La Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF) de la Universidad Nacional de Córdoba y el Archivo Provincial de la Memoria firmaron un convenio para modernizar la infraestructura tecnológica que custodia la documentación del terrorismo de Estado en la provincia. La decisión llega en un momento crítico, tanto por la hostilidad del Gobierno nacional hacia las políticas de Memoria, Verdad y Justicia como por las necesidades de las instituciones de derechos humanos.
Agencia TSS – En el año en que se cumplen los 50 años del golpe de Estado cívico-militar-eclesiástico del 24 de marzo de 1976 y a 20 años de la creación del Archivo Provincial de la Memoria (APM) de Córdoba; el Gobierno de la provincia mediterránea va, paradójicamente, a contramano del rumbo que marca el Gobierno nacional argentino, el cual, en todo el país viene desfinanciando a las instituciones y los programas enfocados en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
El 20 de marzo último, al mediodía de una calurosa jornada de un climáticamente anómalo final de verano cordobés, en la callejuela de reminiscencias coloniales que separa el Cabildo histórico provincial de la Catedral mediterránea se suscribió un convenio histórico para la modernización de la infraestructura informática de la APM, una decisión gubernamental, simultáneamente técnica, ética y política. Los actores participantes, además del APM, representado por su directora, María Eleonora Cristina, fueron el Ministerio de Vinculación y Gestión Institucional (MINVIG) de Córdoba (del que depende el APM), en la persona de su titular, Miguel Siciliano; y la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), encarnada en su decano, Pedro Pérez.
El APM fue creado en 2006, por la Ley N° 9.286 de la Provincia de Córdoba, que estableció para su funcionamiento las casonas donde operó el tristemente célebre Departamento 2 de Informaciones (D2) de la Policía provincial. El sitio, ubicado en la parte posterior del Cabildo Histórico de la ciudad, fue un epicentro de la persecución y la represión política en la capital cordobesa desde principios de la década de 1970. Según relató su directora a TSS, la institución comenzó literalmente desde cero, «este archivo fue creado sin papeles; recibimos un edificio en muy malas condiciones», explicó Cristina. Dos décadas después, esa realidad inicial contrasta con la robustez de lo construido.
El APM es hoy un organismo referente a nivel nacional que realiza varias tareas fundamentales para las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. En primer lugar, es el principal encargado de la búsqueda, procesamiento y preservación de la documentación y los registros que constituyen la base para los juicios por delitos de lesa humanidad y para la construcción y difusión de la memoria histórica de lo ocurrido en aquel nefasto período de la vida argentina. Con este propósito, el APM no sólo es un actor clave en los procesos judiciales, sino que lleva a cabo tareas pedagógicas y de difusión, recibiendo en sus instalaciones a instituciones educativas y grupos de diversa índole, además,de producir contenidos propios. El APM funciona bajo la órbita de la Comisión Provincial de la Memoria junto con los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) de La Perla y Campo de la Ribera, ubicados ambos en los alrededores de la ciudad de Córdoba.
Un ejemplo reciente de la tarea que desempeña el APM ha sido la reparación de los expedientes del personal de la Escuela Superior de Comercio “Manuel Belgrano”, la Facultad de Ciencias Sociales (2024) y la Facultad de Filosofía y Humanidades (2025), todas instituciones pertenecientes a la UNC. Con el develamiento de esos archivos se pudo constatar de modo fehaciente que las personas involucradas no habían «abandonado» sus carreras ni «desertado» de sus puestos de trabajo, como argumentaron en su momento los jefes locales de la dictadura para justificar su accionar, sino que habían sido detenidas y desaparecidas. La distinción no es semántica; es la diferencia entre el olvido institucional y el reconocimiento formal de lo ocurrido. «Ese material sirve de insumo para la implementación de políticas de reparación», explicó Tamara Pez, titular de la Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad del Gobierno de la Provincia de Córdoba, en diálogo con TSS.
