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Agencia TSS – La transición climática demanda una escala de inversión que el mundo está lejos de alcanzar. Un consenso creciente de expertos y estudios globales, respaldados por organismos internacionales líderes como el PNUMA y la AIE, indican que serían necesarios entre cinco y nueve billones de dólares anuales para sostener medidas de mitigación, adaptación y desarrollo sostenible. Esa cifra equivale a varias veces el producto interno de toda América Latina y demuestra que la problemática que se debe resolver no es solo tecnológica, sino también financiera.

En este contexto, Pablo Bortz, economista e investigador del CONICET-UNO explicó durante la charla “Financiamiento de la transición energética, la adaptación y mitigación al cambio climático” (organizada por el IDAES, la Universidad de Kassel y otras instituciones, y realizada en la UNSAM, cómo se ha abordado esta brecha financiera. Durante la última década se construyó la idea de que el financiamiento climático podría expandirse combinando recursos públicos y privados. Desde este enfoque surgió el blended finance (financiación mixta), que se define como el uso estratégico de capital público para movilizar inversión privada adicional hacia iniciativas de desarrollo sostenible.

Este mecanismo intenta reducir los riesgos para los inversores privados con herramientas como garantías estatales, préstamos en condiciones favorables o inversiones de capital de primer riesgo, atrayendo así el capital comercial hacia proyectos verdes que de otra manera no serían viables: “Blended finance es el paraguas bajo el cual se busca canalizar fondos para inversiones vinculadas al cambio climático”, resume Bortz.

Sin embargo, la expectativa de que este modelo pudiera expandir rápidamente el financiamiento para iniciatPor Matías Ortaleivas frente al cambio climático no se cumplió. Aunque permitió desarrollar algunos proyectos puntuales, en muchos casos profundizó las asimetrías existentes. La mayor parte de los recursos sigue concentrada en países desarrollados o en economías capaces de ofrecer estabilidad macroeconómica y estructuras administrativas robustas.

Ana Julia Aneise, economista e investigadora de Energía en Fundar, explica que el principal obstáculo está en el costo del capital, que define la viabilidad de cualquier proyecto: “Las economías en vías de desarrollo tienen, en promedio, el doble de costo de capital para proyectos eólicos y solares que los países desarrollados”.

Ese diferencial implica que las energías renovables, aunque sean baratas a nivel tecnológico, no necesariamente lo son desde la perspectiva financiera. El riesgo percibido eleva tasas, encarece seguros, reduce plazos de repago y, en consecuencia, vuelve inviables proyectos que en Europa o Estados Unidos serían competitivos.

A esta desigualdad estructural se le suma un contexto internacional en el que conviven señales contradictorias. Los países anuncian metas ambiciosas de reducción de emisiones pero, al mismo tiempo, invierten en infraestructura fósil. Además, los mercados apoyan tecnologías limpias pero también responden a shocks geopolíticos con retornos al carbón o al gas: “Estamos en un interregno energético, con fricciones, retrocesos y señales contradictorias. No estamos ni en un mundo, ni en el otro”, señala Anaise.

Este escenario impactó también en el desempeño de los bonos verdes, que entre 2020 y 2021 parecían convertirse en una herramienta estable. Sin embargo, con la suba de tasas globales, el mercado perdió dinamismo y mostró comportamientos similares a los bonos tradicionales.

Otros instrumentos, como las participaciones público-privadas (PPP), tampoco ofrecieron la solución esperada. En varios países africanos, los compromisos asumidos por los gobiernos para garantizar retornos privados terminaron generando pasivos contingentes que luego se materializaron y presionaron las cuentas fiscales: “Las PPP garantizan riesgo al privado y generan pasivos contingentes enormes para el Estado. En África esos pasivos se materializaron y terminaron siendo una carga enorme para los estados”, explicó Bortz.

Las provincias frente a una transición desigual

Mientras el sistema financiero internacional mantiene barreras de acceso elevadas y exige proyectos técnicamente robustos, Argentina atraviesa la transición climática sin una estrategia nacional consolidada. La no publicación de las contribuciones nacionales en mitigación y reducción de emisiones (NDC, por las siglas en inglés) actualizada y la ausencia de metas renovables claras debilitan la capacidad del país para coordinar inversiones, comunicar prioridades y reducir el riesgo percibido por financiadores externos. En este contexto, la incertidumbre doméstica desalienta la inversión y limita la capacidad de demanda efectiva.

Esta falta de dirección nacional tiene consecuencias directas sobre la escala territorial. Las provincias, que concentran los impactos más concretos del cambio climático y son responsables de la infraestructura crítica, enfrentan una doble dificultad. Por un lado, deben responder a fenómenos climáticos cada vez más intensos: sequías prolongadas, incendios, tormentas severas, estrés hídrico y degradación de zonas productivas. Por el otro, deben hacerlo en un marco institucional donde la planificación nacional no brinda señales consistentes ni un horizonte estable.

