, difenhidramina, furosemida, lidocaína, metoclopramida, ranitidina y solución fisiológica.

Pascual Fidelio, bioquímico y antiguo director del ANLIS-Malbrán, al ser consultado para esta nota, indicó que “Hemoderivados obtuvo más repercusión social como laboratorio público nacional por la fabricación de inyectables genéricos, que por los hemoderivados”. Ocurre que los productos derivados de la sangre tienen un mercado más acotado y específico, singularidad que no soslaya su importancia. El ahorcamiento también los alcanzó, ya que producía, con alternancia, albúmina sérica humana, inmunoglobulina G endovenosa, gammaglobulina T, factor VIII Antihemofílico, antitrombina III, complejo protrombínico, gammaglobulina antitetánica y gammaglobulina Anti-Rho (Anti D). Hoy solo produce los primeros dos, que dan rentabilidad.

El Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Dr. Julio I. Maiztegui” (INEVH), que forma parte orgánicamente de la red ANLIS-Malbrán, produce –habiendo participado de su desarrollo hace más de tres décadas– la vacuna contra la Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA), una zoonosis viral endémica grave, que puede llegar a tener hasta un 30% de letalidad cuando no se aplica tratamiento. Al ser transmitida por un roedor silvestre, se trata de una enfermedad no erradicable. Candid-1, la vacuna contra el “mal de los rastrojos”, enfrentó dificultades en su producción durante el macrismo; problemas presupuestarios llevaron a postergar mantenimiento y renovación de instalaciones y equipamiento. Específicamente, durante 2018 hubo inconvenientes, entre otras problemáticas infraestructurales, con la planta de producción de agua de calidad farmacéutica, equipamiento crítico en la línea de manufactura.

Recién en septiembre de 2021, luego de tres años de interrupción y una inversión muy importante hecha desde ANLIS –infraestructura, equipamiento y servicios críticos–, un lote compuesto por 7.771 viales se puso en circulación. Lo llamativo es que, en la actualidad, y en particular con la llegada de Mario Lugones a la cartera sanitaria nacional, los lotes de Candid-1 han disminuido de forma muy pronunciada. La FHA azota cuatro provincias endémicamente: Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Buenos Aires, donde hay entre 4 y 5 millones de personas expuestas indirectamente al virus.

El Instituto Nacional de Producción de Biológicos (INPB), también perteneciente al ANLIS-Malbrán, recibió una inversión de aproximadamente 200 millones de pesos durante 2021. La misma implicó obras de refuncionalización edilicia, de espacios para el traslado de Servicios de Antígenos y Antisueros, Servicio de Vacunas Bacterianas y el Servicio de Toxinas y Toxoides, pero también del servicio de envasado de BCG y Tuberculina; se remodeló la planta de producción de biológicos; los servicios de Sueros Terapéuticos y la planta de agua. Las capacidades del INPB son únicas dentro del territorio Nacional: es la única unidad estatal capaz de fabricar un antídoto contra la picadura de una víbora salvaje –como la yarará– que haya sufrido una persona en cualquier lugar de la Argentina, sea La Pampa o Misiones.

Si bien el Ministerio de Salud reconoció en 2024 que “la producción de antivenenos se vio afectada por la remodelación de la Planta de Producción de Biológicos (PPB) como de la Planta de Producción de Ingrediente Farmacéutico Activo (IFA) […] para mantener adecuada la misma a las altas exigencias regulatorias de ANMAT vinculadas con BPF (buenas prácticas de fabricación)”, el INPB todavía no obtuvo la habilitación, lo cual complica su logística de colocación de sueros en el territorio de la República. El suero antiofídico de la picadura de yarará en La Pampa no es exactamente el mismo que el requerido para Misiones –por poner solo dos ejemplos–, y contar con el sello del organismo regulatorio simplificaría la logística territorial. Además, este respaldo expande las posibilidades exportadoras del laboratorio público a nivel regional: Paraguay, Uruguay, y en algún caso Brasil, que tiene sus gigantescos laboratorios de producción pública como Butantan, pero que aun así no da abasto para satisfacer la demanda. Incluso, hubo contactos desde países africanos con autoridades del Malbrán, para adquirir alguno de los insumos del INPB. Sin habilitación de la ANMAT, todo quedó en la nada.