El año 2026 trajo la fuerza simbólica de un aniversario especialmente relevante. «Este ejercicio que permiten las fechas redondas de pensar en todo lo construido en estos 20 años, que es mucho», señaló Cristina. Y ese aniversario coincide con una carga de trabajo creciente, en donde el equipo del APM recibe más solicitudes que nunca, provenientes de investigadores, familiares, organismos judiciales y organismos de derechos humanos. El sistema tecnológico que sostiene toda esa gestión, sin embargo, se encuentra al límite de su capacidad.
Tecnología pendiente
El corazón tecnológico del APM es un sistema de gestión documental llamado “Presentes”, desarrollado varios años atrás por Marcelo Yornet para la organización Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS), de la que formaba parte. Posteriormente, ese programa fue donado a la APM. En palabras de Tomás Longhini, actual responsable del área de sistemas del Archivo, se trató de «un trabajo extraordinario» pero los límites del tiempo y de la tecnología son inexorables.
La descripción técnica del estado actual del sistema es inequívoca en su gravedad. Presentes fue construido sobre Visual Basic 6, un lenguaje de programación de Microsoft que dejó de recibir soporte en 2008. A su vez, el sistema operativo del servidor, Ubuntu 18.04, alcanzó su fin de soporte en 2023. Y los propios servidores físicos tienen entre 15 y 17 años de antigüedad. «Partimos de una premisa simple: la pregunta no es si algo va a fallar, sino cuándo», le sintetizó Longhini a TSS. La expresión, aparentemente trivial, condensa una realidad técnica de alta complejidad: en un entorno así, no existen parches de seguridad actualizados, no hay soporte ante fallos y cualquier evento de hardware, como un disco rígido que se deteriore o una fuente de alimentación que falle, puede traducirse en la pérdida permanente de datos.
El problema no es solo de obsolescencia tecnológica en sentido abstracto, sino de continuidad misional. El APM no gestiona datos ordinarios: custodia documentación sobre víctimas del terrorismo de Estado, sus itinerarios en los centros clandestinos, sus identidades y sobre los crímenes cometidos. Esa información es, en muchos casos, la única prueba existente de lo ocurrido y su pérdida sería irreparable. «La misión del APM requiere una infraestructura digna, que dé garantía de disponibilidad, seguridad y acceso a la información. Actualmente, esos estándares están al límite y el convenio es la respuesta concreta a esto», sostuvo Longhini.
Para Pez, la firma del convenio también implicó reconocer una deuda que el Estado tenía con la institución: «Este convenio es fundamental porque permite actualizar el sistema de almacenamiento y garantizar el resguardo de esa información. Es algo que teníamos como una deuda de parte del Estado», enfatizó ante TSS. La expresión no es retórica, ya que durante años el APM funcionó con recursos escasos, sostenido por el compromiso de su equipo y por la solidez que Yornet le había dado al sistema original pero sin la inversión que una institución de ese tipo debería recibir.
FAMAF, técnica y ética
La elección de la FAMAF como socia tecnológica del APM no fue casual ni meramente instrumental. La facultad, una de las más prestigiosas de la Argentina en las áreas de matemática, física, astronomía y ciencias de la computación, tiene un reconocimiento nacional e internacional que va más allá del ámbito académico, con graduados y docentes ocupando posiciones de referencia tanto en el sector académico como en la industria tecnológica. Para el APM, con su necesidad de garantizar, no solo la calidad técnica del trabajo sino también su continuidad en el tiempo, esas características fueron determinantes para seleccionar a la FAMAF como el proveedor central para su modernización informática. Pero había algo más.
Cuando el APM edificaba su infraestructura tecnológica a pulmón, con la colaboración, en buena medida voluntaria de sus primeros integrantes y de los organismos de derechos humanos de Córdoba, un equipo de la FAMAF liderado por Franco Luque, docente e investigador de esta casa de estudios, contribuyó con el desarrollo de un programa (software) que, más de una década antes del boom de la inteligencia artificial (IA) permitía leer fichas de legajos escritas a mano en la década de 1970, reconocer en ellas nombres de personas, tareas y destinos asignados, permitiendo de ese modo reconstruir las trayectorias profesionales dentro de las fuerzas armadas de innumerables imputados en causas de lesa humanidad. Se trata de un insumo fundamental en los juicios, imposible de hacer con el escrutinio artesanal humano de los documentos, por su volumen, y por la difícil legibilidad en muchos casos.
