La tasa de desocupación cayó al 6,6% y el Gobierno celebró el dato como señal de recuperación, pero la informalidad laboral supera el 43% y crecen los trabajos con peores condiciones, muchos de ellos vinculados a plataformas digitales de reparto y transporte. Sin embargo, la nueva ley de reforma laboral no atiende esta problemática.
Agencia TSS – A principios de 2026, una empresa dedicada a la venta de artículos electrónicos en el parque industrial de Burzaco lanzó una convocatoria para cubrir treinta puestos en logística y depósito. La fila superó las tres mil personas y se extendió por más de un kilómetro bajo un sol de más de 30 grados. Las imágenes circularon en los medios y los testimonios de quienes esperaban durante horas por una oportunidad condensaron, mejor que cualquier gráfico, la situación que atraviesa hoy el mercado laboral argentino.
Según el INDEC, en el último trimestre (octubre a diciembre) de 2025, la desocupación se ubicó en 6,6 por ciento, 0,3 puntos menos que un año antes. En la apertura de sesiones ordinarias, el presidente Javier Milei destacó que la desocupación no sólo no aumentó, sino que se redujo “en un contexto donde aumentó la cantidad de personas que buscan trabajo”. Según su diagnóstico, este resultado confirma que la apertura económica impulsa una reasignación hacia sectores más productivos.
El mismo informe del INDEC que celebró el Gobierno, mostró que la informalidad laboral pasó de 42,6 a 43,3 por ciento en un año. Es decir, el empleo creció, pero una parte relevante de ese crecimiento se concentró en ocupaciones sin aportes jubilatorios ni cobertura de salud asociada a su empleo. Además, en promedio, cobran 57 por ciento menos que un trabajador formal: 535.802 pesos contra 1.247.462 pesos mensuales, según la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC).
Para entender qué dicen y qué no dicen esos números, es necesario detenerse en cómo se define el empleo: “Una persona es considerada empleada si trabajó como mínimo una hora de manera remunerada en la última semana”, explica Guido Zack, director de Economía de Fundar y coordinador del Centro de Investigaciones Macroeconómicas para el Desarrollo (CIMaD) de la EEyN-UNSAM. Bajo ese criterio, alguien que realizó una tarea paga durante unas pocas horas deja de figurar como desocupado, aún cuando se trate de una actividad esporádica o insuficiente para sostenerse.
La categoría incluye además a quienes están subempleados, es decir, ocupados que trabajan menos horas de las que desearían o necesitan. En ese marco, una persona que pedaleó dos horas a la semana para una aplicación de reparto ya no integra el universo de los desocupados: “Las nuevas tecnologías han permitido que sea relativamente fácil salir del desempleo. Lo que no es fácil es tener un trabajo de calidad”, resume Zack.
La informalidad no es sinónimo de trabajo independiente, aunque suelen confundirse. Un cuentapropista puede estar inscripto como monotributista, hacer sus aportes y ser completamente formal. Y un empleado en relación de dependencia puede ser informal si su empleador no lo registró y no paga las contribuciones correspondientes: «En la informalidad puede haber tanto independientes como asalariados», aclara Zack. Lo que define la condición no es el tipo de vínculo laboral, sino la ausencia de aportes. Quienes trabajan sin ser registrados no acceden a vacaciones pagas, aguinaldo, licencias reglamentarias ni negociación paritaria. Esa situación no solo implica la ausencia de derechos, sino también un impacto directo en los ingresos.
Existen actividades históricamente asociadas a mayor informalidad, como la construcción y el servicio doméstico, donde la proporción supera el 70 por ciento. Sin embargo, el problema no se limita a esos sectores: “La informalidad se encuentra a lo largo y ancho del mercado laboral del país. Incluso empresas grandes que tienen buena parte de su personal formalizado muchas veces mantienen algunas actividades de manera informal”, advierte Zack. El comercio, por su volumen de empleo, concentra además una porción importante de trabajadores no registrados en términos absolutos.
En este contexto, aplicaciones como Rappi, PedidosYa o Uber, entre algunas de las más populares, se convirtieron en una puerta de entrada rápida al mercado. Permiten generar ingresos en pocos días, sin entrevistas ni requisitos formales. Desde el punto de vista estadístico, cada persona que completa algunos pedidos semanales pasa a integrar la población ocupada.
Gabriel Buenos, director de Políticas Públicas de Rappi, sostiene en declaraciones a los medios y durante su exposición ante el Senado que el algoritmo está diseñado para permitir la conexión por pocas horas y, como es el trabajador quien decide cuándo conectarse, no se configura una relación de dependencia. Además, argumenta que los repartidores alternan entre varias plataformas, lo que, según su planteo, amplía su capacidad de organizar sus horarios.
Sin embargo, este discurso de la flexibilidad es calificado por Zack como “una ilusión”. El especialista advierte que, en la práctica, el algoritmo opera con lógicas que condicionan la autonomía del trabajador. De esta forma, rechazar pedidos o permanecer desconectado durante ciertos períodos puede resultar en una penalización que reduce sus oportunidades de futuros ingresos.
Regulación y el debate que no se dió
A lo largo de la historia, el Estado intervino para equilibrar relaciones entre actores con distinto poder de negociación. En el caso de las plataformas digitales, esa intervención podría traducirse en reglas que impidan penalizaciones arbitrarias y garanticen condiciones mínimas, sin necesidad de eliminar la actividad. De hecho, otros países de la región ya avanzaron en ese sentido, con regulaciones específicas que abordan el fenómeno desde distintos enfoques.
En 2025, México reformó su legislación laboral para extender la figura del empleo formal al ámbito digital. El esquema establece que, si un repartidor genera ingresos equivalentes al menos a un salario mínimo a través de una aplicación, la empresa debe reconocerlo como empleado. La norma también obliga a las plataformas a transparentar los criterios con los que asignan tareas y aplican sanciones.
Chile adoptó una estrategia distinta. A través de la Ley 21.431, creó una categoría intermedia para trabajadores de plataformas. No los equipara plenamente a empleados en relación de dependencia pero tampoco los deja sin protección. Las empresas deben garantizar un ingreso mínimo por hora superior al salario mínimo, cobertura frente a accidentes e indemnización o preaviso ante una desconexión arbitraria.
La posibilidad de regular suele encontrarse con una objeción recurrente, según la cual cualquier ingreso es preferible a ninguno y la imposición de nuevas obligaciones podría desalentar la actividad. Cuando la alternativa es no tener trabajo, una plataforma digital puede representar una salida inmediata. Para Zack, esa oposición es engañosa: “Es una falsa dicotomía. El Estado puede regular cómo funciona el algoritmo de selección de repartidores y evitar que se penalice a quien no quiera trabajar más de ocho horas al día o a quien quiera tomarse dos semanas de vacaciones. Hay maneras de regular para que no se castigue a quien busca condiciones similares a las de un trabajador formal”.
En la nueva legislación de reforma laboral que fue aprobada por el Congreso y está a punto de entrar en vigencia, no aparecen disposiciones específicas sobre el trabajo en plataformas ni sobre la creciente informalidad. Para Zack, “la reforma laboral tiene muchos problemas pero uno en particular es que no hace nada con los trabajadores de plataformas. Todas las reformas laborales en el mundo están incorporando esta nueva modalidad de empleo y, en el caso de la que se está aprobando en la Argentina, no hay absolutamente nada”.
02 mar 2026
Temas: Ciencias Sociales, CIMaD, EEyN, Empleo, Mercado laboral, Trabajo, UNSAM
