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Agencia TSS / Noticias UNSAM – El cambio climático exige reducir el uso de combustibles fósiles, mientras que los conflictos bélicos internacionales ponen en evidencia la necesidad de avanzar sobre sistemas que tengan mayor seguridad y autonomía energética. En paralelo, la demanda global de petróleo continúa en aumento y países como la Argentina apuestan a la exportación de hidrocarburos.

Sobre estas paradojas, investigadorxs de la UNSAM suman interrogantes globales al debate local por el clima. Fueron los únicos del sector académico nacional que viajaron a Santa Marta (Colombia) para participar de la Primera Conferencia Internacional para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles y, de regreso al país, compartieron las reflexiones más relevantes de esa experiencia. Fue en el marco del III Congreso Nacional de Política Exterior, organizado por la Escuela de Política y Gobierno (EPyG) junto con la Red Argentina de Profesionales para la Política Exterior (REDAPPE), que se desarrolló del 8 al 10 de junio en el Campus Miguelete.

“La conferencia puso sobre el eje la transición de los hidrocarburos, que es un tema que suele ser esquivo y difícil de plantear”, cuenta Marcelo Saguier, director de los posgrados en Relaciones Internacionales de la EPyG y uno de los investigadores que participó del evento de Santa Marta. Para Saguier, traer estos debates al país —donde el tratamiento de la cuestión de hidrocarburos, energía y desarrollo ha estado atravesada por posiciones polarizadas entre un ambientalismo ingenuo y un desarrollismo sin mirada de sostenibilidad— es clave. “Falta una dimensión global o de política internacional, algo que desde la UNSAM ya estamos impulsando”, destaca.

Organizada por Colombia y los Países Bajos, la conferencia de Santa Marta reunió a gobiernos, referentes de organizaciones sociales, científicxs, investigadorxs y representantes de la academia. Surgió tras la última Conferencia de la ONU sobre el Clima (COP 2025), que se desarrolló en Brasil con una coalición de 57 países —que representan el 30 % del consumo de hidrocarburos del mundo—, aunque sin la presencia de los principales, como Estados Unidos y China, que se proponen trabajar en la generación de instrumentos y estrategias para lograr una transición energética más allá de los fósiles.

“Esto requeriría acuerdos políticos e incluso hasta un tratado para arbitrar todas las asimetrías que hay entre países dependientes de hidrocarburos y países que pueden financiar, y algún tipo de estrategia de secuenciamiento para que países como Argentina no queden atrapados en una situación donde, aunque quisieran transicionar más allá de los fósiles, tampoco pudieran hacerlo”, señala Saguier, y explica que mucha de la política de transición energética y climática estuvo centrada en modificar la demanda, pero sin tener en cuenta la oferta, es decir, a los países que producen y exportan.

“No se trata de reemplazar tecnologías, sino de repensar las cadenas globales de suministro, los mecanismos de protección de inversiones que blindan al sector extractivo y las asimetrías estructurales entre países importadores y exportadores de hidrocarburos”, amplía Saguier, y agrega que, desde una perspectiva de la ecología política y las relaciones internacionales, se hace evidente que cualquier estrategia viable de transición requiere acuerdos multilaterales que aborden las dependencias económicas de los países productores y ofrezcan alternativas fiscales y financieras que hagan posible una salida progresiva de los combustibles fósiles sin condenarlos al estancamiento.

 

Argentina: a contramano del debate global

Además de tener en cuenta la oferta, también es importante considerar los distintos tratados de libre comercio y las regulaciones vinculadas a actividades extractivas, que pueden afectar a los países productores de hidrocarburos o minerales estratégicos para la transición energética. “¿De qué manera los mecanismos de protección de las inversiones extranjeras restringen la acción climática de los Estados?”, cuestiona Luciana Ghiotto, investigadora del CONICET y docente en la EPyG, y advierte que incluso cuando se plantea un reemplazo de tecnologías, estas dependen de minerales críticos cuya obtención también genera impactos ambientales y resistencias sociales, principalmente por las comunidades afectadas.

La especialista sostiene que el marco regulatorio global protege al inversor extranjero: “Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, las demandas en el arbitraje internacional contra los países de América Latina son, principalmente, en los sectores de minería e hidrocarburos, que justamente son los que durante los últimos años han recibido las principales inversiones que llegan a la región. Un 30 % de las demandas contra América Latina son en minería e hidrocarburos. El año pasado, de hecho, casi la mitad de los casos presentados en el arbitraje global estuvieron vinculados a petróleo, gas y minería”.