En pleno 2026, Longhini dijo: «Confiar este trabajo a una institución de jerarquía como la FAMAF no es solo una decisión técnica, sino también ética y política». «El abordaje interdisciplinario que planteamos, agregó el responsable técnico del APM, refleja exactamente esto: un sistema y una actualización de tal magnitud no se diseña solo desde la ingeniería, sino desde el entendimiento de para qué existe el APM y el significado de todo lo que aquí se aloja», agregó.
Desde la perspectiva de la FAMAF, el convenio también tiene un componente institucional de enorme peso. En el discurso pronunciado en la ceremonia de firma del convenio, Pedro Pérez evocó la resolución 3/2019 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos, que establece que «las políticas públicas de memoria se encuentran inscriptas en las obligaciones estatales de provisión de verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos». Esa cita inaugural no fue un gesto protocolar, sino la declaración de por qué una facultad de ciencias “duras” firma un convenio con un archivo de derechos humanos.
«Desde la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación nos enorgullece poder hoy firmar este convenio en el que la Universidad Nacional de Córdoba podrá aportar desde la ciencia y la tecnología directamente en la construcción de memoria, verdad y justicia», afirmó Pérez. Y añadió una genealogía que dio aún más espesor al acto: el vínculo entre la FAMAF y los organismos de derechos humanos no comenzaba ese día. Quien desarrolló el sistema Presentes, Marcelo Yornet, lo hizo desde HIJOS; y la doctora Mirta Iriondo, dos veces decana de la FAMAF, y durante cuya gestión y con su apoyo se desarrolló el software de Luque, fue también una sobreviviente del centro clandestino de La Perla. Un sugestivo entramado histórico entrelaza a ambas instituciones y sus protagonistas.
Hardware y software
El convenio con la FAMAF tiene dos ejes de trabajo concretos. El primero es el rediseño completo del sistema Presentes para transformarlo en una nueva versión, construida sobre tecnologías actuales y con una arquitectura robusta, incorporando características como control de accesos por roles, capacidades de búsqueda potentes y herramientas que permitan a investigadores, familiares y académicos acceder al acervo de manera eficiente y sistematizada. Al mismo tiempo, el personal del APM podrá gestionar la documentación con instrumentos informáticos acordes a los procesos reales de la institución.
El segundo eje es la renovación del equipamiento físico. Los servidores actuales serán reemplazados por hardware moderno, con almacenamiento de alta capacidad, red estructurada y equipamiento profesional de digitalización (escáneres para los documentos). Esto no solo garantizará la continuidad operativa de la institución, sino que, asimismo, convertirá al APM en un repositorio confiable para los archivos de otros espacios de memoria de la provincia.
El cronograma para llevar a cabo toda esta tarea es ambicioso pero preciso. Según Longhini, el objetivo es tener una versión funcional completa del nuevo Presentes operativa antes del fin de 2026. La presentación pública del sistema está prevista para marzo de 2027, lo que también coincidirá, no casualmente, con otro aniversario del golpe de Estado de 1976. Para entonces, la infraestructura de hardware deberá encontrarse totalmente renovada. En este planteo, la FAMAF tendrá un doble rol: por un lado, será la responsable del desarrollo del nuevo programa informático; por el otro, deberá adquirir, configurar e instalar el equipamiento computacional pertinente para que aquel funcione adecuadamente. Es una tarea que aúna la solvencia técnica con la idoneidad de gestión exhibiendo, una vez más, la superioridad de las instituciones públicas, y particularmente las entidades universitarias estatales nacionales, para abordar misiones y tareas de alta complejidad.
