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Agencia TSS – El 5 de febrero de este año, sin información pública, consulta ni participación social, se firmó el Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI) entre la Argentina y Estados Unidos, cuyo texto público solo fue difundido en inglés. ¿Qué implica este acuerdo y qué impactos puede tener en la población argentina? Esta fue una de las preguntas centrales del taller de formación “Agroecología versus libre comercio”, en el que organizaciones sociales, agroecológicas y académicas analizaron cómo los acuerdos de libre comercio pueden afectar la producción de alimentos, el acceso a la salud y la capacidad estatal para regular.

“Este acuerdo representa una injerencia directa de Estados Unidos sobre las obras de infraestructura proyectadas en la Argentina: es lo que podríamos denominar como el corolario de Trump de la doctrina Monroe en materia de infraestructura”, dijo el investigador Álvaro Álvarez, de Argentina mejor sin TLC y del Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales del CONICET. Álvarez propuso analizar este acuerdo en el marco de la disputa geopolítica global actual por el control de recursos estratégicos, en la que Estados Unidos intenta desplazar la creciente influencia de China en América Latina.

Durante el encuentro, que se desarrolló el 17 de julio en el Museo del Hambre, en la ciudad de Buenos Aires, especialistas y activistas coincidieron en que el ARTI representa una amenaza a la soberanía nacional y profundiza un modelo extractivista, diseñado para beneficiar a las corporaciones norteamericanas en su disputa geopolítica contra China. Analizaron cómo la desregulación de marcos legales facilita la apropiación de recursos estratégicos, el control de la infraestructura y el debilitamiento de los controles sanitarios, y advirtieron sobre el impacto negativo que este acuerdo puede tener sobre la alimentación y la salud pública, ya que busca modificar el sistema de patentes actual, que concierne a todo tipo de innovaciones ciencíficas y tecnológicas.

“Este acuerdo es una hoja de ruta dictaminada por Estados Unidos, que exige a la Argentina que subordine las políticas de salud colectiva a las reglas comerciales del mercado, eliminando las herramientas con las que protegemos el derecho al acceso a los medicamentos”, sostuvo Lorena Di Giano, directora Ejecutiva de la Fundación GEP, y explicó que este acuerdo está enfocado en modificar los estándares de propiedad intelectual en beneficio de las corporaciones transnacionales.

Por ejemplo, detalló que impulsa la adhesión al Tratado de Cooperación de Patentes (PCT), lo que facilitaría el ingreso masivo de patentes extranjeras sin un examen local riguroso, y que exige la eliminación de las Guías de Patentabilidad argentinas, recientemente derogadas mediante una resolución administrativa, que desde el año 2012 funcionaban como una barrera técnica contra el evergreening, la estrategia que utilizan las farmacéuticas transnacionales para extender la duración de sus patentes para bloquear la competencia de versiones genéricas y elevar los precios de los medicamentos que comercializan.

Otro aspecto del acuerdo vinculado a los derecho de propiedad intelectual es el que le exige a la Argentina que ratifique el convenio UPOV 91 y el Tratado de Budapest, que habilitarían el patentamiento de semillas y microorganismos, algo que está prohibido en la legislación actual y que podría afectar la producción y el acceso a los alimentos. Al respecto, se refirió Carla Poth, investigadora y activista especializada en semillas y agronegocios. Además, Poth advirtió que el texto del acuerdo dice que, a partir de su firma, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) se compromete a reconocer en los organismos de alimentación de Estados Unidos las directrices y normativas. “Es decir, que la autoridad en este tema van a ser los organismos norteamericanos. Sutilmente, le está diciendo al SENASA que a partir de la firma del acuerdo no va a tener función, al menos con respecto a estos temas”, cuestiona la especialista.

María Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE Nacional) y trabajadora del SENASA desde hace más de dos décadas, denunció el debilitamiento crítico de esa institución, que ha perdido más de mil trabajadores en los últimos dos años, y destacó que el acuerdo exige que los productos estadounidenses ingresen al país con controles automatizados y flexibilizados, eliminando el criterio crítico de los inspectores locales. Eso pondría en riesgo la soberanía sanitaria y la trazabilidad de los alimentos, ya que la población podría quedar expuesta a enfermedades, además de afectar al consumo interno y a los mercados de exportación.

“Lo único que puede automatizar la Argentina hoy es la posibilidad de que los privados se controlen solos para consumo interno en la Argentina, que circulen sin ningún tipo de control del organismo y que no se lleve a cabo la trazabilidad de los alimentos, que es lo que garantiza, por ejemplo, poder saber de dónde salió un alimento en mal estado que llegó a la mesa de alguna persona”, advierte Cabezas, y agrega que no se puede pensar en tratados de libre comercio sin tener en cuenta los niveles de desigualdad al interior de cada país y entre naciones.

Para que el ARTI entre en vigor, debe ser aprobado por el Congreso sin ningún tipo de modificación, ya que se trata de un tratado ya cerrado. Por eso, durante la jornada se destacó la necesidad de difundir los riesgos que presenta antes de que sea tratado por el cuerpo legislativo. “Es un acuerdo en el que la Argentina se compromete a darle vía libre a las empresas estadounidenses en una gran cantidad de sectores de la vida: medicamentos, infraestructura, el sector agrícola, semillas y, obviamente, la afectación al SENASA”, sintetizó la investigadora y activista Luciana Ghiotto, de ATTAC Argentina y el Transnational Institute (TNI).

“Estos acuerdos se ponen por encima de las leyes nacionales, lo que cierra la posibilidad de modificar y debatir políticas públicas. Cada vez que se quiera discutir inversión para qué, para quién, en qué sectores, quiénes se benefician o quiénes se van a perjudicar, ahí va a estar este acuerdo”, concluyó Ghiotto.