A pesar de esta situación, los gobiernos provinciales avanzaron en una posible planificación. En los últimos años, varias provincias desarrollaron Planes de Respuesta al Cambio Climático, instrumentos que ordenan prioridades, identificaron sectores vulnerables y establecieron medidas de adaptación y mitigación. Tres provincias ya cuentan con planes validados por el Estado nacional y otras doce tienen procesos avanzados o documentos publicados de manera autónoma.

Por primera vez en la historia reciente del país, la mitad del territorio nacional tiene planificación climática propia, articulada con marcos federales y con instrumentos internacionales como la NDC o el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación. Este avance es la base que permite definir metas, estimar impactos, establecer líneas de base y proyectar beneficios.

Sin embargo, según María Laura Mitchell, jefa del Área de Gestión Ambiental y Acción Climática del Consejo Federal de Inversiones (CFI), “tener un plan es un punto de partida indispensable, pero sin financiamiento adecuado y sin acompañamiento nacional, este plan corre el riesgo de quedarse en un documento técnico sin capacidad de implementación real”.

Pero, aún contando con planificación, las provincias no son consideradas sujetos directos de financiamiento internacional. Mitchell señala un limbo institucional que afecta a todas las federaciones y las provincias no tienen la escala de un país para negociar con organismos multilaterales, pero tampoco encajan en los mecanismos pensados para ciudades: “En las COP y en las instituciones financieras globales, el foco suele estar puesto en países y ciudades, dejando a las provincias en un espacio intermedio poco reconocido”.

La dificultad no es solo administrativa; también es normativa. Para endeudarse, las provincias deben pasar por procesos legislativos internos que pueden ser prolongados o políticamente sensibles. Además, requieren capacidades técnicas específicas para estructurar proyectos, preparar metodologías de medición de impacto y cumplir requisitos de transparencia y reporte que exigen inversores internacionales.

A pesar de estas limitaciones estructurales, varias provincias comenzaron a explorar innovaciones institucionales y financieras que buscan aumentar su autonomía frente a los desafíos climáticos. Por ejemplo, Chaco implementó la creación de un fondo provincial específico para fortalecer su infraestructura eléctrica, financiado a través de un pequeño cargo en la factura de energía: “Aunque es una medida políticamente sensible, asegura una fuente estable de financiamiento para un sector crítico cuya modernización es indispensable para reducir pérdidas”, señala Mitchell.

Además, en diversas provincias se discute la posibilidad de utilizar parte de las regalías hidrocarburíferas y mineras para financiar proyectos de transición energética. La idea es pragmática: si la actividad extractiva va a desarrollarse de todas formas, es posible canalizar una parte de sus retornos hacia inversiones de largo plazo que mejoren la sostenibilidad económica y ambiental del territorio. Mitchell agrega al respecto: “La transición no puede depender solo de fuentes externas; las provincias necesitan construir mecanismos propios que generen previsibilidad y autonomía”.

En el plano internacional, las provincias también comenzaron a fortalecer su presencia. En la COP30, nueve provincias argentinas participaron activamente en paneles, reuniones y espacios de articulación. Más allá de la visibilidad, este movimiento permitió establecer vínculos con consorcios de estados brasileños que llevan más de una década construyendo relaciones de confianza con financiadores europeos, particularmente a través del Fondo Amazonía.

Tensiones estructurales del sistema

En paralelo, las taxonomías verdes, diseñadas para establecer criterios comunes sobre qué actividades son sostenibles, también generan tensiones. Aunque aportan claridad en mercados desarrollados, suelen ser difíciles de aplicar en países con metas de desarrollo distintas.

Cuando un país quiere ajustar sus criterios a la taxonomía europea, se encuentra con que esos criterios no coinciden con su estructura productiva. Esta distancia normativa puede dejar fuera proyectos relevantes para los países emergentes simplemente porque no encajan en los parámetros definidos en economías que tienen otras necesidades y otros niveles de desarrollo.

Esto implica que, aun cuando existen fuentes de financiamiento, no pueden aprovecharse plenamente por falta de capacidades técnicas, marcos normativos claros o mecanismos de coordinación entre niveles de gobierno. Anaise lo expone de forma contundente: “Las finanzas verdes no operan en el vacío y difícilmente un instrumento financiero pueda dar respuesta a algo que la política pública no ha direccionando previamente”.

Argentina enfrenta este escenario desde una posición débil porque la falta de metas claras en energías renovables y la ausencia de definiciones estratégicas sobre sectores críticos dejan al país en una situación delicada: “Este momento de incertidumbre nos agarra sin una hoja de ruta”, se lamenta Anaise.