Los sentidos socioeconómicos de la PPM

La PPM estuvo atravesada por la yuxtaposición de diferentes sentidos socioeconómicos que le fueron asignados a lo largo más de dos décadas: a) concebida para la provisión de medicamentos básicos esenciales en contexto de emergencia sanitaria; b) como política orientada al impulso de producción complementaria, que no compita por márgenes de rentabilidad con el sector privado –al concentrarse en medicamentos esenciales y/o huérfanos–; c) para atenuar la arbitrariedad de los márgenes de ganancia del sector privado –es decir, como reguladora de los precios de mercado–; d) para impulsar una industria nacional de medicamentos con capacidades de I+D; producción de principios activos en el país, actor “empresarial” con colaboraciones estratégicas con el sector privado nacional.

El contexto actual no permite siquiera establecer un debate razonable en torno a los tópicos desplegados en el párrafo anterior. Incluso, el sector privado de capitales nacionales enfrenta dificultades importantes debido a las modificaciones que el Gobierno de Milei ha hecho en el área de la Propiedad Intelectual. Nos referimos a la derogación de la Resolución Conjunta, Ministerio de Industria, Ministerio de Salud e INPI 118/2012, 546/2012 y 107/2012 (referida en la prensa como “Tripartita”) removiendo las pautas para el examen de patentabilidad de lsa solicitudes de patentes sobre invenciones químico farmacéuticas que estaban en su Anexo; y a la adhesión de la Argentina al Patent Cooperation Treatment (PCT), que la Cámara Baja aprobó la última semana de agosto –debe ser ratificado por el Senado– aplicando una reserva para no adoptar el Capítulo II, en buena medida gracias a la presión de CILFA, cámara que nuclea los grandes laboratorios de capitales nacionales.

Ambas iniciativas son peticiones que los norteamericanos establecieron en el “Acuerdo de Comercio e Inversiones recíprocas entre Estados Unidos y la Argentina” (ARTI, por sus siglas en inglés). Ocurre que la resolución tripartita ponía un dique al patentamiento de compañías estadounidenses y europeas; la adhesión total al PCT no es en sí mismo perniciosa, pero contando con un sector biofarmacéutico altamente heterogéneo y desarticulado, una consecuencia evidente sería una mayor concentración u oligopolización en favor de las transnacionales occidentales, con una dinámica tendiente a asemejarse a los “medicamentos de alto costo”.

Pueden identificarse consecuencias ocultas del ARTI –todavía debe ratificarse en el Congreso–, en torno a las pruebas clínicas de medicamentos y vacunas, incluso para enfermedades virales o bacterianas poco frecuentes. En el centro de la discusión están el sector farmacéutico, pero también indirectamente, el agrícola, y el químico –con especial énfasis en la divulgación de “datos de prueba” al momento de la aprobación–. Los gobiernos neoliberales tienen una fuerte tendencia a otorgar laxitud en la experimentación fármaco-biotecnológica –revisar la Disposición ANMAT 4008/2017–, que en un contexto geopolítico como el actual podría rozar niveles de riesgo biológico inaceptables para la sociedad argentina.

La constitución de un frente común entre los laboratorios de PPM, las pymes nucleadas en la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (COOPERALA) y los grandes laboratorios de CILFA constituiría una interesante mesa de debate por los sentidos socioeconómicos de la producción de medicamentos en particular, y al destino de la salud en la Argentina más en general.

*Profesor Adjunto Regular e Investigador de CONICET en la Universidad Nacional de José C. Paz.

**Lettieri, M., Langer, A., & Roca, A. (2025). Articulación entre políticas de I+D, salud y productivas: el rol de ANLAP. En A. Roca & M. Lettieri (Coords.), Políticas del conocimiento, naturaleza, salud, cuerpos e identidades. Ediciones UNPAZ.