En este contexto, la Argentina no es la excepción. “Al contrario —explica Ghiotto—, hoy está yendo a contramano del debate global, consolidándose como un futuro exportador de petróleo en un momento en que se discute la necesidad de terminar con los proyectos fósiles existentes”. El país no solo posee 48 tratados de protección de inversiones vigentes desde la década del noventa, sino que también ha implementado el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que otorga incentivos cambiarios, aduaneros y fiscales y una estabilidad regulatoria e institucional por 30 años a inversores extranjeros y nacionales, que incentivó la llegada de capitales al sector hidrocarburos.

Según la base de datos elaborada por el Observatorio del RIGI, entre 2024 y 2026 se presentaron 36 proyectos por un valor de USD 106.004 millones, de los cuales 20 corresponden al sector de la minería y 10 a los hidrocarburos. La concentración es aún mayor si se analiza el volumen de inversión comprometida: más del 98 % de los fondos se destinan a estas actividades, con un 53 % asociado a hidrocarburos y un 45 % a minería. “La mitad de las inversiones están vinculadas al sector Vaca Muerta y a la salida del gas de Vaca Muerta por el Golfo San Matías, que es una zona protegida para la reproducción de ballenas”, sintetiza Ghiotto.

 

Tratado de no proliferación de combustibles fósiles

Otra de las contraposiciones vinculadas a la premisa de abandonar el uso de combustibles fósiles se produce entre la visión hegemónica, enfocada en reemplazar tecnologías basadas en petróleo por energías limpias, y la necesidad de pensar en “transiciones justas”, que ponen el foco en las desigualdades sociales y ecológicas, teniendo en cuenta las demandas de las comunidades indígenas, los sectores sindicales y la protección del ambiente y la biodiversidad. Por ejemplo, una propuesta es definir “zonas de no explotación” que queden excluidas de cualquier posibilidad de extracción de hidrocarburos. Es decir, “una agenda de los pueblos del sur, vinculada a la idea de la protección de la biodiversidad en zonas de alta vulnerabilidad de la biodiversidad”, según Saguier.

Otro caso fue presentado por el especialista en economía política, cambio climático y energía Peter Newell, profesor de la Universidad de Sussex en Inglaterra y uno de los autores e impulsores de un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Durante el encuentro en la UNSAM, del que participó de manera virtual, se refirió al origen de esta propuesta y detalló que el tratado se articula en base a tres pilares centrales: la no proliferación (freno inmediato a los nuevos proyectos de exploración y al financiamiento que expande las fronteras de extracción); la necesidad de una salida justa mediante la creación de un fondo de transición global que provea la tecnología y el financiamiento necesarios para que los países dependientes de las rentas fósiles (como Ghana, Nigeria o Colombia) puedan diversificar sus economías y gestionar la deuda sin quedar atrapados en activos varados; y el anclaje del tratado en obligaciones legales ya existentes sobre prevención de daños, derechos humanos y comercio “para configurar una alternativa multilateral planificada frente a una transición desordenada que amenaza con dejar a millones de trabajadores y regiones enteras afuera y atrás”.

“Hay 18 gobiernos que apoyan esta iniciativa, junto a una multiplicidad de comunidades indígenas, sindicatos, grupos de derechos humanos y sectores afectados por la economía de combustibles fósiles”, subrayó Newell y afirmó que esto representa un punto de partida ante la falta de mención de los combustibles fósiles en los acuerdos multilaterales. En detalle, indicó que esta propuesta cuenta con el apoyo de más de 4 mil organizaciones de la sociedad civil, más de un millón de individuos, más de 3000 investigadores, científicos y académicos, 11 naciones indígenas, más de 140 gobiernos subnacionales y 25 bancos de la Alianza Global para una Banca con Valores (GABV).

“La iniciativa del tratado de no proliferación de combustibles fósiles es el punto de llegada ideal del proceso de Santa Marta”, subraya Saguier y concluye: “Nos mueve la articulación para mostrar cómo lo global o lo internacional aporta elementos para repensar alguno de los procesos que están en curso. Procesos como el de Santa Marta nos permiten mostrar muchas de las cosas que se están haciendo de manera local y ver que tienen otra conexión con lo que pasa en otros lugares, que están relacionados con tendencias geopolíticas de los recursos críticos, por ejemplo, y pensar en una agenda de cooperación”.