Como respuesta a la situación crítica que atraviesa el sistema científico-tecnológico argentino debido a la política de desfinanciamiento por parte del Gobierno nacional, legisladores de la oposición trabajan en un proyecto de ley para garantizar un piso mínimo que frene la caída sostenida de los últimos dos años.
Agencia TSS – En medio de la parálisis de proyectos de investigación por falta de fondos que puso en crisis al sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación (SNCTI) y a quienes se desempeñan en él, con salarios que perdieron gran parte de su poder adquisitivo y con una actualización muy lejana de la inflación –lo que lleva a que muchos investigadores renuncien a sus cargos para buscar mejores ingresos–, legisladores de la oposición trabajan en un proyecto de ley para tratar de frenar la caída.
La debacle se completó este año con la derogación de la Ley 27.616 de Financiamiento de la Ciencia junto con el Presupuesto Nacional 2026, por lo que no hay normas que obliguen al Ejecutivo a dedicar dinero a la investigación, algo que resulta cada vez más escaso ya que no se ejecuta el financiamiento de la Agencia I+D+i inclusive para proyectos que ya fueron asignados.
Desde la oposición se están buscando alternativas para poder asegurar un piso mínimo de financiamiento de la investigación como manera de frenar la pérdida de capacidades del sistema científico-tecnológico que tantos años llevó construir. El objetivo, además, es garantizar que las instituciones puedan cumplir con los objetivos fijados en la creación de cada una y que se cumpla con los acuerdos de colaboración internacional en materia de ciencia y tecnologia.
El proyecto de ley “Condiciones Base para la Sostenibilidad y Protección del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación” todavía se encuentra en sus etapas preliminares y está sumando apoyos de diferentes bancadas, por lo que es posible que muchos de los puntos propuestos sean modificados antes de llegar a convertirse en ley, si es que finalmente consigue los votos necesarios.
La diputada Adriana Serquis (Unión por la Patria), quien lidera las presentaciones del proyecto, le dijo a TSS: “Entendemos que no va a ser una batalla fácil, necesitamos conseguir que los actores del sistema de ciencia y tecnología se lo apropien, que hablen con otros sectores de las cámaras de Diputados y Senadores, y con las provincias, que podrían darnos su apoyo para poder seguir mejorando esta propuesta”.
Uno de los puntos del proyecto es que la Función Ciencia y Tecnología del Presupuesto sea actualizada por el índice de inflación del INDEC desde el primero de enero de 2024 hasta la sanción de la ley y que, luego de esto, se hagan actualizaciones bimestrales con base en el IPC. El mismo criterio correría para los salarios de los investigadores del sistema nacional de ciencia y tecnología.
En cuanto a la dotación de las instituciones, se establecería que el mínimo de cada una fuera el descripto en el Programa de Análisis de Dotaciones del Decreto 434 del año 2016, cuando el presidente Mauricio Macri encargó el estudio a una consultora privada para determinar el plantel óptimo que debían tener diversos organismos públicos. A marzo de este año, las instituciones contaban con alrededor de 2000 personas menos que lo que se considera su dotacion óptima (ver gráfico debajo).
“Uno de los problemas principales del sector tecnológico es la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Esto, más la falta de recursos para proyectos de investigación están haciendo un combo que implica una falta de incentivos para los que quieren ingresar al sistema. Es nuestro semillero, los que entran con una beca. La idea es establecer un marco jurídico para proteger esto pensándolo como un sistema. No ver solo cuál es el problema que tiene el INTI o la CNEA, sino todo junto”, dijo la diputada Serquis.
En cuanto a los subsidios a la investigación, se exigiría que se abonen los fondos de los PICT 2022 ya aprobados y que se termine el proceso de adjudicación de los PICT 2023. También se busca abordar el conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario, ya aprobada por el Congreso y hoy en espera de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva su aplicación mientras el Gobierno negocia con los gremios y argumenta que no puede aplicarla porque no se aclara de dónde se obtendrían los fondos para solventarla. Esta afirmación se dio aún cuando la ley en su artículo 6 establece que se autoriza al Ejecutivo a reasignar partidas del presupuesto para poder cumplirla, algo que el Gobierno hace constantemente, por ejemplo para actualizar los fondos de la Secretaría de Inteligencia del Estado, o al bajar las retenciones a las exportaciones de granos.
En el caso de este proyecto de ley, para evitar estos cuestionamientos, directamente se ha optado por aclarar cómo se tienen que obtener los fondos. En el capítulo IV del proyecto de ley de Condiciones para el Financiamiento del SNCTI se restituyen impuestos que han sido eliminados por el Gobierno. Por ejemplo, los impuestos internos aplicables al tabaco, las bebidas alcohólicas, los autos de lujo, embarcaciones y aeronaves. También crea el Fondo de Financiamiento Básico del SNCTI para financiar los programas y proyectos a los que se refiere la ley. La diputada Serquis afirmó: “También estamos buscando hablar con los miembros del sistema de ciencia y tecnología para poder conocer cuáles son los proyectos que no se están ejecutando y que es necesario que tengan financiamiento urgente”.