«El nuevo convenio nos va a permitir no solo repensar y modernizar este sistema informático con nuevas herramientas y tecnología, sino también la posibilidad de hacer público más de lo que vamos produciendo y que las búsquedas sean más rápidas», señaló Cristina. Y agregó: «También implica lo que tiene que ver con el equipamiento para el resguardo de todo lo digitalizado y producido en estos 20 años».
El convenio APM-FAMAF pone en marcha no es solo una actualización tecnológica, sino también la decisión de que la documentación que habilita la justicia no se pierda por negligencia, por falta de recursos o por indiferencia política. En un año marcado por los 50 años del golpe de Estado de 1976, por los nuevos hallazgos de restos en centros clandestinos y por un Gobierno nacional que cuestiona los consensos básicos en materia de derechos humanos, Córdoba apuesta a que la memoria sea, también, un asunto de Estado sostenible en el tiempo.
Diferencia cordobesa
El convenio APM-FAMAF no existe en un vacío. Se inscribe en un contexto político nacional en el que el Gobierno de Javier Milei ha adoptado una postura que los organismos de derechos humanos califican de negacionista. Estas entidades y las políticas de Memoria, Verdad y Justicia han sido uno de los blancos predilectos de un gobierno que tiene como vicepresidenta a una persona muy cercana a los represores condenados por delitos de lesa humanidad, y ella misma es hija de un teniente coronel del Ejército, Eduardo Villarruel, que participó en el Operativo Independencia en Tucumán en 1976 y que en 1987 se negó a jurar por la Constitución Nacional.
El convenio FAMAF–MINVIG–APM implica recursos económicos por $ 495 millones aportados por el Gobierno provincial de Córdoba, encabezado por Martín Llaryora. Semejante inversión en la infraestructura tecnológica del APM tiene una dimensión que va más allá de lo administrativo. «A contrapelo de lo que ocurre a nivel nacional, donde han sido despedidos muchos trabajadores [de las instituciones dedicadas a derechos humanos y la memoria], adonde las leyes reparatorias no avanzan y no hay hoy política de señalización [de los sitios de la memoria], se puede decir que en Córdoba estamos a contramano de eso. Seguimos trabajando y apostando por la memoria y la justicia», señaló Cristina. La expresión «a contramano» fue usada también por Pérez en su discurso: «Hoy, con un Gobierno nacional negacionista que se dedica a justificar los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar, Córdoba parece ir a contramano del país».
Esa «contramano» tiene, en la actualidad, un componente adicional que lo hace especialmente significativo: los restos de desaparecidos/as hallados en la localidad de Loma del Torito, un sitio de inhumación clandestina ubicado dentro de la Guarnición Militar “La Calera” (Tercer Cuerpo del Ejército Argentino), contiguo al ex Centro Clandestino de Detención «La Perla», en Córdoba. Las investigaciones del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en ese sitio han exhumado más de 1.250 restos óseos a lo largo de los recientes años, pertenecientes a víctimas de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica. A días de la firma del convenio entre la APM y la FAMAF, se pudieron identificar otros doce detenidos-desaparecidos en el lugar, permitiendo la conclusión de décadas de incertidumbre para las familias de esa víctimas. Esos hallazgos fueron posibles, en buena medida, gracias a la documentación que el APM custodia, la cual solo podrá seguir siendo accesible si la infraestructura que la sostiene es confiable.
«No es casualidad que esto suceda en el mismo momento que se identificaron los restos de 12 desaparecidos y desaparecidas en el ex centro de detención clandestina La Perla. Como si fuera un capricho del destino, con sus propios huesos, con su propio cuerpo, vuelven 50 años después a cuestionarnos como sociedad y a poner límites al avance de la ultraderecha», sostuvo Pérez durante el acto de firma del convenio. La inversión en tecnología, en este escenario deja de ser un gasto en infraestructura para convertirse en una condición de posibilidad de la justicia.
15 may 2026
Temas: APM, Derechos humanos, Dictadura, FAMaF, Memoria, UNC, Verdad y Justicia